La denuncia apunta a la utilización de la sede del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos, actualmente intervenido, para realizar un acto partidario de La Libertad Avanza. En el encuentro participaron funcionarios nacionales y dirigentes libertarios. El desplazado secretario general del gremio prepara una presentación ante la Justicia laboral y analiza llevar el caso ante la OIT.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó involucrada en una nueva controversia a partir de una denuncia vinculada con la intervención del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes. Según una investigación de La Política Online, la sede del gremio en Concordia habría sido utilizada para realizar un acto partidario de La Libertad Avanza, pese a que se trata de una organización sindical intervenida. El episodio es cuestionado por el desplazado secretario general del sindicato, Alcides Camejo, quien sostiene que la utilización política del edificio podría demostrar que detrás de la intervención existieron intereses partidarios.
El conflicto sindical comenzó el 28 de diciembre, cuando un grupo encabezado por Iván Amaro tomó por la fuerza la sede del sindicato de la Fruta en Concordia. De acuerdo con la información publicada, el ingreso incluyó el cambio de cerraduras y el desplazamiento de Camejo, quien hasta ese momento ocupaba la conducción del gremio de trabajadores de la fruta de Entre Ríos y Corrientes. La intervención fue presentada como parte de un proceso destinado a avanzar en la normalización de la organización sindical, aunque la conducción desplazada cuestiona desde el inicio la legitimidad y los motivos de esa decisión.
Uno de los puntos que ahora adquiere mayor relevancia es la participación de funcionarios vinculados con la Secretaría de Trabajo en el proceso de intervención. Según La Política Online, Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo, habría actuado como intermediario institucional para darle respaldo al proceso. El organismo depende de Julio Cordero y se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello. La aparición de Vidoni en un acto partidario realizado posteriormente en la misma sede es utilizada por los representantes de Camejo como argumento para cuestionar la supuesta neutralidad del procedimiento administrativo.
El acto que encendió la polémica contó además con una marcada presencia de dirigentes de La Libertad Avanza. En las imágenes difundidas aparecen Vidoni, Amaro y Roque Fleitas, dirigente que encabeza el partido libertario en Entre Ríos. Fleitas llegó al lugar acompañado por banderas de La Libertad Avanza, dejando explícitamente identificada la actividad con el espacio político que gobierna el país. También participaron el diputado nacional Pablo Ansaloni, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio.
Para los abogados de Camejo, la utilización de la sede sindical para una actividad partidaria puede constituir una evidencia de que la intervención no tuvo exclusivamente una finalidad administrativa o de normalización. La defensa sostiene que la participación de funcionarios públicos junto con dirigentes de La Libertad Avanza demostraría la existencia de un interés político detrás de la decisión de desplazar a la conducción anterior. Por ese motivo, los representantes legales del sindicalista analizan solicitar la nulidad absoluta de todo el proceso de intervención y sostienen que los informes, actas e inspecciones utilizados para justificar la medida podrían encontrarse afectados por una presunta falta de imparcialidad.
El planteo judicial se apoya, según la información publicada, en la posibilidad de cuestionar un acto administrativo cuando existe un denominado “vicio de finalidad”. Los abogados de Camejo consideran que, si lograran demostrar que la intervención fue utilizada con un objetivo político-partidario en lugar de avanzar exclusivamente hacia la normalización institucional del sindicato, podría quedar comprometida la validez de las actuaciones realizadas por las autoridades. El objetivo de la presentación sería retrotraer el proceso y recuperar la conducción que encabezaba Camejo antes de la intervención.
La controversia también podría trasladarse al ámbito internacional. El sindicalista desplazado prepara una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde buscaría denunciar lo que considera una vulneración de la autonomía y la libertad sindical. El caso adquiere relevancia porque la legislación argentina establece garantías específicas para el funcionamiento de las asociaciones sindicales y exige determinadas condiciones de actuación por parte de las autoridades estatales. La utilización de una sede sindical intervenida para un acto de una fuerza política oficialista abre así un debate sobre los límites que deben existir entre la administración del Estado, las organizaciones gremiales y las estructuras partidarias.
El episodio también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo durante la gestión de Capital Humano. La intervención de organizaciones sindicales constituye una herramienta que puede utilizarse en determinadas circunstancias previstas por la legislación, pero cualquier actuación estatal debe ajustarse a los procedimientos correspondientes y preservar la autonomía de las entidades gremiales. En este caso, el principal argumento de quienes cuestionan la medida es que la posterior utilización partidaria de la sede podría comprometer la apariencia de neutralidad que debería caracterizar al proceso. La participación de funcionarios nacionales en el acto es, precisamente, uno de los elementos que los denunciantes consideran más relevantes.
La denuncia contra Pettovello se suma de esta manera a una serie de controversias que rodean al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Trabajo. En este caso, la discusión no se centra únicamente en la legalidad de una intervención sindical, sino también en el supuesto uso político de una institución gremial que se encuentra bajo control de un interventor. Mientras Camejo busca que la Justicia laboral revise todo el proceso y prepara una presentación ante la OIT, el oficialismo deberá afrontar el cuestionamiento sobre la participación de funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza en una actividad partidaria desarrollada dentro de la sede intervenida. El desenlace judicial determinará si esos hechos alcanzan para poner en duda la validez de la intervención y sus fundamentos.
Fuente: La Política Online. Nota original de La Política Online
