David Salto, titular de ATE Río Tercero, cuestionó el pliego internacional impulsado para avanzar sobre Fabricaciones Militares y aseguró que forma parte de una estrategia de privatización y extranjerización de la empresa estatal. Durante una asamblea realizada en el portón de la fábrica, los trabajadores resolvieron mantenerse en estado de alerta y movilización y anticiparon acciones gremiales y judiciales.
Trabajadores de Fabricaciones Militares realizaron este martes una asamblea en el ingreso de la Fábrica Militar de Río Tercero para rechazar el proyecto mediante el cual, según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Gobierno nacional busca avanzar con la privatización de las plantas que integran la empresa estatal. La actividad contó con la participación de trabajadores del establecimiento y representantes de distintos sindicatos de la región, que expresaron su rechazo al proceso y plantearon la necesidad de profundizar las medidas para impedir el avance de la iniciativa.
David Salto, titular de ATE Río Tercero, explicó que uno de los principales motivos de la asamblea fue el pliego internacional elaborado para avanzar sobre Fabricaciones Militares. Según señaló durante la entrevista realizada por Diario Sindical, el documento habría sido impulsado en el marco de las políticas del Gobierno nacional y vinculado a las figuras de Federico Sturzenegger y Luis Caputo, además de contar con el aval del funcionario mencionado por los trabajadores como “Prestigh”. Desde el gremio sostienen que el objetivo central del proceso es encontrar un encuadre legal que permita avanzar con la privatización de la empresa estatal.
Para Salto, el contenido del pliego representa una amenaza para el carácter nacional de Fabricaciones Militares. El dirigente sostuvo que el esquema propuesto permitiría una participación mayoritaria de capitales extranjeros y limitaría la presencia de capitales nacionales en la estructura de propiedad. Según su interpretación del documento, los inversores deberían adquirir como mínimo el 51% de las acciones, una condición que, de concretarse, implicaría perder la denominada acción de oro y con ella la posibilidad del Estado de conservar una mayoría en el directorio de la compañía.
El dirigente sindical planteó que la pérdida de esa potestad podría tener consecuencias directas sobre las distintas unidades productivas de Fabricaciones Militares. Salto advirtió que, si el Estado deja de contar con capacidad de decisión mayoritaria, los nuevos propietarios podrían avanzar sobre la continuidad de determinadas plantas o unidades de producción. Desde la mirada de ATE, esto representa un riesgo para los puestos de trabajo y para la continuidad de establecimientos que forman parte de la estructura productiva vinculada históricamente con la empresa estatal.
Otro de los cuestionamientos formulados durante la asamblea estuvo relacionado con el interés que, según Salto, podrían tener los eventuales compradores sobre las marcas, licencias y permisos de Fabricaciones Militares. El dirigente sostuvo que el proceso no estaría centrado necesariamente en mantener la producción en las plantas existentes, sino en adquirir los derechos vinculados con la empresa. En ese sentido, explicó que las licencias y el sello de Fabricaciones Militares podrían permitir fabricar productos en otros lugares del mundo utilizando la identificación de la empresa argentina.
La posibilidad de cierre de unidades productivas es uno de los principales motivos de preocupación entre los trabajadores. Salto señaló que la eventual reducción de la estructura productiva podría derivar en despidos y afectar directamente a los trabajadores y trabajadoras de las distintas fábricas. A esta situación sumó su preocupación por el contexto de modificación de las normas laborales y sostuvo que las indemnizaciones podrían verse reducidas. Para el dirigente, la combinación entre privatización, cierre de unidades y cambios en la legislación laboral genera un escenario de particular vulnerabilidad para los trabajadores.
La asamblea también sirvió para definir los próximos pasos del conflicto. Desde ATE anunciaron que los trabajadores permanecerán en estado de asamblea permanente, alerta y movilización, mientras preparan distintas acciones destinadas a frenar el avance del proyecto. Entre las medidas mencionadas aparecen presentaciones y amparos judiciales para intentar declarar la nulidad del pliego por considerar que presenta elementos de inconstitucionalidad. Al mismo tiempo, el sindicato adelantó que buscará recorrer el Congreso para conseguir respaldo político y generar consensos entre legisladores y distintos sectores.
La protesta contó además con el acompañamiento de organizaciones sindicales de diferentes actividades. Entre los gremios que participaron se encontraban la Unión Obrera Gráfica de Córdoba (UOGC), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), Luz y Fuerza y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP), entre otros. La presencia de estas organizaciones buscó mostrar que el rechazo a la iniciativa trasciende a los trabajadores de Fabricaciones Militares y se vincula con una discusión más amplia sobre el futuro de las empresas estatales y del aparato productivo nacional.
Desde la perspectiva expresada por Salto, la disputa no se limita exclusivamente a la situación laboral de los trabajadores de Río Tercero. El dirigente ubicó el proceso dentro de una discusión más amplia sobre el modelo económico y productivo que impulsa el Gobierno nacional y denunció lo que definió como una estrategia de “privatización” y “extranjerización” de activos estatales. Frente a ese escenario, sostuvo que la principal herramienta de los trabajadores será la organización gremial y la capacidad de movilización para intentar detener la iniciativa.
Fabricaciones Militares vuelve así a quedar en el centro de una disputa que combina cuestiones laborales, productivas y políticas. Mientras los trabajadores y los sindicatos que acompañaron la asamblea buscan frenar el proceso mediante acciones gremiales, judiciales y políticas, el Gobierno nacional impulsa una reorganización de distintas estructuras estatales. En Río Tercero, ATE decidió mantener el estado de alerta y movilización y preparar nuevas medidas para defender la continuidad de las unidades productivas y los puestos de trabajo. La discusión sobre el futuro de Fabricaciones Militares queda, de esta manera, instalada como uno de los nuevos focos de conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales.
Fuente: Diario Sindical
