El Gobierno nacional autorizó la venta del inmueble donde funciona el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), destinado a la formación y capacitación de trabajadores estatales. La medida fue formalizada mediante el Decreto 764/2026 y generó un fuerte rechazo de ATE Capital, que denunció que el Ejecutivo busca desprenderse de espacios vinculados con las capacidades del Estado.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la venta del edificio donde funciona el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), organismo destinado a la formación y capacitación permanente de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 764/2026, publicado en el Boletín Oficial, que habilitó la enajenación del inmueble ubicado en la avenida Belgrano 637, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida forma parte de una política más amplia de disposición de bienes estatales impulsada por la actual administración y abrió una nueva disputa con las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos.
El INAP tiene entre sus funciones centrales la capacitación, actualización y profesionalización de los trabajadores que integran la administración pública. Por eso, la decisión de desprenderse del edificio generó una reacción inmediata de ATE Capital, que cuestionó tanto el destino del inmueble como el criterio político utilizado por el Gobierno para justificar la venta. Desde la organización sindical denunciaron que se trata de “negocios inmobiliarios a costa de la formación de los trabajadores y trabajadoras del Estado” y sostuvieron que los espacios destinados a la capacitación forman parte de las capacidades que necesita cualquier administración pública para desarrollar sus funciones.
El inmueble de avenida Belgrano 637, además, adquirió notoriedad durante la gestión libertaria por haber sido utilizado para los exámenes de idoneidad impulsados por el Gobierno nacional. Esas evaluaciones formaron parte del proceso de reorganización de la administración pública promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fueron cuestionadas por los sindicatos. Ahora, el mismo edificio quedó incluido entre los inmuebles que el Ejecutivo decidió poner a disposición para su venta, agregando un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores estatales.
Desde ATE Capital sostuvieron que la venta no puede analizarse únicamente como una operación inmobiliaria. Para el gremio, desprenderse de un inmueble utilizado para la capacitación de trabajadores supone también debilitar la infraestructura destinada a desarrollar conocimientos y capacidades dentro del Estado. “Los espacios de formación y el patrimonio del Estado no pueden ser enajenados para negociados inmobiliarios”, plantearon desde la seccional porteña, al tiempo que reivindicaron la necesidad de mantener políticas de capacitación permanente para quienes desempeñan funciones públicas.
La controversia se inscribe en una política más amplia de venta y subasta de propiedades estatales. Según la información difundida sobre el Decreto 764/2026, además del edificio del INAP fueron autorizadas operaciones sobre otros inmuebles ubicados en Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego. El Gobierno sostiene que la disposición de determinados bienes puede permitir reducir gastos de mantenimiento y desprenderse de propiedades que considera innecesarias, subutilizadas o sin una afectación específica. La oposición sindical, en cambio, advierte que detrás de estas operaciones existe una reducción deliberada del patrimonio público.
La medida también vuelve a colocar en el centro del debate el modelo de Estado que impulsa la administración de Milei. Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno planteó una reducción del tamaño de la estructura estatal, acompañada por despidos, reorganización de organismos y revisión de las funciones de distintas dependencias. En ese marco, la venta de inmuebles aparece como otra herramienta para disminuir activos y gastos asociados al mantenimiento de propiedades públicas. Para los sindicatos, sin embargo, la reducción patrimonial puede terminar afectando recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de organismos que todavía cumplen funciones específicas.
El decreto alcanza a cuatro inmuebles del Estado nacional, entre ellos un predio de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego, además de terrenos ubicados en Córdoba capital y San Rafael, Mendoza. La diversidad y superficie de algunos de esos terrenos muestran que la política de disposición de bienes estatales no se limita a pequeños inmuebles administrativos, sino que incluye propiedades de dimensiones considerables. En el caso del INAP, la discusión adquiere una particularidad adicional porque se trata de un edificio que tiene una función directamente vinculada con la capacitación de los empleados públicos.
La venta del edificio del INAP abre así una nueva disputa entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales, pero también plantea una discusión más profunda sobre qué bienes debe conservar el Estado y cuáles pueden ser considerados prescindibles. Mientras el Ejecutivo avanza con su política de reducción y disposición de activos públicos, ATE sostiene que los espacios de capacitación, la infraestructura y el patrimonio estatal constituyen herramientas necesarias para garantizar un servicio público profesional y eficiente. La decisión sobre el inmueble de avenida Belgrano 637 será, en ese sentido, mucho más que una operación inmobiliaria: para el Gobierno forma parte de su programa de reorganización estatal; para los trabajadores, representa otro paso en el proceso de reducción de las capacidades del Estado.
Fuente: InfoGremiales
