El Gobierno nacional apura las negociaciones en Diputados para conseguir dictamen esta semana y tratar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA el 19 de agosto. La iniciativa busca restringir fuertemente la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro, a las provincias y a los municipios.
El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar en el Congreso uno de los proyectos centrales de su programa económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo busca conseguir dictamen este miércoles 12 de agosto y, si logra reunir los respaldos necesarios, llevar la iniciativa al recinto la semana próxima. La fecha que aparece en el horizonte es el 19 de agosto, aunque todavía depende de las negociaciones parlamentarias.
La propuesta apunta a modificar de manera profunda el rol que actualmente tiene la autoridad monetaria. Según el proyecto, la misión central del Banco Central será preservar el valor de la moneda, mientras que se establecen nuevas restricciones sobre las herramientas que puede utilizar para asistir financieramente al Estado. El objetivo declarado por el oficialismo es cerrar el camino a mecanismos de financiamiento que impliquen emisión monetaria para cubrir las necesidades fiscales.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la intención de impedir que el Banco Central financie al Tesoro nacional, pero la restricción iría todavía más allá: también alcanzaría al financiamiento de provincias y municipios. La iniciativa contempla además limitar la adquisición de títulos públicos nacionales directamente en el mercado primario. De avanzar, se trataría de un cambio significativo en la relación entre la autoridad monetaria y el sector público.
La apuesta del Gobierno se vincula directamente con uno de los pilares de la política económica de Milei: terminar con la emisión de dinero como herramienta para financiar el déficit. Desde la perspectiva oficial, limitar legalmente esas operaciones permitiría reforzar la disciplina fiscal y evitar que futuros gobiernos recurran al Banco Central para cubrir desequilibrios de las cuentas públicas. El proyecto busca transformar esa concepción económica en una regla establecida dentro de la propia Carta Orgánica.
Pero la discusión no será sencilla. La Libertad Avanza necesita construir una mayoría parlamentaria que le permita aprobar la reforma y, antes de eso, conseguir el dictamen correspondiente en las comisiones. El oficialismo mantiene conversaciones con bloques considerados dialoguistas y otros sectores que podrían acompañar la iniciativa, aunque todavía debe garantizar tanto el quórum como los votos necesarios para atravesar la instancia decisiva.
El proyecto forma parte de una ofensiva legislativa más amplia que el Gobierno pretende desarrollar durante agosto. La administración Milei busca aprovechar la actual composición del Congreso para avanzar con diferentes reformas económicas antes de que el calendario político vuelva a modificar el escenario parlamentario. En ese paquete también aparece la denominada Ley de Inocencia Fiscal, aunque esa iniciativa enfrenta mayores resistencias entre algunos bloques opositores y dialoguistas.
En ese contexto, la reforma del Banco Central aparece para el oficialismo como una de las iniciativas con mejores posibilidades de avanzar en el corto plazo. El Gobierno intenta convertir en norma una de las principales premisas de su programa: que el equilibrio fiscal sea acompañado por una fuerte limitación de las herramientas de financiamiento monetario del Estado.
Sin embargo, detrás de la discusión técnica aparece un debate político de fondo: ¿qué margen tendrá el Estado para responder ante una emergencia económica si el Banco Central queda prácticamente impedido de financiarlo? Para el Gobierno, la respuesta pasa por evitar que esas situaciones vuelvan a resolverse mediante emisión. Para sus críticos, en cambio, una restricción demasiado rígida podría quitarle herramientas al Estado frente a determinadas crisis o necesidades extraordinarias.
La discusión también involucra directamente a las provincias y los municipios. Si la reforma establece límites efectivos al financiamiento del Banco Central hacia esos niveles de gobierno, las administraciones subnacionales deberán contar con otras fuentes de recursos y financiamiento para afrontar sus obligaciones. El cambio, por lo tanto, no quedaría encerrado en las oficinas del BCRA: podría tener consecuencias sobre la forma en que Nación, provincias y municipios administran sus cuentas.
El oficialismo ya puso en marcha la cuenta regresiva. Dictamen esta semana, posible sesión el 19 de agosto y una reforma que busca modificar las reglas de funcionamiento del Banco Central. Si consigue los votos, Milei avanzará sobre una de las instituciones centrales de la política económica argentina y buscará convertir en ley una premisa que atraviesa todo su programa: que el Estado no pueda recurrir libremente a la emisión para financiar sus desequilibrios.
Con ayuda de La Nueva Mañana
