El juez del Tribunal Oral Federal N°2 defendió la sentencia de la causa Vialidad, rechazó que exista una proscripción contra la expresidenta y cuestionó el planteo llevado ante la ONU.
La disputa alrededor de la condena de Cristina Fernández de Kirchner sumó este lunes un nuevo capítulo. El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 que intervino en la causa Vialidad, defendió el proceso judicial y rechazó de manera categórica la acusación de que la expresidenta se encuentre “proscripta”.
Gorini sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no constituye una proscripción política, sino una consecuencia prevista por el Código Penal argentino. Según explicó, esa sanción existe desde 1921 y forma parte de las penas contempladas por la legislación.
El magistrado también apuntó contra la estrategia internacional de la defensa de Cristina Kirchner, que llevó su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para Gorini, el planteo presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”, ya que cuestionamientos de carácter constitucional debieron ser formulados previamente ante la Justicia argentina.
En ese sentido, el juez afirmó que, según su interpretación, para modificar el régimen de inhabilitación sería necesario que el Congreso derogue previamente esa pena mediante una ley y que luego pueda plantearse una revisión judicial.
Gorini también defendió el desarrollo del juicio y aseguró que se respetaron todas las garantías constitucionales. Enumeró las diferentes etapas del proceso: acusación, producción de pruebas, defensa, sentencia y posteriores revisiones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema.
El magistrado rechazó además que la condena contra Cristina Kirchner haya estado vinculada con su condición de mujer o con un supuesto “machismo estructural” dentro de la Justicia. Como argumento, destacó que durante el proceso hubo dos abogadas designadas por el Colegio Público de la Abogacía para supervisar el debate y que no formularon objeciones sobre su desarrollo.
Pero Gorini fue todavía más lejos al evaluar la importancia de la causa. Consideró que Vialidad constituye un punto de inflexión para el Poder Judicial y la definió como uno de los hechos de corrupción más importantes registrados en la historia judicial argentina. También sostuvo que los seis años de prisión impuestos por administración fraudulenta incluso podrían parecer insuficientes frente a la magnitud que, según su valoración, tuvo la maniobra.
Al mismo tiempo, el juez mantuvo su postura de no considerar probado el delito de asociación ilícita, que había sido planteado durante el proceso. La condena quedó limitada al delito de administración fraudulenta, mientras que la asociación ilícita fue descartada también en instancias superiores.
El magistrado habló además de las consecuencias personales que tuvo el caso para quienes intervinieron en el proceso. Según relató, sufrió accesos ilegítimos a información biométrica, sustracción de declaraciones juradas, una amenaza de bomba en su domicilio y episodios de seguimiento a integrantes de su familia.
La entrevista vuelve a colocar a la causa Vialidad en el centro de la pelea política argentina. Mientras Cristina Kirchner sostiene que existe una proscripción y busca que organismos internacionales intervengan sobre su situación, uno de los jueces que participó del proceso sostiene exactamente lo contrario: que no existe una persecución política sino una condena judicial con consecuencias previstas por la ley.
El cruce abre, además, una discusión que excede a Cristina Kirchner: ¿la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debe considerarse una consecuencia penal o, cuando afecta a una dirigente política, puede transformarse de hecho en una proscripción? Esa es precisamente una de las disputas que ahora también llegó al ámbito internacional.
Con ayuda de Filo News
