Un informe privado basado en datos oficiales advierte sobre un fuerte deterioro del entramado industrial. En los primeros cuatro meses de 2026 ya dejaron de operar 1.070 empresas manufactureras.
La industria argentina atraviesa un escenario de fuerte tensión. Un estudio de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), proyecta que durante 2026 podrían cerrar más de 3.000 empresas industriales, con una pérdida estimada de 105.000 puestos de trabajo.
El dato más preocupante es que el proceso ya está en marcha. Según el informe, 1.070 empresas fabriles dejaron de operar solamente durante los primeros cuatro meses del año. Si la tendencia continúa, el número de cierres podría superar ampliamente el registrado hasta ahora.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, la cantidad de empresas manufactureras se redujo en 3.759 compañías, de acuerdo con los datos de la SRT procesados por I+D. El mismo relevamiento estima que ya se perdieron alrededor de 90.000 empleos directos y 60.000 indirectos.
El panorama productivo también queda expuesto por otro indicador: la capacidad ociosa industrial ronda el 40%. En otras palabras, una parte importante de las instalaciones fabriles permanece sin utilizar plenamente, mientras numerosas empresas producen apenas lo necesario para afrontar sus costos fijos.
El economista Diego Coatz, director de I+D y ex economista jefe de la Unión Industrial Argentina, describió la situación como un “efecto sándwich”. Por un lado, la caída de la demanda interna reduce las ventas; por el otro, los costos medidos en dólares y la competencia de productos importados presionan sobre los márgenes de las empresas.
A esa combinación se suma el incremento de los costos energéticos. Según el informe, para los grandes usuarios industriales el precio de la electricidad aumentó 79%, mientras que el gas registró incrementos de entre 30% y 50%.
El resultado es una industria que enfrenta simultáneamente menos ventas, mayores costos y una competencia externa más fuerte. Para muchas empresas, esa combinación puede convertir la producción en una actividad cada vez menos rentable.
El escenario además profundiza una discusión política y económica que atraviesa al Gobierno de Javier Milei: apertura comercial versus protección de la producción nacional. Mientras el Ejecutivo sostiene que la competencia y la apertura son necesarias para mejorar la productividad y reducir costos, sectores industriales advierten que determinadas empresas argentinas no están en condiciones de competir en igualdad de condiciones.
El problema no se limita a las fábricas que eventualmente cierren. Cada establecimiento industrial que deja de producir también impacta sobre proveedores, transportistas, comercios y trabajadores vinculados directa o indirectamente a esa actividad.
Por eso, si la proyección de 105.000 puestos de trabajo destruidos durante 2026 se confirma, el impacto excedería ampliamente las puertas de las fábricas y podría profundizar el deterioro del mercado laboral.
Con ayuda de Motor Económico
