El Gobierno de la provincia de Buenos Aires manifestó un rechazo formal a la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei durante una reunión del Consejo Federal del Trabajo (CFT). Además de cuestionar las modificaciones al régimen laboral, la delegación bonaerense reclamó que el organismo vuelva a sesionar de manera presencial y con la periodicidad establecida por la ley, al considerar que el diálogo institucional entre Nación y provincias es fundamental para abordar la situación del empleo.
La postura fue expresada durante la 127ª reunión de las Comisiones Técnicas del Consejo Federal del Trabajo, desarrollada en modalidad virtual. Los representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense sostuvieron que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional a través del DNU 70, la Ley Bases y la denominada Ley de Modernización Laboral fueron implementadas sin el debido consenso con las provincias y los actores del mundo del trabajo.
Durante el encuentro, la delegación provincial también advirtió sobre el impacto que, según su evaluación, las políticas de ajuste y desregulación están teniendo sobre el empleo y la actividad productiva. Entre los argumentos presentados señalaron la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de industrias y el deterioro de distintos sectores económicos, panorama que atribuyen a la actual política económica nacional.
Otro de los ejes del planteo fue el funcionamiento del propio Consejo Federal del Trabajo. La Provincia reclamó el retorno de las reuniones presenciales y periódicas, tal como establece la Ley Nº 25.212, al considerar que el organismo constituye un espacio clave para coordinar políticas laborales entre la Nación y las jurisdicciones provinciales. También pidió fortalecer el intercambio técnico y la articulación institucional para enfrentar los desafíos del mercado laboral.
En su exposición, los funcionarios bonaerenses hicieron referencia a recientes observaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instó al Estado argentino a fortalecer el diálogo social tripartito y a promover instancias de consulta entre gobiernos, trabajadores y empleadores en el diseño de las políticas laborales. La Provincia sostuvo que esas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta en cualquier proceso de reforma.
Asimismo, la representación bonaerense expresó su rechazo a cualquier medida que, según su interpretación, implique intervenciones federales sin sustento normativo sobre competencias provinciales en materia laboral. En ese marco, reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la protección del empleo, la producción y el respeto por los derechos de los trabajadores.
El debate sobre la reforma laboral continúa generando posiciones contrapuestas. Mientras el Gobierno nacional sostiene que las modificaciones buscan modernizar el mercado de trabajo, incentivar la contratación y reducir costos laborales, distintos gobiernos provinciales, organizaciones sindicales y sectores de la oposición cuestionan el alcance de los cambios y advierten sobre un posible retroceso en derechos laborales.
La intervención de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal del Trabajo profundiza ese debate y refleja las diferencias existentes entre la administración bonaerense y el Ejecutivo nacional respecto de las políticas laborales. En las próximas reuniones del organismo podrían retomarse las discusiones sobre los mecanismos de coordinación federal y el impacto de las reformas en el empleo, la producción y las relaciones laborales en todo el país.
Fuente: Motor Económico
