La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación formal contra el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, al considerar que existe un presunto conflicto de intereses que le impediría participar del tratamiento legislativo de la Ley de Tierras. La presentación fue realizada ante la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en medio de la fuerte tensión política que rodea el proyecto.
El planteo se conoció pocas horas después de que fracasara el tratamiento de la reforma vinculada a la Ley de Tierras. Según la oposición, Benegas Lynch mantiene vínculos con una empresa dedicada al asesoramiento para la compra y venta de campos por parte de inversores extranjeros, una actividad que, sostienen, podría verse alcanzada por las decisiones que adopte el Congreso sobre esa normativa.
En el escrito presentado ante la Presidencia del Senado, Di Tullio sostiene que el legislador estaría vinculado a Glocal Terra SRL, firma que ofrece servicios de asesoramiento comercial, legal y financiero para operaciones vinculadas con tierras rurales en distintos países de la región. De acuerdo con la denuncia, esa actividad configuraría una incompatibilidad entre el interés público que debe resguardar un senador y sus intereses económicos privados.
La legisladora argumentó que cualquier modificación o flexibilización de la legislación sobre tierras rurales podría impactar directamente en el negocio de la empresa, por lo que consideró que Benegas Lynch debería abstenerse de intervenir en el debate y en una eventual votación. Para respaldar su pedido invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
A través de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, Di Tullio calificó la situación como un caso de “juez y parte” y afirmó que un legislador no puede utilizar su banca para intervenir en asuntos que, según su interpretación, podrían beneficiar intereses particulares vinculados a su actividad privada. Estas expresiones forman parte de los fundamentos políticos de la impugnación presentada.
Hasta el momento, la impugnación constituye un planteo formulado por la oposición y deberá seguir el procedimiento correspondiente dentro del Senado. No implica por sí misma una resolución sobre la existencia de un conflicto de intereses ni una decisión respecto de la participación del senador en el tratamiento del proyecto. Cualquier determinación institucional dependerá de las autoridades y de los mecanismos previstos por la Cámara Alta.
La controversia se produce en un contexto de intenso debate político por la Ley de Tierras, una iniciativa que generó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición debido a sus posibles efectos sobre el régimen de propiedad rural y la participación de capitales extranjeros en el mercado inmobiliario agropecuario.
Mientras el Senado continúa analizando el proyecto, la presentación contra Benegas Lynch agrega un nuevo frente de discusión institucional. El tratamiento de la impugnación y la evolución del debate legislativo podrían influir en el desarrollo de una de las iniciativas más controvertidas del actual período parlamentario.
Fuente: Minuto Uno
