La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral. El fallo se suma a otros amparos impulsados por distintos sindicatos y profundiza la disputa judicial en torno a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.
La ofensiva judicial contra algunos puntos de la reforma laboral sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia Federal de San Martín resolviera suspender de manera provisoria la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral en el ámbito de los trabajadores mercantiles. La decisión fue celebrada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que había presentado un amparo cuestionando las modificaciones introducidas por la nueva normativa.
La medida cautelar ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las disposiciones impugnadas hasta que exista una resolución de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. En consecuencia, continúan vigentes las cláusulas normativas y obligacionales de los convenios colectivos alcanzados, entre ellos el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más importantes del país por la cantidad de trabajadores que abarca.
Los puntos suspendidos están vinculados a la denominada “ultraactividad” de los convenios colectivos y al aporte solidario que realizan los trabajadores al sindicato. Desde el gremio sostienen que las modificaciones introducidas por la ley afectan el financiamiento de prestaciones y beneficios destinados a los empleados, como programas de capacitación, cobertura de servicios sociales y ayudas extraordinarias.
La resolución judicial se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos a la reforma laboral. En los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones vinculadas al derecho del trabajo comenzaron a obtener decisiones favorables en tribunales de distintas jurisdicciones, frenando de manera parcial la aplicación de algunos artículos de la normativa.
Desde el movimiento sindical señalan que estas medidas representan pequeñas victorias judiciales luego de que cayera el amparo general que había suspendido inicialmente una gran cantidad de artículos de la reforma laboral. Ahora, la estrategia de los gremios apunta a disputar punto por punto aquellas disposiciones que consideran lesivas para los derechos colectivos de los trabajadores y para el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Especialistas en derecho laboral explican que la discusión no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también económicas y políticas. Los convenios colectivos y los aportes sindicales constituyen herramientas fundamentales del sistema de relaciones laborales argentino, reconocido constitucionalmente a través del artículo 14 bis, que garantiza la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el mercado de trabajo, simplificar regulaciones y promover nuevas formas de contratación. Sin embargo, sindicatos y abogados laboralistas advierten que algunos cambios podrían debilitar las estructuras de representación de los trabajadores y reducir mecanismos de protección construidos durante décadas.
Mientras la disputa continúa en los tribunales, el fallo favorable a Comercio abre la puerta a nuevos planteos judiciales y refuerza la estrategia de otros gremios que buscan impedir la aplicación de artículos específicos de la reforma laboral. El escenario anticipa una larga batalla judicial que podría terminar definiéndose en las instancias superiores de la Justicia y tener un impacto directo sobre el futuro de las relaciones laborales en la Argentina.
Fuente: InfoGremiales
