El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz ya supera el mes de duración y suma un nuevo capítulo con el respaldo de los familiares de los efectivos, quienes denunciaron que los salarios perdieron poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Reclaman una recomposición que permita cubrir las necesidades básicas y cuestionan la falta de respuestas del Gobierno provincial.
El conflicto salarial que mantiene en tensión a la provincia de Santa Cruz continúa escalando. Esta vez fueron los familiares de los policías autoconvocados quienes alzaron la voz para denunciar la situación económica que atraviesan los efectivos y sus hogares. En declaraciones radiales, aseguraron que los aumentos en alimentos, tarifas y servicios han dejado los salarios muy por detrás del costo de vida, generando un escenario cada vez más difícil para miles de familias santacruceñas.
Camila Cortez y Vanesa Aracena, hija y esposa del suboficial escribiente Víctor Cortez, uno de los referentes de los policías autoconvocados, expresaron su preocupación por la falta de avances en las negociaciones salariales y remarcaron que el conflicto no es reciente. Según señalaron, desde febrero vienen solicitando reuniones con las autoridades provinciales para encontrar una solución que evite la profundización de las medidas de fuerza.
“Los servicios, los alimentos, todo sube y el salario sigue estancado hace tiempo. Entonces es difícil mantener una familia”, expresó Vanesa Aracena al describir el impacto que la situación económica tiene en la vida cotidiana de los efectivos y sus seres queridos. Las familiares sostienen que el reclamo no persigue privilegios, sino la posibilidad de alcanzar un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de cualquier hogar.
El núcleo de la protesta gira en torno al salario de un agente recién ingresado a la fuerza, que actualmente ronda los 1,1 millones de pesos. Los autoconvocados reclaman que el sueldo básico alcance los 2,2 millones de pesos, al considerar que el monto actual resulta insuficiente frente al incremento del costo de vida y ubica a muchos efectivos cerca de la línea de pobreza.
Las medidas de fuerza se mantienen bajo la modalidad de “quite de colaboración”, con cobertura de guardias mínimas y atención de urgencias y emergencias para no afectar la seguridad de la población. Según los voceros del sector, el acatamiento al reclamo supera el 90 por ciento y se extiende a distintas localidades de la provincia.
Las familias de los policías también cuestionaron la actitud del Gobierno provincial durante las negociaciones paritarias. Sostienen que las ofertas presentadas hasta el momento repiten los mismos montos y no reflejan la realidad económica que atraviesan los trabajadores. Según denunciaron, ya fueron rechazadas once propuestas oficiales por considerarlas insuficientes para recomponer el salario de la fuerza.
En medio del conflicto, también surgieron polémicas por las manifestaciones realizadas frente a edificios públicos y dependencias policiales. Los familiares rechazaron las versiones que calificaron las protestas como violentas y aseguraron que todas las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con el único objetivo de visibilizar el reclamo y acompañar a los efectivos en su demanda salarial.
Mientras las negociaciones permanecen estancadas, las familias ratificaron que continuarán apoyando las medidas adoptadas por los policías autoconvocados. Advierten que el conflicto ya excede una discusión sectorial y se transformó en un reclamo por condiciones de vida dignas para cientos de trabajadores de la seguridad y sus familias, en una provincia donde la crisis económica y el aumento del costo de vida siguen marcando la agenda social.
Fuente: InfoGremiales
