La Fiscalía solicitó condenas de entre cuatro años y medio y cinco años de prisión para cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. Los alegatos se desarrollaron ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, donde el Ministerio Público sostuvo que los imputados permitieron que la nave zarpara pese a conocer las graves deficiencias técnicas que presentaba.
Durante su alegato, la Fiscalía pidió cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excapitán de navío Claudio Javier Villamide, mientras que solicitó cuatro años y seis meses para el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa. Además de las penas de prisión, requirió la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Los cuatro exoficiales enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas. La acusación sostiene que, en sus respectivos cargos dentro de la Armada, autorizaron que el submarino continuara operando pese a las fallas mecánicas, la falta de mantenimiento adecuado y diversas anomalías técnicas que habían sido detectadas antes de la última misión.
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, el ARA San Juan navegaba con importantes limitaciones operativas y había superado ampliamente los plazos previstos para tareas de mantenimiento en dique seco. Los fiscales sostuvieron que los acusados conocían esa situación y, aun así, dispusieron o permitieron que el submarino participara de la misión de vigilancia en el Atlántico Sur que culminó con la tragedia.
El juicio oral comenzó en marzo de este año en Río Gallegos y representa el primer proceso penal destinado a establecer responsabilidades por el hundimiento del submarino. A lo largo de las audiencias declararon numerosos testigos, especialistas y exintegrantes de la Armada, además de incorporarse informes técnicos y documentación sobre el estado de la nave antes de su última travesía.
La desaparición del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino perdió contacto mientras regresaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Un año después, sus restos fueron localizados a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La tragedia se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la Armada Argentina y dio lugar a múltiples investigaciones judiciales y administrativas.
Los familiares de las víctimas siguieron de cerca el desarrollo del juicio y reclamaron que se determinen las responsabilidades por las decisiones adoptadas antes del hundimiento. Para las querellas, el proceso representa una instancia clave para avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos y obtener una respuesta judicial tras casi nueve años de espera.
Concluidos los alegatos de la Fiscalía, será el turno de las querellas y posteriormente de las defensas de los imputados. Una vez finalizada esa etapa, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos quedará en condiciones de dictar sentencia en una causa considerada emblemática para la Justicia argentina y para los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.
Fuente: Minuto Uno, Ministerio Público Fiscal e Infobae.
