El proyecto impulsado por Facundo Tignanelli para regular las plataformas de apuestas y crear fondos destinados a combatir la ludopatía abrió un nuevo capítulo de tensión dentro del peronismo bonaerense. Axel Kicillof, a través de su ministro Carlos Bianco, pidió que la discusión sobre los recursos y los aportes de las empresas pase por la Comisión de Presupuesto. La Cámpora respondió que el Ejecutivo conocía la iniciativa y defendió un esquema de financiamiento diferente.
La discusión sobre las apuestas online dejó de ser solamente un debate sobre controles, prevención y salud pública para convertirse también en una disputa política y presupuestaria dentro del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. El proyecto presentado por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, vinculados a La Cámpora, busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento de las plataformas y generar recursos destinados a atender las consecuencias sociales y sanitarias del juego. La intervención pública del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso diferencias sobre el procedimiento legislativo y, especialmente, sobre quién debe definir el esquema de financiamiento.
El planteo del Gobierno provincial fue expresado por Bianco durante su conferencia de prensa del lunes 16 de noviembre. El funcionario manifestó que comparte el espíritu general de la iniciativa, pero cuestionó que el Ejecutivo no hubiera sido consultado formalmente antes de su presentación. Según sostuvo, los proyectos que tienen impacto presupuestario deberían circular previamente por las áreas de Gobierno para permitir el análisis de sus consecuencias y facilitar los acuerdos políticos necesarios para su implementación. En esa línea, reclamó que los capítulos vinculados con los fondos y los aportes económicos de las empresas sean tratados en la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Juan Pablo de Jesús.
La respuesta llegó de parte de Tignanelli, quien rechazó la versión de que la iniciativa hubiera avanzado sin diálogo con el Ejecutivo. El jefe del bloque de Unión por la Patria aseguró que el borrador fue conversado con distintas áreas del Gobierno bonaerense, especialmente con el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. También señaló que el Ministerio de Salud realizó aportes al texto y que funcionarios de Lotería participaron de reuniones de la comisión legislativa, donde acercaron observaciones que, según el diputado, fueron incorporadas. Para La Cámpora, por lo tanto, existió un proceso de intercambio previo, aunque las diferencias sobre el contenido económico siguen abiertas.
El punto más sensible de la discusión está en la forma de recaudar. Bianco recordó que la administración de Kicillof impulsó una alícuota del 2% sobre el juego online, destinada a generar ingresos para la Provincia, y que pretende darle respaldo legislativo a ese mecanismo, incluido dentro del paquete de iniciativas económicas del Presupuesto 2027. La medida había sido establecida mediante una resolución provincial, pero fue cuestionada judicialmente por empresas del sector. Desde el Ejecutivo consideran que los aportes y la carga impositiva deben discutirse en Presupuesto, junto con la propuesta de formalizar ese esquema.
Tignanelli, en cambio, defendió que el proyecto de La Cámpora establece una diferencia fundamental: que los recursos adicionales no salgan del bolsillo de los usuarios, sino de las utilidades de las empresas licenciatarias. El legislador sostuvo que el mecanismo provincial conocido como Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) recauda a partir de los usuarios de las plataformas y que, según sus cálculos, generaría apenas una décima parte de los fondos previstos en la iniciativa legislativa. Esa comparación fue planteada por el propio diputado y forma parte de la controversia sobre cuánto deben aportar las compañías y cuál debería ser el destino de esos recursos.
La propuesta también contempla que los fondos tengan destinos específicos. De acuerdo con las explicaciones de sus impulsores, una parte debería llegar directamente a clubes de barrio y deportistas, mientras que los recursos provenientes de multas por incumplimientos relacionados con la publicidad se orientarían a municipios y al Ministerio de Salud para desarrollar políticas de prevención y atención de los problemas asociados al juego compulsivo. Además, el proyecto incluye herramientas de control sobre las plataformas, mecanismos de identificación de usuarios, restricciones para impedir el acceso de menores, límites a la publicidad y un régimen de sanciones para las empresas que no cumplan las disposiciones.
El conflicto se desarrolla, además, después de un primer intento fallido de avanzar con el tratamiento legislativo. El jueves 12 de noviembre, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía no consiguió reunir el quórum necesario: solamente asistieron la diputada Micaela Olivetto y el legislador Roberto Vázquez, del Frente Renovador. La ausencia de representantes de distintos sectores dejó en suspenso el debate y generó cuestionamientos entre los impulsores de la iniciativa. La nueva convocatoria para este martes 17 busca retomar la discusión y conseguir un dictamen que permita continuar el recorrido parlamentario.
Aunque Bianco sostuvo que el Gobierno comparte los objetivos generales de la regulación, la controversia deja en evidencia que el acuerdo político todavía no está resuelto. La discusión no se limita a decidir qué comisión debe intervenir primero: también enfrenta dos mecanismos de recaudación, distintas prioridades sobre la distribución de los fondos y una disputa por la coordinación entre el Ejecutivo y los legisladores del propio espacio oficialista. Tignanelli, por su parte, insistió en que el proyecto debe pasar por la comisión de Ludopatía y luego continuar por Presupuesto y Legislación General, una secuencia que permitiría discutir primero el contenido específico de la regulación y después sus implicancias económicas.
En una provincia donde las apuestas digitales crecieron hasta convertirse en una preocupación para familias, instituciones educativas, clubes y organismos de salud, el debate legislativo tiene consecuencias que van más allá de la interna peronista. La regulación deberá definir qué responsabilidades tienen las plataformas, cómo se controla el acceso de menores, qué límites se establecen para la publicidad y de qué manera se financian las políticas de prevención y asistencia. La discusión entre Kicillof y La Cámpora muestra que, incluso dentro del oficialismo, todavía no existe una posición unificada sobre cómo avanzar. El desafío será traducir las coincidencias declaradas en una norma concreta, con controles efectivos y recursos suficientes para enfrentar los daños asociados a la ludopatía.
Fuente: LPO



