El presidente de la AFA cuestionó la cantidad de abonados declarados por los operadores que comercializan las transmisiones y sugirió que podría existir una subdeclaración que perjudica los ingresos de los clubes. El conflicto tiene un trasfondo económico: el contrato de televisación firmado en 2017 establece un umbral de 2,5 millones de suscriptores para mejorar los pagos a las instituciones.
Una disputa por los millones que genera el fútbol televisado
El eje del reclamo de Claudio «Chiqui» Tapia está en la cantidad de personas que pagan por acceder al fútbol argentino. Durante una entrevista con el periodista Tomás Rebord, el titular de la AFA puso en duda que existan solamente 1,8 millones de abonados al Pack Fútbol, cifra que, según sostuvo, se utiliza para calcular los ingresos correspondientes a los clubes. «Si en un país de 45 millones de argentinos solamente 1.800.000 personas ven fútbol, ¿vos creés eso? Es imposible», cuestionó.
Tapia explicó que el contrato firmado en 2017 establece una mejora en los ingresos para las instituciones cuando el servicio supera los 2,5 millones de abonados. Según su interpretación, el número informado actualmente se encuentra por debajo de ese límite y mantiene a los clubes sin acceder a una actualización de los montos que reciben por los derechos de televisación. El dirigente comparó además esa cifra con los aproximadamente 12 millones de abonados al servicio de televisión por cable que existen en el país.
En su exposición, el presidente de la AFA apuntó especialmente contra el papel del Grupo Clarín en la comercialización del paquete deportivo. «Hay dos empresas que tienen los derechos, pero hay una tercera que los vende», expresó, antes de identificar al grupo empresario como el actor al que dirige su cuestionamiento. Los derechos de transmisión de la Primera División están en manos de ESPN y TNT Sports, con contratos que se extienden hasta 2030 y 2031, respectivamente, mientras que la comercialización llega a los usuarios a través de los operadores de televisión.
La acusación de Tapia apunta a una posible diferencia entre la cantidad real de suscriptores y los abonados que se contabilizan para determinar los pagos. Sin embargo, hasta el momento, sus declaraciones no constituyen una demostración de que se hayan falseado los registros. El dirigente afirmó que la AFA está avanzando con auditorías sobre los contratos para conocer los números efectivos y establecer si corresponde revisar la liquidación de los ingresos. Esa verificación será clave para determinar si existe el desfasaje que denuncia.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al precio del Pack Fútbol. Tapia sostuvo que el valor del servicio no evoluciona al mismo ritmo que otros productos digitales y de telecomunicaciones, cuyos precios registran actualizaciones periódicas. Según su planteo, esa situación termina afectando los recursos que reciben las instituciones por la explotación comercial de un espectáculo que, a su entender, mantiene un importante atractivo para el público. «Yo tengo que defender los derechos de los clubes», afirmó, al justificar la necesidad de revisar las condiciones económicas vigentes.
La confrontación también tuvo un capítulo mediático. Consultado sobre las críticas que recibe su conducción, Tapia evitó atribuirlas exclusivamente a la disputa comercial, aunque deslizó que existen intereses detrás de las publicaciones que cuestionan a la AFA. «Vos tenés que ver de dónde vienen las críticas y hacia dónde van», sostuvo. También anticipó que podrían continuar las tapas periodísticas en su contra y vinculó la resistencia a su gestión con sectores de poder económico y empresarial, a los que identificó como parte del denominado «Círculo Rojo».
En la misma entrevista, el presidente de la AFA respondió a los cuestionamientos sobre los contratos comerciales de la Selección Argentina y apuntó contra Guillermo Tofoni, empresario con quien mantiene una disputa judicial y mediática. Sin nombrarlo inicialmente, sostuvo que durante la etapa en que esa empresa administraba los derechos comerciales la AFA recibía el 35% de los ingresos y el intermediario se quedaba con el 65%. Tapia afirmó que, tras la renegociación realizada durante su gestión, la distribución pasó a ser del 70% para la AFA y del 30% para quien comercializa los derechos. Se trata de cifras y afirmaciones expuestas por el propio dirigente, que forman parte de una controversia comercial más amplia.
El enfrentamiento vuelve a colocar bajo discusión el negocio de la televisación del fútbol argentino, la distribución de sus ingresos y el vínculo entre la conducción de la AFA y los grandes grupos empresarios. Mientras Tapia reclama una auditoría para determinar cuántos abonados tiene realmente el Pack Fútbol, los clubes siguen dependiendo de un esquema contractual cuya cláusula de actualización está atada a una cantidad específica de suscriptores. La pregunta central ya no es solamente quién transmite los partidos, sino quién controla los números de un negocio millonario y cómo se garantiza que los recursos lleguen efectivamente a las instituciones.
Fuente: La Política Online, La Política del Fútbol, Doble Amarilla y Clarín.



