Inspectores municipales encontraron una importante cantidad de productos cárnicos en avanzado estado de descomposición en un sector ubicado entre los barrios Yapeyú y Parque del Este. Envases, etiquetas y documentación permitieron vincular los residuos con Frigorífico Qualita S.A. La Municipalidad presentó una denuncia penal y las multas podrían superar los 32 millones de pesos.
Un grave episodio de contaminación ambiental y riesgo sanitario quedó bajo investigación en la ciudad de Córdoba, luego de que inspectores municipales encontraran una importante cantidad de carne y embutidos en avanzado estado de descomposición abandonados en un espacio público. El procedimiento se realizó durante un operativo de fiscalización del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), en un sector ubicado entre los barrios Yapeyú y Parque del Este, sobre la avenida Intendente Ramón Bautista Mestre. El hallazgo generó preocupación por las posibles consecuencias ambientales y sanitarias de la disposición ilegal de residuos provenientes de la actividad industrial alimentaria.
Los productos cárnicos fueron encontrados junto a envases, etiquetas y documentación que permitieron establecer una vinculación con Frigorífico Qualita S.A., un establecimiento comercial radicado en Colonia Caroya. La identificación de estos elementos permitió orientar las actuaciones municipales hacia la empresa, aunque las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes. La presencia de restos alimenticios en descomposición en un espacio de circulación pública representa un problema que excede la higiene urbana y plantea interrogantes sobre los mecanismos de tratamiento y disposición de los desechos generados por establecimientos del sector alimenticio.
De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Córdoba, los inspectores labraron un acta de constatación por la disposición indebida de residuos en la vía pública. La infracción está contemplada en el artículo 219 y siguientes de la Ordenanza N.º 12.468, correspondiente al Código de Convivencia Ciudadana. Esta normativa establece sanciones para los generadores, transportistas, operadores y responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos que incumplan las disposiciones municipales. El procedimiento administrativo busca establecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en el abandono de los productos.
La gravedad del episodio también está relacionada con los riesgos que implica la exposición de alimentos en descomposición. La acumulación de restos orgánicos puede favorecer la proliferación de insectos, roedores y otros vectores transmisores de enfermedades, además de generar contaminación ambiental. Según advirtió el organismo municipal, este tipo de prácticas constituye un peligro para la salud de las personas y para las condiciones sanitarias de los espacios públicos. Por ese motivo, las autoridades consideraron necesario avanzar no solamente con las actuaciones administrativas, sino también con una presentación ante la Justicia.
En materia económica, las sanciones previstas por la normativa municipal pueden alcanzar cifras millonarias. El artículo 219 establece multas de entre 200 y 2.000 Unidades Económicas Municipales (UEM), cuyo valor actual fue informado en 16.456 pesos cada una. De acuerdo con esos parámetros, las penalidades podrían ubicarse entre los 3.291.200 y los 32.912.000 pesos. La aplicación de una eventual multa dependerá de las actuaciones correspondientes y de la determinación de las responsabilidades por parte de la Justicia Administrativa de Faltas.
Además de la infracción municipal, la Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal ante las autoridades judiciales para que se investiguen las posibles responsabilidades y se determine si existieron delitos vinculados con la disposición de estos residuos y el riesgo generado para la salud pública. La intervención judicial permitirá avanzar sobre las circunstancias en las que se produjo el descarte, la eventual participación de terceros y las responsabilidades que pudieran corresponder a quienes intervinieron en el traslado y abandono de los productos.
El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las empresas que desarrollan actividades industriales y comerciales en materia de protección ambiental y sanitaria. La gestión de los residuos no constituye una cuestión secundaria ni puede quedar librada a decisiones particulares que trasladen los costos ambientales a toda la comunidad. Cuando los desechos de una actividad económica terminan abandonados en espacios públicos, las consecuencias recaen sobre los vecinos, el ambiente y los servicios municipales, que deben intervenir para evitar que la situación se transforme en un problema sanitario de mayor dimensión.
Mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales, el episodio abre interrogantes sobre los controles y los mecanismos de fiscalización de los residuos generados por la industria alimentaria. La investigación deberá establecer si existió una disposición deliberada de productos en condiciones inadecuadas, quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden al establecimiento vinculado con los materiales encontrados. Por el momento, la Municipalidad busca que se esclarezca el hecho y que se apliquen las sanciones correspondientes, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar controles efectivos sobre las actividades económicas que pueden afectar la salud pública y el ambiente.
Fuente: La Nueva Mañana



