El gobernador de Córdoba anunció un paquete de medidas tributarias que contempla una reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una baja de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,50%. La Provincia estima que el alivio fiscal acumulado alcanzará los $1,5 billones. El proyecto también prioriza salud, educación, seguridad y programas sociales, aunque establece restricciones para iniciar nuevas obras públicas.
El gobernador Martín Llaryora presentó los principales lineamientos del Presupuesto Provincial 2027, que tendrá como uno de sus ejes centrales una nueva reducción de impuestos para las familias y los sectores productivos de Córdoba. La iniciativa busca aliviar la presión tributaria, incentivar las inversiones privadas y generar condiciones para sostener el empleo en un contexto económico nacional marcado por la caída del consumo, las dificultades de la industria y el comercio y la pérdida de puestos de trabajo. Según las estimaciones oficiales, la continuidad de los beneficios vigentes y las nuevas medidas permitirán que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses durante el próximo ejercicio.
Una de las principales modificaciones anunciadas corresponde al Impuesto Inmobiliario Urbano. El proyecto contempla una reducción del 30% para el 97% de las propiedades de la provincia, mientras que el 3% restante tendrá una disminución del 5%. La medida alcanzará a prácticamente la totalidad de los inmuebles y busca reducir los costos tributarios de las familias. Además, el Gobierno provincial confirmó que continuará con las exenciones y los beneficios destinados a sectores vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social. También se mantendrán tratamientos especiales para actividades vinculadas con la educación, la salud, la economía popular y las entidades sin fines de lucro.
Otro de los cambios importantes estará relacionado con el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La alícuota general pasará del 4,75% al 3,50%, lo que representa una reducción de 1,25 puntos porcentuales. A esta modificación se sumará la incorporación de 40.000 nuevos contribuyentes al régimen de alícuotas reducidas. Actualmente, unos 70.000 contribuyentes acceden a ese beneficio y, con la ampliación prevista, el universo alcanzará los 110.000. De acuerdo con las proyecciones oficiales, aproximadamente el 58% de quienes tributan Ingresos Brutos en Córdoba quedará comprendido en algún esquema de reducción, con especial impacto esperado sobre pequeños y medianos comercios y prestadores de servicios.
En materia de promoción económica, Llaryora anunció que impulsará una nueva Ley de Promoción del Comercio para extender a esa actividad los beneficios del mecanismo denominado Impuestos por Inversión. La herramienta permitirá que los establecimientos comerciales accedan a beneficios tributarios en función de las inversiones que realicen, con el objetivo de incentivar nuevos proyectos, ampliar la actividad y estimular la generación de empleo privado. La iniciativa busca incorporar al comercio a los instrumentos de promoción que ya existen para otros sectores productivos y generar condiciones más favorables para quienes decidan invertir en la provincia.
El presupuesto también contempla la continuidad de los incentivos fiscales destinados a la industria y al sector agropecuario. En particular, se mantendrá la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio. La Provincia también prevé sostener los mecanismos de promoción industrial y el programa Impuestos por Inversión, orientados a estimular emprendimientos productivos y nuevas inversiones en distintas regiones cordobesas. A su vez, se anunció una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas digitales, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.
En paralelo con las reducciones tributarias, el Gobierno provincial aseguró que el Presupuesto 2027 mantendrá como prioridades la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales. La administración de Llaryora sostiene que buscará preservar el equilibrio fiscal mediante una política de contención del gasto público y una asignación más restrictiva de los recursos. En materia de infraestructura, se garantizará el financiamiento de las obras que ya se encuentran en ejecución, pero se aplicará un criterio más exigente para autorizar nuevos proyectos. Solamente se avanzará con aquellas iniciativas consideradas estratégicas y compatibles con la disponibilidad presupuestaria. Además, se anunció una reducción del 40% de la inversión en publicidad oficial.
La presentación del presupuesto se produce en un escenario complejo para las cuentas provinciales. Según el diagnóstico difundido por el propio Gobierno de Córdoba, la provincia registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo. A esto se suma una caída de la recaudación provincial durante más de diez meses consecutivos, situación que obliga a revisar las partidas presupuestarias y restringir los gastos considerados no esenciales. El Gobierno también recordó que las medidas tributarias aplicadas durante el ejercicio anterior representaron un alivio fiscal estimado en $900.000 millones. Con la continuidad de esos beneficios y las nuevas disposiciones, calcula que el impacto acumulado llegará a los $1,5 billones.
El Presupuesto 2027 plantea así una combinación de reducción impositiva, incentivos a la inversión privada, continuidad de las políticas sociales y restricciones en materia de obra pública. La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en la hoja de ruta financiera de la Provincia para el próximo año. El desafío será transformar las rebajas tributarias en una mejora concreta de la actividad económica, el consumo y el empleo, al mismo tiempo que se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos y la atención de los sectores más afectados por la crisis. En un contexto de retracción económica, la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos provinciales y qué actividades reciben prioridad será uno de los ejes centrales del debate político cordobés.



