Un informe de la consultora Paspartú reveló que los 27 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) prevén apenas 1,75 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido. Además, especialistas advierten que las facilidades para importar maquinaria, tecnología e insumos sin aranceles complican la competencia de las empresas argentinas y ponen en discusión el impacto del régimen sobre la industria nacional.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas del Gobierno de Javier Milei para atraer capitales nacionales y extranjeros, enfrenta cuestionamientos por su capacidad de generar empleo y fortalecer la producción local. Aunque el Ejecutivo presenta el programa como una herramienta para impulsar inversiones de gran escala, un informe de la consultora Paspartú advierte que la cantidad de puestos de trabajo proyectados resulta reducida en relación con el volumen de dinero comprometido.
De acuerdo con el relevamiento, los 27 proyectos aprobados hasta el 1° de noviembre contemplan inversiones por aproximadamente 76.174 millones de dólares y una generación estimada de 133.076 empleos directos e indirectos. La relación entre ambas variables arroja un promedio de apenas 1,75 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido. El dato vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la economía argentina: cuánto empleo y actividad productiva quedarán efectivamente en el país después de que se concreten estas inversiones.
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la concentración de los desembolsos en actividades que requieren grandes cantidades de capital, pero no necesariamente una dotación proporcional de trabajadores. Los nueve proyectos vinculados con petróleo y gas concentran unos 46.158 millones de dólares, equivalentes al 60,6% de la inversión total prevista. Sin embargo, representan alrededor de 39.194 puestos de trabajo, cerca del 29% del empleo proyectado. En términos relativos, estas iniciativas generarían apenas 0,85 empleos por cada millón de dólares invertido.
El especialista Juan José Carbajales, director de Paspartú y consultor en energía, minería y ambiente, explicó que las diferencias responden a las características de cada actividad económica. Según señaló, el RIGI está orientado principalmente a grandes proyectos de infraestructura y sectores intensivos en capital, cuyo funcionamiento requiere inversiones millonarias en instalaciones y equipamiento. En contraste, actividades como la siderurgia, la industria manufacturera o la producción de fertilizantes pueden tener una mayor capacidad de generar puestos de trabajo en relación con los recursos invertidos.
Los ejemplos incluidos en el relevamiento permiten observar esa brecha. La nueva planta de Sidersa, en San Nicolás, proyecta unos 3.800 empleos directos e indirectos con una inversión de 286 millones de dólares, lo que representa alrededor de 13 puestos por cada millón invertido. Por su parte, la terminal multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, prevé 9.700 empleos con una inversión de 277 millones de dólares: aproximadamente 35 puestos por cada millón. De todos modos, el informe aclara que esas estimaciones incluyen distintas etapas de los proyectos y que no todos los puestos serán permanentes: en el caso de Sidersa, por ejemplo, unos 300 corresponderían a contrataciones directas durante la etapa de operación.
Las críticas también apuntan a las condiciones de competencia para las empresas argentinas. Carbajales advirtió que la participación de los proveedores locales constituye uno de los aspectos que deberían revisarse, ya que las compañías nacionales deben competir con bienes de capital, tecnología e insumos importados que pueden ingresar bajo beneficios aduaneros. Esa diferencia puede colocar en desventaja a fabricantes y proveedores del país, especialmente a pequeñas y medianas empresas que deben afrontar costos de producción, financiamiento e impuestos en un contexto económico complejo.
Otro punto de debate está relacionado con los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que reciben las compañías adheridas al régimen. El RIGI contempla ventajas impositivas y facilidades para el comercio exterior, entre ellas la importación de bienes vinculados con los proyectos sin determinados gravámenes y un esquema progresivo de disponibilidad de divisas. Para Carbajales, el desafío consiste en que las inversiones puedan sostenerse a partir de condiciones económicas estables y no exclusivamente por los incentivos estatales. También planteó que una economía con estabilidad macroeconómica y sin restricciones cambiarias debería permitir el ingreso y egreso de capitales sin depender de regulaciones excepcionales.
El debate sobre el RIGI excede, por lo tanto, la discusión acerca de cuántos dólares pueden ingresar a la Argentina. La cuestión de fondo es qué capacidad tendrá el país para transformar esas inversiones en empleo de calidad, desarrollo industrial y oportunidades para sus empresas. Mientras el Gobierno busca ampliar el régimen a través del denominado Súper RIGI, que todavía espera avances legislativos en el Senado, los datos disponibles dejan planteado un interrogante: si los grandes proyectos no generan suficiente trabajo ni fortalecen a los proveedores nacionales, ¿cuánto de sus beneficios llegará al conjunto de la economía argentina?
Fuente: Política Argentina
