El Gobierno de Chile ratificó su postura de permitir que el buque Danstar navegue desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas para abastecer al archipiélago, pese a las advertencias de la Argentina sobre la posible colaboración logística con la explotación petrolera británica. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que su país no necesita autorización argentina para realizar esa operación y defendió el principio de libre navegación. La controversia se produce mientras el Gobierno de Javier Milei espera una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto Sea Lion, que busca explotar hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama Argentina.
La relación diplomática entre Argentina y Chile sumó un nuevo foco de tensión a partir de la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de respaldar la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa contempla el traslado de mercaderías mediante el buque Danstar, operado por la empresa chilena Easter Island Logistics, con destino a Puerto Argentino. La operación generó preocupación en la administración de Javier Milei, que considera necesario controlar que el transporte no termine facilitando las actividades de las compañías británicas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, defendió públicamente la iniciativa y rechazó que su Gobierno deba solicitar autorización a la Argentina para permitir la navegación de la embarcación. El funcionario invocó el principio de libre navegación establecido por las normas internacionales y sostuvo que los países no necesitan pedir permiso para realizar operaciones comerciales amparadas por el derecho marítimo. Sus declaraciones respondieron directamente a las advertencias del canciller argentino, Pablo Quirno, quien había señalado que el buque debía solicitar autorización o notificar su paso por aguas bajo jurisdicción argentina. De esta manera, ambos gobiernos dejaron expuestas sus diferencias sobre la interpretación de las normas que regulan el tránsito marítimo hacia el archipiélago.
La discusión tiene como protagonista al Danstar, una embarcación que busca restablecer una conexión comercial directa entre Punta Arenas y Malvinas después de 15 años de interrupción. El proyecto contempla transportar alimentos, productos perecederos, maquinaria y materiales de construcción destinados a abastecer a los habitantes de las islas. Desde la empresa naviera aseguraron que el objetivo es desarrollar un servicio comercial regular y aprovechar las oportunidades económicas que ofrece la conexión marítima. Según explicó su gerente general, Pablo Pacheco, la compañía ya tenía comprometida más de la mitad de la capacidad de carga disponible, estimada en 1.200 toneladas. La naviera sostiene que su actividad está destinada al abastecimiento insular y niega que el viaje tenga como finalidad colaborar con la explotación petrolera británica.
Sin embargo, para el Gobierno argentino el problema excede una operación comercial convencional. La preocupación central está relacionada con el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que contempla la explotación de petróleo en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La administración de Milei sostiene que las actividades hidrocarburíferas en esa zona se desarrollan sin autorización argentina y afectan los derechos soberanos que reclama el país sobre el territorio y sus espacios marítimos. En ese contexto, la Cancillería busca garantías de que la nueva ruta comercial no sea utilizada para transportar equipos, insumos o recursos destinados a las operaciones petroleras. Quirno remarcó que Chile había asumido un compromiso para evitar cualquier colaboración logística con actividades de explotación de recursos naturales en disputa.
La controversia también llegó al ámbito internacional debido a la presentación realizada por Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Gobierno nacional solicitó medidas provisionales para frenar el avance del proyecto Sea Lion y evitar que continúen las obras vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Las audiencias se desarrollaron en Hamburgo, Alemania, donde la delegación argentina expuso sus argumentos sobre los riesgos de permitir que avance una actividad económica en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. El tribunal anunció que dará a conocer su decisión el próximo 28 de noviembre. Esa resolución no definirá la soberanía de las islas, sino que determinará si corresponde adoptar medidas cautelares mientras continúa el conflicto jurídico entre las partes.
En paralelo, la tensión comenzó a trasladarse al Congreso argentino, donde distintos legisladores impulsaron iniciativas para limitar las actividades comerciales relacionadas con las Islas Malvinas. La diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó un proyecto que busca considerar no inocente el tránsito de embarcaciones que se dirijan al archipiélago o transporten cargas vinculadas con actividades logísticas, militares, pesqueras o hidrocarburíferas. Por otra parte, el diputado Guillermo Michel propuso denunciar acuerdos bilaterales con Chile relacionados con inversiones y cuestiones tributarias si se comprobara una participación comercial que favorezca la explotación de recursos naturales en las islas. Estas propuestas todavía deben atravesar el correspondiente tratamiento legislativo y reflejan las distintas respuestas que surgieron en Argentina frente a la iniciativa chilena.
Desde Chile, representantes políticos defendieron el carácter comercial de la operación y señalaron que el abastecimiento de los habitantes de las islas no implica reconocer la soberanía británica sobre el territorio. El diputado republicano Alejandro Riquelme sostuvo que la actividad puede desarrollarse dentro de las normas internacionales y destacó las oportunidades económicas que representaría para la región de Magallanes. Según sus declaraciones, la nueva conexión podría generar alrededor de 20 millones de dólares anuales para proveedores, pequeñas empresas y trabajadores de Punta Arenas. También afirmó que la posición histórica de Chile respecto del reclamo argentino de soberanía no cambia por la existencia de una operación comercial. No obstante, sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa las diferencias entre el reconocimiento diplomático del reclamo argentino y la libertad de las empresas chilenas para comerciar con el archipiélago.
Finalmente, el viaje del Danstar se convirtió en un asunto de seguimiento para ambos gobiernos. La embarcación había partido de Valparaíso el 29 de octubre y tenía previsto continuar hacia la región de Magallanes para realizar tareas de mantenimiento antes de emprender el recorrido hacia Puerto Argentino durante diciembre. Según la información publicada por Infobae, fuentes navales argentinas también señalaron dificultades para seguir su ubicación debido a la interrupción de la señal de identificación automática del buque. Mientras Chile insiste en defender la libre navegación y las oportunidades comerciales de la ruta, Argentina busca evitar que esa conexión contribuya al desarrollo del proyecto petrolero británico. El desenlace dependerá tanto de las decisiones diplomáticas como de la evolución del litigio internacional, en un conflicto que vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda regional.
Fuente : Minuto Uno
