El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, descartó solicitar permiso al Gobierno argentino para el próximo viaje del carguero Danstar desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. “Los países no piden permiso”, afirmó, al defender el derecho internacional a la libre navegación. La embarcación tiene previsto zarpar en diciembre para reactivar una ruta comercial suspendida durante 15 años. La controversia se produce en medio del reclamo argentino por la soberanía de las islas y de la disputa con el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La relación diplomática entre Argentina y Chile sumó un nuevo foco de tensión a partir de la decisión del Gobierno chileno de no solicitar autorización a Buenos Aires para el viaje del buque mercante Danstar hacia las Islas Malvinas. La controversia se desató luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, planteara que las embarcaciones que se dirigen al archipiélago deben cumplir con los procedimientos de autorización correspondientes para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas. Desde Santiago, su par Francisco Pérez Mackenna respondió que su país defenderá el derecho a la libre navegación establecido en los tratados internacionales.
La posición chilena fue expresada públicamente por Pérez Mackenna, quien sostuvo que la navegación está protegida por las normas internacionales y por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Al ser consultado sobre si Chile solicitaría autorización argentina para el desplazamiento del carguero, el funcionario fue categórico: “Los países no piden permiso”. Además, señaló que su Gobierno confía en que se respetará el derecho al paso inocente, una figura del derecho marítimo que regula el tránsito de embarcaciones por determinadas aguas.
El buque involucrado en la controversia es el Danstar, una embarcación de bandera chilena operada por la empresa Easter Island Logistics. Su objetivo es partir desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, hacia Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, durante diciembre. El proyecto busca recuperar una conexión marítima comercial que permanece suspendida desde 2011 y que permitiría transportar alimentos, maquinaria, materiales de construcción y otros productos destinados al abastecimiento de los habitantes del archipiélago. La iniciativa cuenta con el respaldo de sectores empresariales y autoridades locales de Punta Arenas.
La reactivación de esta ruta comercial representa una oportunidad económica para Punta Arenas, que busca convertirse en un centro de abastecimiento para las islas. El alcalde de esa ciudad chilena, Claudio Radonich, respaldó públicamente la iniciativa y expresó su intención de posicionar a la localidad como proveedora de productos para el archipiélago. La conexión marítima permitiría reducir considerablemente las distancias respecto de la ruta que actualmente se utiliza desde Montevideo, Uruguay, que implica un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, en cambio, la navegación sería aproximadamente la mitad de extensa.
Sin embargo, detrás de la discusión comercial existe una preocupación estratégica para la Argentina: la posibilidad de que esta conexión marítima termine facilitando las operaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a Malvinas. El Gobierno argentino teme que el nuevo corredor pueda convertirse en una vía de abastecimiento para las compañías que participan del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas a intereses británicos. En ese contexto, Pablo Quirno recordó el compromiso que, según señaló, había asumido el Gobierno chileno para evitar que la actividad comercial contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en el territorio cuya soberanía reclama nuestro país.
Desde la empresa operadora del Danstar rechazaron que el objetivo del viaje esté relacionado con la actividad petrolera. Su gerente general, Pablo Pacheco, explicó que el proyecto contempla el transporte de alimentos perecederos, frutas, verduras y materiales de construcción destinados a las necesidades de la población de las islas. También negó que la embarcación tenga previsto participar del abastecimiento de las compañías petroleras. La empresa sostiene que se trata de una operación comercial privada y que su finalidad es establecer una conexión regular para el suministro de productos básicos y materiales. No obstante, la posibilidad de que la infraestructura logística pueda tener otros usos continúa siendo motivo de preocupación para distintos sectores políticos argentinos.
La controversia también generó cuestionamientos dentro de la política argentina. La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, impulsó un proyecto conocido como «Ley Anti Danstar», que busca establecer mecanismos de control sobre las embarcaciones que colaboren con actividades británicas en las islas. La iniciativa plantea retirar el tratamiento de paso inocente a aquellos buques que presten apoyo logístico a operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago. El debate refleja las distintas posiciones sobre cómo debe actuar el Estado argentino frente a las actividades comerciales que pueden tener consecuencias sobre el reclamo de soberanía.
El conflicto marítimo se produce, además, en un momento particularmente sensible de la disputa entre Argentina y el Reino Unido. La delegación argentina concluyó recientemente sus presentaciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, donde solicitó medidas provisionales para impedir el avance de las perforaciones petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion. El Gobierno sostiene que el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre la explotación de recursos naturales no renovables mientras continúe pendiente la controversia de soberanía. La decisión del organismo internacional es esperada para el 28 de noviembre, una instancia que podría tener consecuencias importantes para la estrategia diplomática argentina en el Atlántico Sur.
A pesar de las diferencias por el buque, la controversia no implica necesariamente una ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos países. Los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast mantienen vínculos políticos y diplomáticos, pero el episodio expone las dificultades que pueden surgir cuando los intereses comerciales y las interpretaciones del derecho marítimo se cruzan con una disputa histórica de soberanía. Para la Argentina, cualquier actividad que pueda facilitar la explotación de recursos naturales en Malvinas representa un asunto de interés nacional. Para Chile, en cambio, la defensa de la libre navegación constituye el argumento central para sostener la operación comercial.
El próximo viaje del Danstar será, por lo tanto, una prueba para la relación diplomática entre Buenos Aires y Santiago y para la capacidad argentina de defender sus intereses en el Atlántico Sur. La discusión excede el recorrido de un carguero: involucra la soberanía sobre las Islas Malvinas, el control de los recursos naturales, las relaciones regionales y la interpretación de los acuerdos internacionales sobre navegación. Mientras Chile ratifica que no solicitará autorización, la Argentina mantiene su preocupación por las posibles consecuencias estratégicas de la nueva conexión marítima. El desafío será evitar que una operación presentada como comercial termine favoreciendo intereses económicos vinculados con la explotación británica de los recursos del archipiélago.
Fuente: Filo News
