El Gobierno nacional declaró de interés público una iniciativa privada para concesionar la administración, explotación y modernización del complejo fronterizo de Paso de los Libres, en Corrientes, que conecta Argentina con Brasil. El proyecto contempla un contrato por 20 años, prorrogable por otros cinco, y quedó habilitado mediante el Decreto 1350/2026. De las ocho propuestas presentadas originalmente, solamente una superó la evaluación oficial. Aunque el Ejecutivo todavía debe convocar a una licitación pública, la medida representa un nuevo avance de la política de concesiones impulsada por Javier Milei.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de privatizaciones y concesiones al habilitar el proceso para entregar a operadores privados la administración del Centro de Fronteras de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1350/2026, publicado en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, que declaró de interés público una iniciativa privada destinada a administrar, explotar, mantener y modernizar el complejo fronterizo. Se trata de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino, debido a su conexión directa con la ciudad brasileña de Uruguayana y su importancia en el transporte internacional de mercancías.
El complejo está integrado por el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI), dos instalaciones fundamentales para el movimiento de camiones y el control del intercambio comercial entre ambos países. Por sus instalaciones circulan habitualmente entre 700 y 1.000 camiones diarios, lo que representa alrededor de 200.000 vehículos de carga por año. Además, durante 2025 se registraron más de tres millones de movimientos migratorios entre ingresos y egresos, cifra que ubicó a Paso de los Libres como el tercer paso fronterizo terrestre con mayor circulación de personas de Argentina, detrás de Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación.
La iniciativa establece una concesión onerosa por un período inicial de 20 años, con posibilidad de extenderla por otros cinco. Durante ese tiempo, el futuro operador privado tendrá a su cargo el financiamiento de las obras, la administración cotidiana, el mantenimiento de las instalaciones y la explotación comercial de los servicios asociados al funcionamiento del complejo. El esquema prevé que la inversión sea realizada íntegramente por el concesionario, sin desembolsos de fondos públicos para ejecutar las obras previstas. A cambio, la empresa adjudicataria podrá recuperar los recursos invertidos mediante los mecanismos de explotación económica que se establezcan en los pliegos de la futura licitación.
Uno de los aspectos que generó mayor atención es que, de las ocho propuestas privadas presentadas originalmente, solamente una logró superar los requisitos de admisibilidad establecidos por el Gobierno. La iniciativa que continuará en carrera pertenece al denominado Grupo Promotor, integrado actualmente por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. Las otras siete propuestas fueron descartadas durante el proceso de evaluación. Sin embargo, la declaración de interés público no implica que el consorcio haya obtenido automáticamente la concesión: todavía deberá desarrollarse una licitación pública en la que se establecerán las condiciones definitivas y se seleccionará al operador.
El plan de modernización presentado por el consorcio contempla una transformación importante de la infraestructura existente. Entre las principales obras se encuentran la repavimentación de caminos internos, la recuperación de sectores operativos, la renovación de los sistemas de iluminación y señalización, la modernización de los equipos de pesaje y la incorporación de tecnología de inspección no intrusiva para controlar las cargas sin necesidad de abrir los camiones. También se proyecta mejorar los sistemas de seguridad y rehabilitar el Centro de Control Operativo, con el objetivo de agilizar las operaciones comerciales y reducir los tiempos de espera en uno de los corredores internacionales más transitados del país.
La propuesta incluye además la incorporación de nuevos servicios comerciales y logísticos para los transportistas. El proyecto contempla la construcción de una estación de servicio, talleres mecánicos, gomerías, lavaderos, alojamientos para conductores y espacios comerciales. También prevé una unidad de atención médica, transporte interno y la relocalización de la terminal de ómnibus dentro del predio. Otro componente destacado es la instalación de un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de un megavatio, que permitirá abastecer parte de la demanda energética del complejo y eventualmente aportar excedentes a la red eléctrica.
Un punto importante del proyecto es que la concesión no implica que el Estado deje de ejercer las funciones de control aduanero, migratorio y sanitario. Esas responsabilidades continuarán bajo la órbita de los organismos públicos correspondientes, entre ellos la Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Migraciones, el SENASA, Sanidad de Frontera y Gendarmería Nacional. Lo que se busca transferir al sector privado es la administración operativa de la infraestructura, su mantenimiento y explotación comercial. De todas maneras, el alcance definitivo de las obligaciones, los mecanismos de fiscalización y las condiciones de funcionamiento deberán quedar establecidos en los pliegos de la licitación.
Ahora comienza una nueva etapa administrativa que estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli, con intervención del Ministerio de Economía. El Gobierno deberá elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y posteriormente convocar a una licitación pública para seleccionar al concesionario. En ese procedimiento se determinarán las obligaciones de inversión, los mecanismos de control, las garantías exigidas, las penalidades por incumplimientos y las condiciones de reversión de los bienes una vez finalizado el contrato. Por lo tanto, aunque el decreto representa un avance concreto hacia la concesión privada, todavía no existe una adjudicación definitiva ni una fecha establecida para el comienzo de la nueva administración.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para extender el modelo de concesiones privadas a distintos centros de frontera del país. El antecedente de Santo Tomé, también en Corrientes, aparece como una referencia para el esquema que pretende implementar el Ejecutivo. En el caso de Paso de los Libres, por su volumen de operaciones y su importancia para el intercambio comercial con Brasil, el proceso adquiere una dimensión particular. La discusión estará centrada en las condiciones económicas del contrato, los costos que deberán afrontar transportistas y empresas, la calidad de los servicios y la capacidad del Estado para garantizar controles efectivos sobre una infraestructura estratégica.
Fuente: Política Argentina
