El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otros cinco acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Las sentencias se dictaron mediante un juicio abreviado, luego de que los imputados reconocieran su responsabilidad en los hechos investigados. Martín Báez recibió una pena de tres años que, unificada con una condena anterior por lavado de activos, alcanza los siete años y nueve meses de prisión. Además, la Justicia extendió a los condenados el decomiso de bienes por casi 685 mil millones de pesos.
El segundo tramo de la causa Vialidad volvió a tener novedades judiciales este jueves 12 de noviembre, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a seis personas por su participación en maniobras de administración fraudulenta vinculadas con la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en Santa Cruz. Entre los sentenciados se encuentra Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, junto con tres exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y otros dos empresarios vinculados al grupo constructor. La resolución fue firmada por el juez Andrés Fabián Basso.
Los condenados son Martín Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti. Las penas individuales oscilaron entre los dos años y seis meses y los tres años de prisión, aunque algunas fueron unificadas con condenas anteriores por lavado de activos agravado. El procedimiento abreviado fue acordado entre el Ministerio Público Fiscal, las defensas y contó con la conformidad de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los seis acusados admitieron su responsabilidad en los hechos investigados, condición que permitió resolver esta parte del expediente sin realizar un nuevo juicio oral completo.
En el caso de Martín Báez, el tribunal le impuso tres años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, esa sanción se unificó con una condena firme anterior de seis años y seis meses por lavado de activos agravado, dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4. Como resultado, la pena única quedó establecida en siete años y nueve meses de prisión, además de una multa equivalente a cinco veces el monto de la operación, las accesorias legales y las costas del proceso. La sentencia representa una nueva consecuencia judicial para el hijo del empresario santacruceño, cuyo grupo económico obtuvo contratos de obra pública investigados en distintas instancias judiciales.
Otro de los principales condenados fue Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, quien recibió tres años de prisión como partícipe necesario. Al igual que ocurrió con Báez, su condena fue unificada con una sentencia anterior por lavado de activos agravado, por lo que la pena definitiva quedó fijada en cinco años y nueve meses. El juez dispuso mantener la modalidad de prisión domiciliaria que ya tenía concedida, teniendo en cuenta el pedido de su defensa y que no existió oposición de la fiscalía. Mendoza ocupó un lugar central dentro de la estructura empresarial vinculada a las obras públicas adjudicadas en Santa Cruz durante el período investigado.
Por su parte, los exfuncionarios Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, con inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones vinculadas con sus responsabilidades públicas. Los tres habían ocupado cargos jerárquicos en la Dirección Nacional de Vialidad y fueron señalados por su intervención en los procedimientos administrativos relacionados con las contrataciones investigadas. La sentencia también alcanzó a Fernando Javier Butti, empresario vinculado a Austral Construcciones, quien recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario.
Uno de los aspectos económicos más importantes de la resolución fue la extensión a los seis condenados del decomiso de bienes y efectos del delito establecido en el primer tramo de la causa. El monto asciende a $684.990.350.139,86, de acuerdo con la actualización oficial realizada al 15 de julio de 2025. El magistrado aclaró que no se trata de un nuevo decomiso por una suma adicional, sino de extender la responsabilidad sobre los mismos bienes y efectos vinculados con la maniobra defraudatoria. Las condiciones concretas de ejecución y el orden de prelación entre los responsables deberán resolverse posteriormente.
La causa Vialidad II investigó la participación de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y empresarios que integraban la estructura comercial vinculada a Lázaro Báez. La investigación apuntó a determinar cómo se organizaron los mecanismos administrativos y empresariales que permitieron concentrar una parte importante de los recursos destinados a obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la reconstrucción judicial, la maniobra incluyó el direccionamiento de licitaciones, irregularidades en los controles, adjudicaciones y beneficios económicos para las empresas involucradas. El expediente constituye una continuación de la investigación principal, que ya había establecido responsabilidades penales por la defraudación contra la administración pública.
El antecedente central es la primera etapa de la causa Vialidad, en la que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros funcionarios. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó la sentencia contra la entonces expresidenta por administración fraudulenta, imponiéndole seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas. La segunda etapa permitió avanzar sobre otros integrantes de la estructura que, según la acusación, intervinieron desde organismos estatales y empresas privadas en el funcionamiento del esquema investigado.
La resolución del segundo tramo no significa que todas las personas investigadas hayan recibido una sentencia definitiva. La Fiscalía General informó que otros imputados quedaron fuera del acuerdo abreviado y continúan sujetos a sus respectivos procesos judiciales. Entre ellos se encuentran Sandro Férgola, Gustavo Gentili y Fernando Abrate, cuyo debate oral se encuentra en curso, mientras que Myriam Costilla obtuvo la suspensión del juicio a prueba. De esta manera, el expediente todavía tiene cuestiones pendientes y nuevas instancias por resolver en relación con las responsabilidades de quienes fueron investigados por su presunta intervención en las contrataciones de obra pública.
Con esta resolución, la causa Vialidad suma nuevas condenas y amplía el alcance de las responsabilidades penales establecidas por la Justicia en torno a las obras viales adjudicadas en Santa Cruz. El fallo vuelve a poner en discusión los mecanismos de contratación estatal, los controles sobre el uso de los recursos públicos y la relación entre funcionarios y empresas privadas. Mientras Martín Báez deberá cumplir una pena unificada de siete años y nueve meses de prisión, la extensión del decomiso por casi 685 mil millones de pesos representa otro de los puntos centrales de una investigación judicial que abarcó distintas áreas de la administración pública y del sector empresario durante más de una década.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
