El fiscal Eduardo Taiano ratificó su postura a favor del cierre de la causa que involucra a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados por la presunta criptoestafa. Cuestionó el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pidió continuar la pesquisa y asumir la acción penal. Ahora deberá resolver la Justicia si acepta esa intervención o mantiene el cierre del expediente.
La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un escrito en el que defendió su decisión de solicitar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los otros nueve imputados. Además, cuestionó los argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había pedido reabrir la investigación por considerar prematuro el cierre del expediente.
La presentación vuelve a poner en discusión el modo en que se investigó el escándalo de la criptomoneda promocionada por el Presidente en febrero de 2025, cuyo valor se disparó luego de su publicación en redes sociales y posteriormente se desplomó, dejando pérdidas para numerosos inversores.
Taiano sostuvo que mantiene el criterio que había expresado al solicitar el sobreseimiento de los acusados. «Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones», afirmó en su escrito.
La decisión final sobre el planteo de la PIA quedará en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá determinar si permite que el organismo especializado en investigaciones administrativas y hechos de corrupción asuma la acción penal y continúe la pesquisa. La Nueva Mañana+2
Qué cuestionó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
El planteo que provocó la respuesta de Taiano fue presentado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez. El organismo pidió asumir el ejercicio de la acción penal y continuar con la investigación, al considerar que el expediente había sido cerrado de manera prematura y que todavía quedaban medidas por realizar.
La Procuraduría cuestionó que se hubiera dispuesto el sobreseimiento sin alcanzar el grado de certeza necesario para dar por terminada una investigación penal. También advirtió sobre elementos que, a su entender, podían mostrar indicios de una posible maniobra coordinada para inducir a inversores a comprar la criptomoneda y luego retirar los fondos.
En su presentación, Rodríguez sostuvo que la causa no se encontraba en una etapa final, sino que todavía estaba en proceso de recolección de pruebas. El organismo también cuestionó la valoración de los elementos incorporados al expediente y reclamó la posibilidad de continuar impulsando la investigación.
La intervención de la PIA adquirió relevancia porque el cierre de la causa había dejado a los damnificados sin una participación activa como querellantes para impulsar la acción penal. Clarin.com+1
La respuesta de Taiano: «Afirmaciones antojadizas»
El fiscal rechazó los argumentos de Rodríguez y calificó de «sorpresiva» su presentación. Según explicó, la PIA había tenido acceso al expediente solamente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025, por lo que cuestionó que pudiera evaluar la totalidad de las medidas y pruebas incorporadas posteriormente.
Taiano calificó de «desacertada» la conclusión del titular del organismo y sostuvo que sus fundamentos estaban basados en «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente».
En otro tramo de su escrito, defendió el cierre de la investigación y aseguró que la postura de la Procuraduría representa una diferencia de criterio sobre la valoración de las pruebas reunidas.
«La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado», expresó.
El fiscal insistió en que, según su interpretación, no existen elementos que permitan atribuir a los funcionarios públicos las conductas denunciadas ni determinar un perjuicio a las arcas del Estado.
Sin embargo, hizo una aclaración procesal importante: señaló que su fiscalía no presenta objeciones respecto de la admisibilidad formal del planteo de la PIA. Es decir, cuestionó el contenido de la presentación, pero no objetó que sea considerada desde el punto de vista procesal. La Nueva Mañana+2
Cómo se llegó al cierre de la causa $LIBRA
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que difundió el proyecto vinculado a la criptomoneda $LIBRA, presentada como una iniciativa para financiar emprendimientos privados en Argentina.
Después de esa publicación, el precio del activo digital registró una fuerte suba y posteriormente se desplomó. El episodio provocó pérdidas entre numerosos inversores y abrió una investigación judicial para determinar si existieron maniobras fraudulentas y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.
Entre los principales investigados estuvieron el Presidente, Karina Milei y empresarios e intermediarios vinculados con el lanzamiento del activo, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El 22 de octubre de 2026, Taiano dio por concluida la investigación y solicitó el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve imputados. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido y dispuso el cierre del expediente.
La resolución fue cuestionada por la PIA, que consideró que todavía había elementos que debían investigarse antes de dar por terminado el proceso. LA NACION+2
Qué se investigaba y por qué sigue la controversia
La investigación judicial abarcó distintas hipótesis delictivas, entre ellas una posible estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y presunto tráfico de influencias.
En su evaluación, Taiano sostuvo que no se había acreditado un engaño penalmente relevante para configurar el delito de estafa. También consideró que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales a Javier Milei o a Karina Milei.
Respecto de la secretaria general de la Presidencia, el fiscal analizó, entre otros elementos, los registros de ingreso de empresarios extranjeros a la Casa Rosada. En relación con el Presidente, tomó en consideración informes oficiales que indicaban que su publicación en la cuenta personal de X no constituía un acto institucional ni había implicado, según esos informes, el uso de recursos públicos.
La PIA, en cambio, cuestionó que esas conclusiones permitieran cerrar definitivamente el expediente y sostuvo que todavía quedaban líneas de investigación pendientes.
Por eso, la discusión actual no implica que se haya demostrado judicialmente la existencia de una estafa ni tampoco que las objeciones de la Procuraduría hayan sido aceptadas. Lo que está en disputa es si la investigación puede darse por terminada o si debe continuar para profundizar las pruebas y revisar las responsabilidades denunciadas. Infobae+2
Los damnificados todavía tienen otra vía para intentar reabrir el expediente
La discusión sobre el futuro de $LIBRA no se limita al planteo de la PIA. También existe una vía judicial impulsada por damnificados que buscan recuperar su condición de querellantes para poder intervenir activamente en el expediente.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar si dos personas afectadas por el desplome de la criptomoneda pueden volver a ser admitidas como querellantes.
La decisión no revoca los sobreseimientos ni ordena por sí misma reabrir la investigación. Lo que deberá analizar Casación es si corresponde reincorporar a esos damnificados, lo que podría habilitarlos a cuestionar el cierre de la causa.
Según informó La Nación, esa discusión podría resolverse durante 2027. Por lo tanto, el futuro judicial del caso todavía tiene instancias pendientes. LA NACION+1
Una causa que sigue generando preguntas
La respuesta de Taiano vuelve a poner en primer plano la controversia por el cierre de una investigación que involucra al Presidente y a su entorno más cercano.
Mientras el fiscal sostiene que las pruebas reunidas no permiten atribuir delitos a los funcionarios investigados, la PIA reclama que se profundice la pesquisa y cuestiona que se haya dispuesto el sobreseimiento sin completar otras medidas.
Ahora, la discusión pasa por los tribunales: el juez deberá resolver si habilita la intervención de la Procuraduría y permite que continúe la investigación o si mantiene el cierre impulsado por Taiano.
El caso $LIBRA, que comenzó con una publicación presidencial y terminó con miles de inversores afectados por el derrumbe del activo digital, todavía tiene cuestiones procesales pendientes. La decisión sobre si se reabre o no el expediente será clave para determinar si la Justicia vuelve a investigar las responsabilidades denunciadas o sostiene el sobreseimiento de los imputados.
