La decisión de Teherán fue presentada como una represalia frente a la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro argentino de organizaciones terroristas. La Cancillería calificó la medida como una acusación “inadmisible”, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA y exigió cooperación con la Justicia. La declaración iraní no incluyó al Ejército argentino.
El Gobierno de Javier Milei rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas. La medida, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, profundiza el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y abrió un nuevo capítulo de tensión en el escenario internacional.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina calificó la decisión de Teherán como una acusación “inadmisible” y sostuvo que carece de todo fundamento. El Gobierno defendió a las dos fuerzas militares y afirmó que son instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía argentina.
El documento también remarcó que la Armada y la Fuerza Aérea desarrollan sus funciones con respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional y a los tratados y acuerdos internacionales. En ese sentido, el Ejecutivo consideró que la decisión iraní constituye una calificación injustificada contra instituciones del Estado argentino.
La represalia de Irán y el antecedente de la Guardia Revolucionaria
La decisión de Teherán fue presentada como una respuesta al accionar del Gobierno argentino contra la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo militar que constituye uno de los principales pilares del poder político y militar de la República Islámica.
En marzo de 2026, la administración de Milei incorporó a la Guardia Revolucionaria iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Previamente, en enero, había adoptado una medida similar contra la Fuerza Quds, una unidad de élite de esa estructura militar.
Las autoridades iraníes invocaron el principio de reciprocidad y una legislación aprobada en 2019 para justificar su respuesta. Según el comunicado de Teherán, los países que respalden la designación estadounidense de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista quedan sujetos a medidas recíprocas.
La declaración iraní alcanza específicamente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, pero deja afuera al Ejército. Por el momento, el anuncio no detalló qué medidas concretas podrían derivarse de esa calificación, aunque incluyó una advertencia sobre las consecuencias que, según Teherán, deberá asumir el Gobierno argentino.
Cancillería volvió a reclamar por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA
En su respuesta, el Gobierno argentino volvió a poner en el centro de la disputa los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
La Cancillería recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por ambos ataques y cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales nacionales. También señaló que no se cumplen las órdenes internacionales de detención vigentes y que personas requeridas por la Justicia argentina fueron designadas en cargos de alta responsabilidad dentro del régimen iraní.
“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, sostuvo el comunicado oficial. A partir de ese planteo, el Ejecutivo volvió a exigir que Irán coopere plenamente con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a las personas requeridas.
El Gobierno también reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas, expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina, y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.
Una escalada que excede el conflicto bilateral
La decisión iraní se inscribe en un escenario de creciente confrontación entre Teherán y los gobiernos que respaldaron la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. A comienzos de noviembre, Irán había adoptado una medida similar contra la Armada Real y la Fuerza Aérea del Reino Unido, además de calificar al servicio de inteligencia exterior británico, MI6, como un grupo hostil.
En el caso argentino, el episodio profundiza una relación bilateral que ya atravesaba un marcado deterioro. La política exterior de Milei adoptó una posición de fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel y endureció su discurso contra el régimen iraní, alejándose de una postura de mayor distancia diplomática.
La disputa también tiene consecuencias potenciales para las relaciones militares y diplomáticas. La calificación iraní podría generar complicaciones para integrantes de las fuerzas argentinas en determinados ámbitos o países, aunque todavía no se conocen medidas concretas derivadas del anuncio.
Por ahora, la respuesta oficial argentina se concentró en el rechazo diplomático y en la exigencia de cooperación judicial. La controversia vuelve a colocar a la Argentina en medio de una disputa internacional de alto voltaje, en un contexto en el que las decisiones del Gobierno sobre política exterior tienen repercusiones que van más allá de las declaraciones públicas.
Con ayuda de La Nueva Mañana
