El policía federal Cristian Miguel Rivaldi recibió un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial por dos años y seis meses. El juez Daniel Rafecas lo encontró culpable de haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro y a su madre durante una protesta frente al Congreso, en septiembre de 2024. La sentencia representa un antecedente judicial significativo frente a los operativos de seguridad desplegados durante las manifestaciones.
La Justicia federal condenó al policía Cristian Miguel Rivaldi por haber arrojado gas pimienta contra una niña de 10 años y su madre durante una movilización en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional. El fallo fue dictado por el juez federal Daniel Rafecas, quien le impuso una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, además de una inhabilitación especial por el doble de ese período.
El efectivo fue encontrado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. Aunque no deberá cumplir la pena en prisión, la sentencia le impide ejercer sus funciones durante dos años y seis meses.
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, mientras se desarrollaba una protesta de jubilados. En medio del avance de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes, Rivaldi roció con gas irritante a Carla Mariana Pegoraro y a su hija Fabrizia, que se encontraban sentadas sobre el asfalto.
La niña sufrió las consecuencias del ataque y debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica por una conjuntivitis química. La situación generó una fuerte repercusión pública y se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de los operativos de seguridad desplegados durante las protestas contra el Gobierno nacional.
Los videos y las pruebas que determinaron la condena
Durante el proceso judicial, los registros audiovisuales de aquella jornada tuvieron un papel central para reconstruir lo sucedido e identificar al efectivo policial. Las imágenes permitieron establecer que Rivaldi dirigió el aerosol hacia la madre y la niña, que permanecían sentadas y no representaban una amenaza para los uniformados.
El fiscal federal Eduardo Taiano había sostenido que el accionar del policía fue desmedido e injustificado y que se produjo a corta distancia. En su acusación también remarcó que las víctimas no estaban agrediendo a las fuerzas de seguridad ni ofreciendo resistencia.
La querella, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, representó a la niña y a su madre durante el proceso. Tanto la Fiscalía como la representación de las víctimas solicitaron una condena de prisión en suspenso y la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales.
El juicio correccional estuvo a cargo de Rafecas y se desarrolló en una sola jornada. Tras analizar las pruebas incorporadas y escuchar a los testigos, el magistrado resolvió condenar al efectivo, estableciendo su responsabilidad penal por el episodio.
El Gobierno había negado que la Policía gaseara a la niña
El caso tuvo una dimensión política que trascendió el hecho puntual. En aquel momento, Patricia Bullrich se desempeñaba como ministra de Seguridad y había defendido el operativo policial. Desde el Gobierno se puso en duda que el efectivo hubiera sido quien arrojó el gas contra la niña y su madre.
Bullrich llegó a cuestionar públicamente a la madre por haber llevado a su hija a una movilización. La controversia se profundizó cuando desde el oficialismo circularon explicaciones y registros audiovisuales que buscaban desligar a las fuerzas de seguridad de la agresión.
La condena judicial vuelve a poner en discusión aquellas declaraciones oficiales. Para la querella, el fallo confirma que la niña fue gaseada por un integrante de la Policía Federal, pese a que durante meses se intentó instalar una versión diferente de lo sucedido.
Dalbón apuntó contra Bullrich y Monteoliva
Luego de conocerse la sentencia, Gregorio Dalbón calificó el resultado como la primera condena por hechos de represión durante el gobierno de Javier Milei. El abogado sostuvo que la resolución judicial contradice las explicaciones que habían brindado funcionarios nacionales después del episodio.
Dalbón también apuntó contra Patricia Bullrich, quien estaba al frente del Ministerio de Seguridad cuando ocurrió la agresión, y contra Alejandra Monteoliva, que entonces ocupaba un cargo en esa cartera y actualmente conduce el área. El letrado anticipó que buscará avanzar judicialmente sobre las responsabilidades políticas que, según sostiene, podrían existir detrás de lo ocurrido.
La sentencia constituye un antecedente relevante en materia de responsabilidad de las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales. No obstante, la condena alcanza al accionar individual del policía y no implica, por sí misma, una condena penal contra las autoridades políticas mencionadas por la querella.
El caso de Fabrizia vuelve a instalar un debate fundamental sobre los límites del uso de la fuerza estatal, la protección de niños y niñas en contextos de movilización y la responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar el orden público. La decisión judicial deja un mensaje claro: el uniforme policial no exime de responsabilidad cuando se vulneran derechos y se ejerce violencia injustificada contra personas que no representan una amenaza.
Con ayuda de La Nueva Mañana
