A nueve años del asesinato de la joven de 21 años en Gualeguay, Entre Ríos, la Fiscalía y la querella solicitaron que Néstor Pavón sea condenado a prisión perpetua como coautor del abuso sexual y femicidio. En el primer juicio había recibido cinco años de prisión por encubrimiento. La defensa pidió su absolución y el veredicto se conocerá el 30 de noviembre.
El segundo juicio por el femicidio de Micaela García ingresó en su etapa decisiva luego de que la Fiscalía solicitara prisión perpetua para Néstor Pavón, acusado de haber participado directamente en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven ocurrido en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. El pedido fue presentado durante los alegatos finales por los fiscales Jorge Gamal Taleb y Maite Burruchaga, quienes sostuvieron que el acusado tuvo un papel central en la planificación y ejecución del ataque.
La acusación considera que Pavón actuó como coautor del crimen junto a Sebastián Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el femicidio. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, durante la madrugada del 1 de abril de 2017 ambos interceptaron a Micaela, la trasladaron por la fuerza en un automóvil Renault 18 Break y la llevaron hasta una zona alejada, donde fue abusada sexualmente y asesinada. Posteriormente, habrían ocultado su cuerpo para intentar garantizar la impunidad.
Uno de los argumentos centrales de la Fiscalía estuvo relacionado con la relación laboral y personal que existía entre los dos acusados. Pavón era propietario del lavadero donde trabajaba Wagner y, según la hipótesis fiscal, ejercía una posición de conducción sobre su empleado. Para los investigadores, esa relación de dependencia permite comprender el papel que habría tenido cada uno durante el ataque. El fiscal Taleb sostuvo que Pavón tuvo un rol de dirección mientras Wagner ejecutó sus indicaciones.
Durante su alegato, los fiscales también repasaron las pruebas reunidas a lo largo de la investigación. Entre ellas mencionaron registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los movimientos de los acusados, testimonios de vecinos que escucharon los gritos de auxilio de la joven y distintos elementos encontrados en el lugar donde habría sido interceptada. También destacaron los indicios de resistencia de Micaela, entre ellos una sandalia y cabellos arrancados durante el forcejeo.
La Fiscalía hizo especial hincapié en la participación de ambos acusados y sostuvo que Wagner no actuó por su cuenta. Para respaldar esa posición, recordó las declaraciones del propio condenado, quien durante este segundo debate volvió a involucrar directamente a Pavón. Wagner relató que ambos participaron del abordaje de la joven y aseguró que su antiguo empleador tuvo intervención en la agresión sexual, el asesinato y el posterior ocultamiento del cuerpo. Su testimonio constituye uno de los elementos centrales que el tribunal deberá valorar junto con el resto de las pruebas.
Otro aspecto señalado por los fiscales fueron las maniobras posteriores al crimen. Según la acusación, Pavón habría colaborado para facilitar la fuga de Wagner, proporcionándole dinero y ayudándolo a trasladarse hacia Buenos Aires. Para el Ministerio Público, esos comportamientos forman parte de una secuencia que permite sostener que el acusado conocía lo ocurrido y había tenido una participación mucho más amplia que la reconocida en el primer proceso judicial.
La historia judicial del caso tuvo un recorrido complejo. En octubre de 2017, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y femicidio de Micaela, mientras que Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Sin embargo, la situación de este último volvió a quedar bajo revisión judicial luego de que distintas instancias cuestionaran la valoración de las pruebas y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara realizar un nuevo juicio en diciembre de 2024.
Ese nuevo debate comenzó el 29 de octubre de 2026 en los Tribunales de Gualeguay. El objetivo es determinar si Pavón tuvo participación directa como coautor del femicidio y del abuso sexual, una responsabilidad penal considerablemente más grave que el encubrimiento por el que había sido condenado inicialmente. Durante su declaración, el acusado negó haber intervenido en el crimen, sostuvo que es inocente y responsabilizó exclusivamente a Wagner.
La querella, que representa a los padres de Micaela, acompañó el pedido de prisión perpetua formulado por la Fiscalía. Los representantes de la familia consideraron que las pruebas presentadas durante el debate permiten sostener la responsabilidad de Pavón y reclamaron que se haga justicia por la joven. También recordaron el compromiso social y militante de Micaela, quien participaba en actividades solidarias y en espacios vinculados a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.
La defensa, por su parte, solicitó la absolución del acusado. Sus abogados cuestionaron la credibilidad del testimonio de Wagner y sostuvieron que sus declaraciones no constituyen pruebas suficientes para atribuirle a Pavón la autoría del crimen. También rechazaron que existan elementos concluyentes que demuestren su participación directa en el ataque. El acusado reiteró su inocencia y pidió que el tribunal valore las pruebas sin dejarse influenciar por la repercusión pública que tuvo el caso.
El juicio también volvió a poner en primer plano la figura de Micaela y el impacto que su asesinato tuvo en la sociedad argentina. La joven tenía 21 años, estudiaba Educación Física y militaba por los derechos de las mujeres. Su femicidio generó una enorme conmoción y se convirtió en uno de los casos que impulsaron la discusión sobre la violencia de género y la responsabilidad de las instituciones del Estado. En diciembre de 2018 se sancionó la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Tras los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa, el tribunal integrado por los jueces Santiago Brugo, Nicolás Gazali y Maximiliano Otto Larocca Rees pasó a un cuarto intermedio. El adelanto del veredicto fue fijado para el próximo 30 de noviembre a las 8. De esta manera, después de casi una década de reclamos judiciales, la familia de Micaela espera una nueva resolución sobre la responsabilidad de Pavón en uno de los femicidios que marcaron la historia reciente de la Argentina.
Con ayuda de La Nueva Mañana
