Un grupo de personas saqueó una sucursal de la empresa Andreani en Aguas Blancas, localidad salteña ubicada en la frontera con Bolivia. El episodio ocurrió en medio de una creciente conflictividad social vinculada con la caída del consumo, la reducción de la actividad comercial y los cambios en el traslado informal de mercaderías. El interventor municipal, Adrián Zigarán, advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas de la población y alertó sobre el clima de tensión que atraviesa la zona.
El mediodía del martes 10 de noviembre, un grupo de personas ingresó y saqueó una oficina de la empresa de encomiendas Andreani en Aguas Blancas, municipio del departamento Orán, ubicado sobre la frontera internacional con Bolivia. El establecimiento quedó prácticamente destruido y los atacantes se llevaron gran parte de los elementos que se encontraban en su interior. El hecho generó preocupación entre los comerciantes y habitantes de la localidad, especialmente porque durante las horas posteriores comenzaron a circular advertencias sobre la posibilidad de nuevos episodios de violencia. La intervención policial se produjo durante el saqueo, aunque hasta el momento de la publicación de la información no se habían confirmado detenciones.
El interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, vinculó el episodio con el deterioro de la situación económica y social que atraviesa la zona fronteriza. Según explicó, la caída de las ventas y del consumo redujo considerablemente el movimiento comercial que históricamente caracterizó a esta región. La actividad económica local depende en buena medida del intercambio de mercaderías entre Argentina y Bolivia, un circuito que involucra a comerciantes, transportistas, carreros y trabajadores informales. Cuando ese movimiento disminuye, también se reducen las oportunidades de generar ingresos para una población que encuentra en estas actividades una de sus principales fuentes de subsistencia.
Uno de los cambios más importantes que atraviesa la economía fronteriza está relacionado con la transformación de los mecanismos utilizados para trasladar mercadería. Durante años, una parte importante de los habitantes de Aguas Blancas obtuvo ingresos mediante el trabajo de los denominados bagayeros y carreros, personas que transportaban productos entre ambos lados del río Bermejo. Sin embargo, el crecimiento de los servicios de encomiendas modificó ese circuito comercial y comenzó a desplazar a quienes dependían del traslado tradicional de productos. Según Zigarán, cuando asumió la intervención municipal había apenas cuatro o cinco carreros, mientras que en el último desfile patrio llegó a contabilizar alrededor de 500 personas que buscaban incorporarse a esa actividad para conseguir ingresos.
El funcionario explicó que algunos mayoristas de Bolivia comenzaron a ofrecer servicios gratuitos de envío de mercadería mediante empresas de encomiendas instaladas en Aguas Blancas. De esta manera, los productos pueden ingresar al circuito de distribución sin pasar por los trabajadores que históricamente realizaban el traslado manual mediante carritos o transportes particulares. Una vez que llegan a la localidad argentina, los paquetes continúan su recorrido hacia distintos puntos del país, en algunos casos mediante vehículos propios de los destinatarios. Este mecanismo modifica la distribución de los ingresos dentro de la economía fronteriza y deja a numerosos trabajadores tradicionales sin posibilidades de participar de una actividad que durante años representó su principal fuente laboral.
La situación también afecta a otros sectores vinculados con el movimiento comercial. Los taxistas y remiseros cuentan con menos pasajeros, mientras que los transportistas encuentran dificultades para conseguir la misma cantidad de carga que trasladaban anteriormente. La reducción de la actividad impacta sobre una cadena de trabajadores que depende del intercambio entre ambos países y que no cuenta necesariamente con alternativas laborales formales para reemplazar esos ingresos. En este contexto, el crecimiento de los servicios de encomiendas aparece como un factor adicional de transformación económica que profundiza las tensiones entre los distintos actores que participan del circuito comercial fronterizo.
Zigarán también planteó cuestionamientos sobre las condiciones en las que funcionan las empresas de encomiendas y las diferencias que existirían respecto de los controles que deben afrontar los transportistas tradicionales. En una presentación ante la Justicia Federal, el interventor sostuvo que las encomiendas y los colectivos de la empresa San Antonio no serían revisados por Gendarmería Nacional y, por lo tanto, no estarían expuestos a los mismos riesgos de decomiso que enfrentan otros trabajadores del transporte de mercadería. Estas afirmaciones forman parte de los planteos realizados por el funcionario ante la Justicia y abren interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y las condiciones de competencia entre las distintas modalidades de traslado.
El propio interventor reconoció que el municipio habilitó la instalación de empresas de encomiendas, aunque aclaró que la cantidad de firmas se redujo de nueve a cinco, en parte por la caída de las ventas en la frontera. Frente a las críticas por los permisos otorgados, sostuvo que no puede prohibir actividades que no estén expresamente impedidas por la normativa vigente. Mientras tanto, durante la tarde del martes, la tensión continuaba en distintos sectores de la localidad. Zigarán informó que había grupos de personas en los cerros ubicados detrás de la comisaría y otros en las playas del río Bermejo. También manifestó que existía temor ante posibles nuevos saqueos, particularmente dirigidos a comercios que comercializan bebidas alcohólicas.
El saqueo de la oficina de Andreani expone una problemática que va más allá de un episodio de inseguridad y obliga a observar las transformaciones económicas y laborales que atraviesan las comunidades de frontera. La caída del consumo, la reducción del comercio informal y la reconversión de los sistemas de transporte de mercaderías están modificando las condiciones de subsistencia de cientos de habitantes. En una región donde gran parte de la población depende de actividades informales, la falta de alternativas laborales puede profundizar los conflictos sociales. El escenario de Aguas Blancas plantea así un desafío para las autoridades nacionales, provinciales y municipales: abordar las causas económicas de la conflictividad, garantizar controles equitativos y generar oportunidades de trabajo que permitan sostener a las familias que viven del movimiento comercial fronterizo.
Fuente: Página/12
