Una investigación de Página/12 reconstruye las profundas diferencias entre Emilio Ogñénovich, quien encabezó la diócesis de Mercedes durante la última dictadura militar y fue señalado por justificar la represión ilegal, y el actual arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, que reivindica la democracia, la justicia social y los derechos laborales. El contraste vuelve a poner en discusión el papel de la Iglesia católica frente al poder político, las violaciones de los derechos humanos y las políticas económicas que afectan a los sectores populares.
La historia de la Iglesia católica en Luján permite observar dos posicionamientos muy diferentes frente a los acontecimientos políticos y sociales de la Argentina. Una investigación publicada por Página/12 recupera las trayectorias de Emilio Ogñénovich y Jorge Eduardo Scheinig, dos autoridades eclesiásticas que representan miradas profundamente distintas sobre el vínculo entre religión, poder y sociedad. Mientras el primero fue señalado por justificar la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, el actual arzobispo de Mercedes-Luján sostiene un discurso centrado en la democracia, la justicia social, la dignidad humana y la defensa de los derechos de los trabajadores.
El contraste adquiere una dimensión histórica particular porque la Basílica de Nuestra Señora de Luján constituye uno de los principales símbolos religiosos y populares del país. En junio de 1982, cuando la dictadura militar atravesaba su derrumbe político y la Guerra de Malvinas llegaba a su desenlace, el papa Juan Pablo II visitó el santuario y fue recibido por Emilio Ogñénovich, quien acababa de asumir como obispo de Mercedes. Cuarenta y cuatro años después, Jorge Eduardo Scheinig encabeza la arquidiócesis en una Argentina democrática, gobernada por Javier Milei, y expresa públicamente una preocupación por las consecuencias sociales de las decisiones económicas y políticas. La comparación no se limita a dos trayectorias individuales: plantea qué responsabilidad deben asumir las autoridades religiosas frente a las injusticias y el sufrimiento de la población.
Ogñénovich había sido designado obispo de Mercedes el 8 de junio de 1982 y asumió dos días después, apenas un día antes de la llegada de Juan Pablo II. Su trayectoria anterior estaba vinculada con Bahía Blanca, donde había ejercido como vicario general desde 1975 y obispo auxiliar desde 1979. Se trataba de una ciudad atravesada por el funcionamiento del aparato represivo organizado alrededor del V Cuerpo de Ejército, responsable de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura. Posteriormente, en 1997, cuando se creó la arquidiócesis de Mercedes-Luján, Ogñénovich se convirtió en su primer arzobispo. Su paso por la Iglesia quedó atravesado por cuestionamientos relacionados con su comportamiento frente a las denuncias de familiares de personas desaparecidas.
Uno de los testimonios centrales recuperados por la investigación es el de Emilio Fermín Mignone, abogado, educador, dirigente católico y uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Su hija, Mónica María Candelaria Mignone, fue secuestrada el 14 de mayo de 1976. Desde entonces, junto con su esposa Angélica Sosa, conocida como Chela, inició una búsqueda que incluyó presentaciones ante autoridades militares, políticas y religiosas. Mignone acudió a distintos integrantes de la jerarquía eclesiástica con la expectativa de que intervinieran para conocer el destino de su hija. Según su declaración judicial, cuando mantuvo una conversación con Ogñénovich, el religioso justificó reiteradamente la actuación de las Fuerzas Armadas, incluida la represión ilegal, y se negó a intervenir para ayudarlo a encontrar respuestas.
El testimonio de Mignone quedó incorporado a una causa judicial iniciada años después por el propio Ogñénovich contra el periódico El Civismo, de Luján, por publicaciones que cuestionaban su actuación durante la dictadura. En ese expediente, el padre de Mónica relató los detalles de su encuentro con el religioso y sostuvo que había encontrado una actitud de justificación de la represión en lugar de una respuesta solidaria frente a la desaparición de su hija. Si bien ese testimonio no constituye por sí mismo una condena penal contra el exarzobispo, representa un antecedente documental relevante para reconstruir el comportamiento de determinados sectores de la jerarquía católica durante el terrorismo de Estado. Ogñénovich falleció en enero de 2011, pero los cuestionamientos sobre su trayectoria continuaron formando parte de la discusión pública.
La investigación también recupera documentación del archivo de correspondencia de Emilio y Chela Mignone, publicado por el CELS, que demuestra que las autoridades de la Iglesia recibieron denuncias sobre desapariciones desde los primeros meses posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los familiares acudían a obispos, cardenales y representantes del Vaticano para solicitar información e intervención ante las autoridades militares. Sin embargo, las respuestas fueron diferentes: mientras algunos religiosos acompañaron a las víctimas y denunciaron las violaciones de derechos humanos, otros relativizaron las denuncias o mantuvieron posiciones cercanas a las explicaciones del régimen. Entre quienes asumieron una actitud crítica se destacó Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, quien ya en junio de 1976 describía las desapariciones como parte de una política represiva organizada. Esa diferencia de posicionamientos permite comprender que dentro de la propia Iglesia existieron voces que enfrentaron a la dictadura y otras que, por acción u omisión, contribuyeron a legitimar sus prácticas.
En contraste con aquel pasado, el actual arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, construyó un posicionamiento público vinculado con la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos laborales. Una de las expresiones más concretas de esa orientación se produjo en febrero de 2026, cuando respaldó expresamente un documento de la Pastoral Social que reivindicaba la necesidad de garantizar jornadas laborales razonables, salarios dignos y el respeto por las conquistas históricas de los trabajadores. Su postura coloca nuevamente a la doctrina social de la Iglesia en el centro de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar ocupan el trabajo, la dignidad humana y la protección de los sectores populares frente a las transformaciones económicas y las decisiones de los gobiernos. De esta manera, Scheinig expresa una mirada eclesiástica que no se limita a la dimensión espiritual, sino que también interviene en los debates sobre las condiciones materiales de vida de la sociedad.
La comparación entre ambos religiosos adquiere especial relevancia en el contexto político y económico actual. Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una transformación profunda del Estado y de las relaciones laborales, las expresiones de Scheinig y de otros sectores de la Iglesia recuperan principios históricos vinculados con la justicia social, la solidaridad y la protección de los trabajadores. El debate también se conecta con los mensajes del papa León XIV durante su visita a la Argentina, en los que se puso el foco en el trabajo, los derechos sociales, la atención de las personas vulnerables y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. La historia de Luján demuestra que la relación entre Iglesia y política nunca fue ajena a las disputas de cada época. Entre la justificación de la represión y la defensa de los derechos humanos, entre el silencio frente a las desapariciones y el compromiso con los trabajadores, las trayectorias de Ogñénovich y Scheinig representan dos formas muy distintas de interpretar la responsabilidad social de una institución que ocupa un lugar central en la historia argentina.
Fuente: Página/12
