Comunidades indígenas de Santa Victoria Este, en el límite entre Argentina y Paraguay, atraviesan una situación crítica por la interrupción del suministro de agua potable. Mientras el municipio distribuye agua mediante camiones cisterna, algunas familias no cuentan con recipientes para almacenarla porque dependían exclusivamente de la red domiciliaria. Ante la falta de respuestas definitivas, los habitantes advirtieron que podrían cortar la ruta 54, vinculada al proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio.
La falta de acceso al agua potable volvió a exponer las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan numerosas comunidades indígenas del norte de Salta. En Santa Victoria Este, localidad ubicada en la zona fronteriza entre Argentina y Paraguay, distintas familias llevan tres días sin recibir suministro y reclaman una solución que permita garantizar el acceso permanente a este recurso esencial. La interrupción del servicio generó preocupación entre los habitantes, que dependen del abastecimiento público para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar, higienizarse y mantener condiciones adecuadas de salud. Frente a la prolongación del problema, las comunidades comenzaron a exigir una respuesta concreta de las autoridades y reclamaron la construcción de un nuevo pozo de agua.
Ante la emergencia, la Municipalidad puso en marcha un operativo de distribución mediante camiones cisterna. Según la información difundida, dos vehículos realizan dos recorridos diarios para abastecer a las familias afectadas. Sin embargo, la asistencia presenta dificultades que impiden resolver completamente la situación. Algunas familias no tienen recipientes adecuados para almacenar el agua que reciben, debido a que anteriormente contaban con suministro a través de la red y no necesitaban disponer de tanques o bidones de gran capacidad. Esta circunstancia demuestra que la distribución de emergencia, aunque necesaria, no alcanza por sí sola para garantizar el abastecimiento cotidiano de toda la población afectada.
El reclamo principal de las comunidades apunta a la construcción de un nuevo pozo que permita recuperar y asegurar el suministro de agua. Los habitantes consideran que la distribución mediante camiones cisterna constituye una respuesta transitoria y que resulta indispensable avanzar con una solución de infraestructura que evite que el problema vuelva a repetirse. La disponibilidad de agua no puede depender exclusivamente de operativos municipales que requieren traslados permanentes y cuya capacidad está condicionada por los recursos disponibles. Para las familias que viven en la zona, contar con una fuente de abastecimiento estable representa una necesidad fundamental para desarrollar sus actividades cotidianas y garantizar condiciones dignas de vida.
La ubicación geográfica de Santa Victoria Este agrega otro elemento de preocupación. La región se encuentra expuesta a las crecidas del río Pilcomayo, un fenómeno que puede provocar aislamiento territorial y complicar las comunicaciones y el acceso a servicios esenciales. Las comunidades advierten que, si el nivel del río aumenta, algunas familias podrían quedar aisladas y sin posibilidades de acceder al agua potable. Esta situación vuelve todavía más urgente la necesidad de contar con infraestructura que permita almacenar y distribuir el recurso incluso durante períodos de emergencia. La falta de previsión y de soluciones permanentes puede profundizar las dificultades de poblaciones que ya enfrentan importantes obstáculos para acceder a servicios básicos.
La problemática también vuelve a poner en discusión las desigualdades que afectan a los pueblos originarios en distintas regiones del norte argentino. El acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, y su garantía requiere políticas públicas sostenidas que contemplen las características territoriales y sociales de cada comunidad. Cuando una población depende de camiones cisterna para cubrir sus necesidades básicas, queda expuesta a una situación de fragilidad que condiciona su vida cotidiana. La falta de infraestructura hídrica no solamente representa un problema de servicios públicos: también tiene consecuencias sobre la salud, la alimentación, la educación y las posibilidades de desarrollo de las familias.
Ante la falta de respuestas que permitan resolver el problema de fondo, los habitantes de la zona advirtieron que podrían realizar un corte sobre la ruta nacional 54. La amenaza de una medida de fuerza busca visibilizar la situación y exigir que las autoridades atiendan el reclamo por un nuevo pozo de agua. La ruta tiene además una importancia estratégica porque forma parte del proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio, una iniciativa de integración regional destinada a conectar territorios productivos y comerciales de Sudamérica. La posibilidad de que una protesta afecte la circulación sobre ese corredor evidencia la dimensión del conflicto y la decisión de las comunidades de utilizar herramientas de reclamo para obtener respuestas.
El contraste entre los proyectos de infraestructura vinculados con la integración comercial y las necesidades básicas de las poblaciones que habitan esos mismos territorios también forma parte del debate. Mientras el Corredor Bioceánico Capricornio busca fortalecer la conectividad y el intercambio económico entre países de la región, las comunidades indígenas de Santa Victoria Este reclaman obras fundamentales para garantizar el acceso al agua. El desarrollo territorial no puede limitarse a mejorar las condiciones de circulación de mercancías y actividades productivas: también requiere inversiones que aseguren servicios esenciales para quienes viven en las zonas atravesadas por esos proyectos. La infraestructura debe contemplar a las poblaciones locales y sus derechos, especialmente en regiones históricamente postergadas.
La situación de las familias indígenas de Santa Victoria Este vuelve a mostrar que el acceso al agua potable continúa siendo una deuda social en distintos puntos del país. Tres días sin suministro, dificultades para almacenar el agua distribuida mediante camiones y la posibilidad de quedar aislados por las crecidas del Pilcomayo configuran un escenario que requiere respuestas urgentes y planificación a largo plazo. Las comunidades no reclaman únicamente asistencia para atravesar una emergencia, sino una solución estructural que les permita contar con agua de manera segura y permanente. La construcción de un nuevo pozo aparece como el eje central de esa demanda y como una condición indispensable para garantizar un derecho básico que no debería depender de la capacidad de protesta de quienes lo necesitan.
Fuente: Página 12
