La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo pasado. El juez Juan Manuel Fernández López rechazó los planteos presentados por las defensas y ratificó la acusación impulsada por la Fiscalía. Claudio Gabriel Barrelier está acusado de abuso sexual y homicidio triplemente calificado, mientras que otras cinco personas deberán responder por presunto encubrimiento agravado.
La causa por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en la ciudad de Córdoba, avanzó hacia una nueva instancia judicial luego de que el juez Juan Manuel Fernández López rechazara las oposiciones presentadas por las defensas de los imputados y ratificara el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía de Instrucción. La resolución representa un paso importante en uno de los casos de violencia de género que mayor conmoción generó en la provincia durante 2026. De esta manera, Claudio Gabriel Barrelier, señalado como principal responsable del crimen, deberá enfrentar un juicio oral junto a otras cinco personas acusadas de haber participado en maniobras posteriores destinadas, según la investigación, a favorecerlo y encubrir los hechos.
El magistrado consideró que existen elementos probatorios suficientes y que se encuentra reunido el grado de probabilidad requerido para que las responsabilidades penales de los acusados sean debatidas en un juicio oral y público. La decisión ratifica la investigación desarrollada por el fiscal Raúl Garzón, quien reunió diferentes pruebas, testimonios y pericias para reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior asesinato de la adolescente. Con el rechazo de los planteos defensivos, la causa mantiene su estructura acusatoria y queda encaminada hacia el debate judicial, donde deberán analizarse las pruebas y determinarse las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
Barrelier llegará al juicio acusado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género, figura que constituye el delito de femicidio. Se trata de una de las calificaciones penales más graves previstas por la legislación argentina y contempla la posibilidad de prisión perpetua en caso de una condena. Además, el principal imputado deberá responder por otro episodio denunciado por Milagros Melgarejo, por el que enfrenta cargos de privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma. Este segundo expediente también fue incorporado al proceso judicial, por lo que el debate no se limitará exclusivamente al asesinato de Agostina.
Junto a Barrelier serán juzgadas otras cinco personas: Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba. Los cinco están acusados de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real, debido a distintas conductas que, según la hipótesis de la investigación, habrían contribuido a ocultar pruebas, dificultar el esclarecimiento del crimen o beneficiar al principal acusado después de ocurrido el hecho. La resolución judicial estableció una diferenciación entre la responsabilidad directa que la Fiscalía atribuye a Barrelier y las presuntas maniobras de encubrimiento que habrían desplegado personas de su entorno.
Entre los elementos considerados por el juez aparecen las acciones atribuidas a Soledad Andrea Andreani, a quien se le imputa haber facilitado el automóvil que presuntamente fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente. También se le atribuyen el lavado de prendas y la posterior limpieza del vehículo. En el caso de Osvaldo Miguel Fassetta, la investigación señala que habría mantenido reiteradas comunicaciones con Barrelier para informarle sobre los avances de la búsqueda de Agostina y los movimientos de quienes intentaban encontrarla. Estas conductas forman parte de las pruebas que deberán ser examinadas durante el juicio para establecer si existió una colaboración deliberada destinada a obstaculizar la investigación.
Por su parte, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz también quedaron comprendidos en la acusación por presuntas acciones vinculadas con el ocultamiento de información y la supresión de elementos que podían resultar importantes para los peritos. Según los fundamentos judiciales, los tres habrían estado vinculados con el inmueble donde se desarrollaron los hechos y con circunstancias posteriores que forman parte de la investigación. La Justicia deberá determinar durante el debate qué grado de conocimiento tenía cada uno sobre lo ocurrido y si sus conductas constituyeron efectivamente el delito de encubrimiento agravado. La individualización de las responsabilidades será uno de los puntos centrales del proceso, que deberá respetar las garantías judiciales de todos los acusados.
La resolución también respondió a los planteos de la querella particular que representa al padre de la víctima. La representación familiar había solicitado profundizar la imputación contra Marianela Palmero y ampliar las actuaciones contra otras dos personas: Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido en esta instancia al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar con esas incorporaciones. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de que la investigación respecto de estas dos personas pueda reanudarse si durante el desarrollo del juicio oral aparecen nuevas pruebas que justifiquen profundizar las actuaciones. De esta manera, el fallo delimitó el alcance de las acusaciones actuales, sin cerrar definitivamente otras posibles líneas de investigación.
El femicidio de Agostina Vega dejó una profunda conmoción en Córdoba y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres, la protección de las adolescentes y la necesidad de respuestas judiciales frente a los crímenes de género. Con la confirmación de la elevación a juicio, la causa ingresa en una etapa decisiva en la que deberán exponerse y analizarse las pruebas reunidas durante la investigación. La familia de la víctima continúa reclamando justicia y el esclarecimiento integral de lo ocurrido. Mientras tanto, los seis imputados deberán enfrentar el proceso oral, donde se determinará la responsabilidad penal que corresponda a cada uno. El caso vuelve a poner en primer plano la importancia de que las investigaciones por violencia de género avancen con rigor y que las víctimas y sus familias reciban respuestas institucionales.
Con ayuda de La Nueva Mañana
