Óscar Puente anunció su dimisión luego de comparecer durante más de cuatro horas ante el Congreso y dar explicaciones por las tragedias de Adamuz y Urda. Los siniestros ocurrieron en menos de un año y reabrieron el debate sobre los sistemas de seguridad y los controles de la red ferroviaria española.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció su renuncia este martes 3 de noviembre, en medio de la crisis política y social provocada por dos graves accidentes ferroviarios que dejaron un saldo de 115 personas fallecidas durante 2026. La decisión fue comunicada al finalizar una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde debió responder por el último siniestro y por las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.
«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», sostuvo Puente al explicar su decisión. El funcionario también anunció que dejará de encabezar la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Valladolid para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Según explicó, había decidido dar un paso al costado después del accidente más reciente, pero permaneció en el cargo para atender la emergencia, avanzar con las primeras investigaciones y poner en marcha medidas de seguridad.
La primera tragedia ocurrió el 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando un tren de la compañía Iryo que cubría el recorrido entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contigua. Allí colisionó con una formación Alvia de Renfe que circulaba en dirección contraria hacia Huelva. El impacto provocó la muerte de 46 personas y dejó numerosos heridos, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en las últimas décadas.
El segundo siniestro tuvo lugar el 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que se encontraba detenida en las vías. El impacto, que se habría producido a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó 69 víctimas fatales y más de 200 personas heridas. La investigación preliminar apunta a una falla en el sistema de señalización y comunicaciones que intervino en la secuencia de acontecimientos previa a la colisión.
Durante su exposición ante los legisladores, Puente brindó explicaciones sobre las circunstancias del choque y las decisiones adoptadas desde el centro de control ferroviario. Entre los elementos bajo investigación se encuentra la autorización para que el tren de Renfe retomara la marcha mientras la formación de Iryo todavía permanecía detenida sobre la misma vía. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo esa decisión, qué fallas técnicas intervinieron y si los protocolos vigentes fueron aplicados correctamente. Hasta el momento, las responsabilidades definitivas por los accidentes no fueron establecidas.
En respuesta a la crisis, el Gobierno español anunció cambios en los procedimientos de circulación y en los mecanismos de seguridad. Entre las medidas se contempla reducir la frecuencia de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, reforzar la dotación de personal en los centros de control y establecer que, ante una falla del sistema de bloqueo automático, un segundo controlador deba validar las órdenes de circulación. También se prevé limitar a 40 kilómetros por hora la marcha de los trenes cuando los conductores deban avanzar a la vista para comprobar que las vías estén despejadas.
La crisis ferroviaria también abrió un nuevo frente de discusión sobre la infraestructura y las inversiones necesarias para garantizar la seguridad del transporte público. Entre los anuncios oficiales figura acelerar la implementación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, conocido como ERTMS, además de incorporar herramientas tecnológicas para monitorear la red y detectar posibles anomalías. El Gobierno también aprobó un paquete de asistencia para las víctimas y sus familias, que contempla duplicar las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros y facilitar anticipos económicos y coberturas para las personas heridas.
La renuncia de Puente se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos de la oposición y de reclamos para que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas por las tragedias. El ministro sostuvo que su decisión responde a una cuestión de dignidad política y empatía con las víctimas, aunque no reconoció una responsabilidad directa por los dos accidentes. Mientras avanzan las investigaciones judiciales y técnicas, el Ejecutivo deberá enfrentar el desafío de recuperar la confianza de los usuarios y garantizar condiciones de seguridad en una de las redes de alta velocidad más importantes de Europa.
Fuente: Noticias Argentinas
