El Sindicato de Camioneros paralizó el ingreso y la descarga del equipo perforador VENVER-52 en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera, en Santa Cruz. El gremio reclama que los residuos de perforación sean trasladados en camiones hacia plantas de tratamiento ambiental, en lugar de ser depositados en trincheras dentro del propio yacimiento. Además, denunció que la modalidad impulsada por la operadora podría beneficiar exclusivamente a una empresa de transporte vinculada, dejando afuera a otros trabajadores y prestadores locales. El conflicto pone en tensión la defensa del empleo, los costos de la actividad petrolera y las condiciones ambientales de la explotación.
El conflicto entre el Sindicato de Camioneros y las empresas que operan en la actividad hidrocarburífera de Santa Cruz escaló luego de que el gremio dispusiera el bloqueo del ingreso del equipo de perforación VENVER-52, perteneciente a la compañía de servicios Venver, en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera. La medida de fuerza busca impedir el avance de las operaciones hasta que se modifique el mecanismo previsto para el tratamiento de los residuos generados durante la perforación de pozos petroleros. La organización sindical cuestiona que la operadora haya optado por depositar esos materiales en trincheras dentro del mismo predio, una alternativa autorizada por el Gobierno provincial que elimina la necesidad de trasladarlos mediante camiones. Para los trabajadores, la decisión tiene consecuencias directas sobre la actividad de los transportistas y las fuentes laborales vinculadas a esa etapa de la producción.
El centro de la controversia está en el denominado sistema de «locación seca», un procedimiento que contempla retirar los residuos de perforación, conocidos como cutting, y transportarlos mediante camiones especializados hacia instalaciones habilitadas para su tratamiento. Este material está compuesto por fragmentos de roca, lodos y otros componentes que se generan durante la perforación de los pozos petroleros y requieren procedimientos específicos de disposición. Camioneros sostiene que el traslado hacia plantas de tratamiento permite sostener puestos de trabajo y garantizar una participación más amplia de los transportistas en la cadena de servicios de la industria. En contraposición, la alternativa de utilizar trincheras dentro del yacimiento evita esos recorridos y reduce los requerimientos logísticos. La discusión no se limita, por lo tanto, a una cuestión técnica: también involucra la distribución del trabajo y los contratos que se generan alrededor de la explotación petrolera.
Desde la organización sindical cuestionan que la autorización provincial para utilizar trincheras termine desplazando a los trabajadores del transporte de una actividad que históricamente generó empleo en las localidades petroleras. Santa Cruz atraviesa una situación económica compleja por la caída de la producción convencional y la reestructuración de su industria hidrocarburífera, un escenario que golpea especialmente a las comunidades del norte provincial. En ese contexto, Camioneros considera que cada decisión operativa que reduce la participación de los transportistas tiene consecuencias sobre el empleo local. El gremio sostiene que el traslado de los residuos hacia plantas de tratamiento representa una oportunidad de trabajo para choferes y empresas de servicios, mientras que la disposición dentro del mismo yacimiento elimina esa necesidad y concentra las decisiones operativas en las compañías responsables de la perforación.
La disputa también incorpora una denuncia sindical sobre el posible beneficio que recibiría una empresa vinculada a la operadora. Según las versiones recogidas por EconoJournal y reproducidas por InfoGremiales, desde Camioneros señalaron que la implementación de la locación seca podría terminar concentrando los servicios de transporte en la firma CAM, vinculada empresarialmente con la operadora. Desde esa perspectiva, el sindicato cuestiona que se utilice el argumento de mejorar las condiciones operativas para establecer un esquema que deje afuera a transportistas locales y favorezca a una compañía determinada. Se trata de una acusación gremial que deberá ser contrastada con las condiciones contractuales y las decisiones empresariales involucradas. Mientras tanto, el sector empresario calificó el bloqueo como una medida que obstaculiza la actividad y pone en riesgo el desarrollo de la campaña de perforación.
La medida de fuerza se produjo a menos de 24 horas de la visita del gobernador Claudio Vidal al yacimiento, donde había destacado la reactivación de las tareas petroleras y la incorporación de nuevos equipos. La campaña de Quintana Energy en Anticlinal Aguada Bandera contempla la perforación de cinco pozos entre 2026 y 2027, con una inversión anunciada de aproximadamente 10 millones de dólares. El programa incluye cuatro perforaciones de desarrollo y una exploratoria sobre la formación D-129, considerada relevante para evaluar nuevas posibilidades productivas en la región. El bloqueo de la torre VENVER-52 dejó en suspenso el inicio de las operaciones y abrió un interrogante sobre la continuidad del proyecto. De esta manera, una campaña presentada por el Gobierno provincial como parte de la recuperación de la actividad petrolera quedó atravesada por un conflicto gremial que involucra empleo, contratación de servicios y decisiones sobre el tratamiento de residuos.
El escenario resulta especialmente sensible para las localidades del norte santacruceño, donde la actividad petrolera constituye una fuente fundamental de empleo directo e indirecto. La salida de YPF de distintas áreas convencionales y el ingreso de nuevas operadoras modificaron las condiciones de funcionamiento de la industria, mientras los sindicatos y las empresas negocian cómo sostener los puestos de trabajo y recuperar niveles de inversión. En ese contexto, cada nueva perforación representa una expectativa para trabajadores petroleros, camioneros, personal de construcción y proveedores regionales. Sin embargo, la recuperación de la actividad también implica discutir qué empresas participan de los contratos, cómo se distribuyen los servicios y qué condiciones laborales se garantizan. El conflicto en Anticlinal Aguada Bandera expone esas tensiones y muestra que los anuncios de inversión no necesariamente se traducen en acuerdos sobre la distribución del trabajo dentro de la cadena productiva.
A la controversia laboral se suma la discusión ambiental sobre los mecanismos de disposición del cutting. La utilización de trincheras y el sistema de locación seca responden a procedimientos diferentes para gestionar los residuos de perforación, por lo que su aplicación debe estar respaldada por las evaluaciones técnicas y las autorizaciones correspondientes. Mientras la Provincia habilitó la disposición del material dentro del yacimiento, Camioneros reclama que sea retirado y trasladado a plantas especializadas. El debate exige distinguir entre los argumentos laborales del sindicato y las condiciones ambientales que deben cumplir las operadoras. La protección del ambiente y la generación de empleo no deberían presentarse como objetivos incompatibles, sino como dimensiones que deben contemplarse en cualquier esquema de explotación de los recursos naturales. En ese sentido, las autoridades provinciales tienen un papel relevante en garantizar controles, transparencia y cumplimiento de las normas aplicables.
El bloqueo del equipo perforador deja planteado un interrogante sobre el modelo de reactivación petrolera que busca impulsar Santa Cruz: qué condiciones se establecen para las empresas, cómo se garantiza la participación de los trabajadores y de los proveedores locales y quiénes terminan concentrando los beneficios de las inversiones. La campaña de Quintana Energy había sido presentada como una señal de recuperación para una industria golpeada por años de retroceso, pero el conflicto con Camioneros demuestra que la reactivación también requiere acuerdos laborales y reglas claras sobre la contratación de servicios. Mientras el gremio sostiene su reclamo por el transporte de los residuos y denuncia posibles beneficios para empresas vinculadas, las compañías advierten sobre las consecuencias de la paralización. La resolución dependerá de las negociaciones entre las partes y de las decisiones de las autoridades provinciales, en una disputa donde están en juego tanto la continuidad de las perforaciones como el futuro laboral de los trabajadores de la región.
Fuente: InfoGremiales
