El Banco Central paraguayo inició el procedimiento de resolución de una de las principales entidades financieras del país, luego de detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida afecta a cerca de tres millones de clientes y abrió una crisis económica y política que también involucra al gobierno de Santiago Peña.
El sistema financiero de Paraguay atraviesa una fuerte conmoción tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades bancarias con mayor cantidad de clientes del país. El Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió iniciar el procedimiento de resolución de la institución luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido por la normativa. La decisión fue adoptada por unanimidad el 2 de noviembre y anunciada oficialmente al día siguiente, con el objetivo declarado de proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.
La medida implicó la interrupción de los servicios de la entidad, incluidas sus sucursales, tarjetas y operaciones digitales. La situación generó preocupación entre millones de usuarios que quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas y ahorros. Según los datos difundidos por la propia entidad y organismos oficiales, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, una dimensión que explica el impacto social y económico de la decisión.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la devolución de los depósitos. El régimen paraguayo de garantía cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona o entidad en cada banco, unos 38.000 dólares aproximadamente. El Banco Central informó que activará los mecanismos previstos por la legislación para atender los reclamos y procurar la mayor protección posible de los saldos que superen ese límite. La cobertura, sin embargo, no significa que todos los depósitos estén garantizados en su totalidad.
La crisis también compromete recursos públicos y fondos vinculados al sistema previsional. El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal encargado de la seguridad social, mantenía inversiones de cientos de millones de dólares en la entidad y utilizaba sus servicios para gestionar pagos a jubilados. De acuerdo con información difundida por agencias internacionales, alrededor de 32.000 beneficiarios previsionales podrían verse alcanzados por las dificultades operativas. La situación abrió interrogantes sobre el resguardo de los recursos destinados a prestaciones sociales y sobre los controles aplicados a las entidades que administran fondos públicos.
El impacto financiero derivó rápidamente en una crisis política. El presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había tenido vínculos profesionales con Ueno antes de asumir al frente del organismo regulador. El propio Peña también había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025, una relación que quedó bajo cuestionamiento público a partir de la intervención. El mandatario anunció además que acordó con autoridades del Congreso impulsar un proyecto de ley para habilitar el uso de los fondos de garantía y acelerar los pagos a los ahorristas.
Las conexiones entre la entidad financiera y figuras del gobierno alimentaron los reclamos de sectores opositores, que anunciaron que impulsarán un juicio político contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. La oposición cuestiona la supervisión del banco y la posible existencia de conflictos de intereses en los vínculos entre la conducción política y los responsables del sistema financiero. Por su parte, el Banco Central sostuvo que se trata de una situación particular de Ueno Bank y que no representa una condición generalizada del sistema bancario paraguayo.
La crisis también avanzó hacia el terreno judicial. La Fiscalía ordenó medidas contra directivos de la entidad en el marco de una investigación por posibles irregularidades financieras. Según los reportes difundidos el 4 de noviembre, varios integrantes de la conducción del banco fueron detenidos mientras avanzan las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades. En paralelo, las autoridades regulatorias designaron interventores para verificar la situación patrimonial, preservar los activos y establecer cómo se desarrollará el procedimiento de resolución.
El caso de Ueno Bank representa un desafío para las autoridades paraguayas, tanto por la cantidad de personas afectadas como por el volumen de recursos privados y públicos comprometidos. La prioridad inmediata es determinar cómo se garantizará el acceso de los ahorristas a sus depósitos y qué ocurrirá con los fondos que exceden la cobertura legal. Al mismo tiempo, la investigación deberá esclarecer las causas del deterioro patrimonial y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de la entidad y de los organismos encargados de supervisarla. La evolución de este proceso será clave para recuperar la confianza en el sistema financiero y despejar las dudas sobre los controles estatales.
Fuente: Noticias Argentinas
