El Tribunal Supremo de Justicia otorgó 30 días hábiles a la Fiscalía para determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia un juicio de responsabilidades contra los exmandatarios. La denuncia los vincula con presuntos delitos de asesinato, torturas, vejaciones y privación de libertad durante un operativo policial realizado en 2009.
La Justicia boliviana abrió una etapa preliminar de investigación contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos ocurridos durante el operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009. La decisión fue comunicada este martes 3 de noviembre por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que estableció un plazo de 30 días hábiles para que la Fiscalía General del Estado determine si corresponde avanzar con una acusación formal.
El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, explicó que el plazo ya se encuentra en curso y que será el Ministerio Público el encargado de dirigir las actuaciones, reunir antecedentes y emitir una resolución conclusiva. Al finalizar esta etapa, la Fiscalía deberá establecer si existen elementos suficientes para presentar un requerimiento acusatorio o si corresponde rechazar la proposición presentada por los denunciantes. La apertura de esta instancia no representa una condena ni implica que los exmandatarios hayan sido declarados culpables.
La denuncia fue impulsada por legisladores de la alianza opositora Libre y presentada ante la Fiscalía General en octubre. La proposición acusatoria atribuye a Morales y García Linera presuntas responsabilidades en los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad, por su posible intervención en decisiones vinculadas con el operativo policial. Ambos ejercían entonces los principales cargos del Poder Ejecutivo: Morales era presidente y García Linera ocupaba la vicepresidencia.
El caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales ingresaron al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El procedimiento terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, boliviano-húngaro; Michael Dwyer, de nacionalidad irlandesa; y Árpád Magyarosi, rumano-húngaro. Durante el operativo también fueron detenidos Elöd Tóásó y Mario Tadic, quienes quedaron vinculados a la investigación por el denominado caso terrorismo.
En aquel momento, el gobierno de Evo Morales sostuvo que el operativo había permitido desarticular un supuesto grupo armado que buscaba desestabilizar al país y promover la separación territorial. Sin embargo, las circunstancias de las muertes y las detenciones generaron denuncias y cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, reclamos que posteriormente llegaron a instancias internacionales.
Uno de los antecedentes relevantes es la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que examinó los hechos y atribuyó responsabilidad internacional al Estado boliviano por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el operativo. Ese pronunciamiento constituye un antecedente dentro del debate judicial, pero no equivale a una sentencia penal individual contra Morales o García Linera. La investigación que ahora se abre deberá determinar si existen elementos jurídicos para atribuirles responsabilidades personales por los delitos denunciados.
Como parte del procedimiento, el TSJ dispuso que los tribunales departamentales de Justicia de Cochabamba y Chuquisaca gestionen las notificaciones personales a ambos exmandatarios en sus domicilios. El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, anticipó que serán convocados a comparecer en los próximos días y advirtió que, si no responden a las citaciones, podría iniciarse el trámite para declararlos en rebeldía y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes, conforme al procedimiento legal.
Por tratarse de exmandatarios investigados por hechos presuntamente vinculados con el ejercicio de sus funciones, un eventual juicio de responsabilidades requiere la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una votación de dos tercios. Por ahora, la causa permanece en una instancia preliminar y la Fiscalía tiene 30 días hábiles para definir sus próximos pasos. El resultado de esa evaluación será determinante para saber si el expediente avanza hacia un proceso de responsabilidades o si la denuncia es desestimada.
Fuente: Noticias Argentinas
