La organización EMISCO presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación por la actuación del fiscal federal Oscar Fernando Arrigo en la causa que investiga al ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en Bariloche. Cuestionó el tratamiento de la presunta víctima, las prisiones preventivas y la valoración de los informes médicos del imputado.
Una nueva organización europea de derechos humanos presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo por su intervención en la causa que tiene como imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche. Se trata de EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion), entidad con sede en Estrasburgo, Francia, que solicitó a la Procuración General de la Nación que investigue posibles incumplimientos funcionales y evalúe la aplicación de sanciones y el apartamiento del funcionario del expediente.
La presentación fue firmada por el secretario general de la organización, Bashy Quraishy, e ingresó el 2 de noviembre en la Mesa de Entradas de la Procuración General. Según informó la entidad, el Ministerio Público Fiscal confirmó su recepción al día siguiente y la registró bajo el número CUDAP: EXP-MPF:0001625/2026. De esta manera, el planteo quedó formalmente incorporado al organismo encargado de intervenir en el control disciplinario de fiscales nacionales y federales, aunque esto no significa que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas.
Uno de los principales cuestionamientos de EMISCO se refiere al tratamiento de Elena Makarova, ciudadana rusa identificada en la investigación como presunta víctima de trata. La organización sostiene que la mujer manifestó en distintas oportunidades que no se considera víctima y que negó haber sufrido explotación o algún delito por parte de Rudnev. También menciona una carta manuscrita que Makarova habría enviado el 13 de junio de 2025 al juez federal Gustavo Zapata para solicitar que se la excluyera de esa condición. Según la denuncia, el documento fue remitido a la Fiscalía, pero no habría llegado oportunamente al conocimiento del magistrado.
La entidad europea también hace referencia a presentaciones posteriores realizadas por Makarova durante septiembre de 2025, en las que habría denunciado presuntas presiones para aceptar su condición de víctima, restricciones para comunicarse con su abogado y situaciones de aislamiento junto a su hijo recién nacido. EMISCO cuestiona, además, la decisión de la Fiscalía de no participar en una audiencia celebrada el 19 de septiembre de ese año y solicita que se investigue si esa actuación pudo afectar los derechos de la mujer. Estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Otro eje del planteo está relacionado con los pedidos de prisión preventiva y las prórrogas de detención de Rudnev, formulados entre abril de 2025 y junio de 2026. La organización solicita revisar si esas medidas estuvieron respaldadas por riesgos procesales concretos y si se analizaron alternativas menos restrictivas, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En ese sentido, recuerda que el juez federal Gustavo Zapata había dispuesto esa modalidad de detención en distintas oportunidades, pero las decisiones fueron recurridas por el Ministerio Público Fiscal y posteriormente revocadas por instancias judiciales superiores.
La denuncia también pone el foco en el estado de salud del ciudadano ruso y en la valoración que la Fiscalía habría realizado de los informes médicos incorporados al expediente. EMISCO menciona estudios de distintas especialidades que describirían daños nerviosos en ambas manos, problemas cardiovasculares y dificultades de movilidad. Como elemento central, cita un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal, fechado el 8 de octubre de 2026, que concluyó que Rudnev no reunía las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. Para la organización, ese dictamen obliga a revisar cómo fueron consideradas las advertencias médicas durante el proceso.
A partir de estos antecedentes, EMISCO invoca las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas y distintos estándares internacionales vinculados con los derechos de las personas privadas de libertad. También reclama que se examine la actuación fiscal a la luz de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. La organización sostiene que los fiscales deben actuar con objetividad y valorar tanto los elementos que respaldan una acusación como aquellos que podrían favorecer a las personas investigadas o modificar la interpretación de los hechos.
La denuncia está dirigida específicamente contra Arrigo en su condición de titular de la dependencia fiscal interviniente. EMISCO reconoce que algunas de las actuaciones cuestionadas fueron realizadas por otros integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos Gustavo Révora y Tomás Labal, por lo que pide determinar si Arrigo las dispuso, supervisó o consintió y si cumplió con sus responsabilidades de dirección. La presentación se suma a otras denuncias internacionales anteriores contra el fiscal por su actuación en el mismo expediente, entre ellas las impulsadas por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR). Ahora, la Procuración deberá evaluar el planteo y resolver si corresponde abrir una investigación administrativa o adoptar otras medidas, mientras la causa penal continúa en trámite.
Fuente: Noticias Argentinas
