La planta ubicada en Lanús atraviesa un nuevo conflicto laboral bajo su actual conducción. Los trabajadores denuncian que fueron despedidos sin cobrar indemnizaciones, que quienes continúan empleados reciben sus salarios de manera fraccionada y que la producción se detuvo por falta de azúcar.
La histórica fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, atraviesa una profunda crisis laboral y productiva que pone en incertidumbre a decenas de familias. Un total de 25 trabajadores fueron despedidos y denuncian que la empresa no les pagó las indemnizaciones correspondientes. Al mismo tiempo, quienes permanecen en sus puestos aseguran que cobran sus salarios en cuotas, no reciben los aumentos paritarios y enfrentan descuentos que no tienen explicaciones claras.
El conflicto se profundizó durante los últimos meses, luego de que la nueva conducción de la compañía, encabezada por el inversor Telmo Contrera, desvinculara a 30 empleados en junio. Cinco de ellos fueron reincorporados después de las gestiones realizadas, mientras que los otros 25 continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones. Según los trabajadores, la empresa justificó las cesantías mediante supuestas causas disciplinarias que consideran falsas y destinadas a evitar las obligaciones laborales.
Los testimonios de los despedidos reflejan el impacto económico y familiar de la situación. Valeria, una de las trabajadoras afectadas, denunció que en su telegrama le atribuyeron falta de interés y mal desempeño, pese a que durante años comenzaba su jornada a las 4.30 de la mañana. Cristian, de 53 años, también cuestionó la falta de respuestas de la empresa y aseguró que fueron echados sin recibir el dinero que les correspondía. Varios de los desvinculados acumulan décadas de antigüedad en la fábrica.
Uno de los casos más delicados es el de Esteban Martínez, quien trabajó durante 23 años en Lipo y fue despedido junto con su esposa, que tenía 25 años de antigüedad. La pareja tiene hijos que necesitan tratamientos y acompañamiento especializado, y la pérdida simultánea de ambos empleos también significó quedarse sin cobertura médica. Otras familias atraviesan dificultades similares para sostener tratamientos, medicamentos y gastos cotidianos después de perder sus ingresos.
La crisis también alcanza a los aproximadamente 65 trabajadores que continúan en actividad. Según denunciaron, los sueldos se pagan de manera fraccionada, no se respetan los incrementos acordados en paritarias y existen descuentos que no fueron debidamente aclarados. Los operarios advierten que la incertidumbre laboral se extiende a toda la planta y que las condiciones de trabajo se deterioran mientras siguen sin obtener respuestas concretas de la patronal.
A los problemas salariales se sumó la paralización de la producción durante una semana por falta de azúcar, un insumo indispensable para la elaboración de caramelos. La interrupción generó preocupación entre los empleados por la continuidad de la actividad y la posibilidad de nuevas cesantías. Los trabajadores también cuestionaron que, mientras se argumentan dificultades económicas, la empresa tendría previsto incorporar una máquina para fabricar gomitas y ampliar su línea de productos.
La situación de Lipo se inscribe en un conflicto que viene de años anteriores. La compañía ya había atravesado problemas financieros, atrasos salariales y medidas de fuerza por incumplimientos en el pago de haberes. Según reconstruyó el delegado Damián Polo en declaraciones a Página/12, la fábrica llegó a contar con entre 250 y 300 trabajadores y actualmente mantiene alrededor de 65 puestos. La reducción del personal y las dificultades para sostener la actividad reflejan el deterioro de una empresa con una larga trayectoria en la industria nacional de golosinas.
Pese a las denuncias, no existe por el momento una decisión confirmada de cierre de la planta. El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una nueva audiencia para el 17 de noviembre, con el objetivo de continuar las negociaciones entre la empresa y los trabajadores. Mientras tanto, los despedidos siguen reclamando las indemnizaciones adeudadas y quienes permanecen en sus puestos exigen regularizar los salarios y garantizar la continuidad laboral. El caso vuelve a poner en discusión el impacto de la caída del consumo y la crisis industrial sobre el empleo y las empresas argentinas.
Fuente: El Destape
