El secretario de Trabajo provincial, Mariano Camoirano, reconoció que durante el último semestre se perdieron entre 1.000 y 2.000 empleos registrados. También admitió que muchas empresas incumplen la obligación de informar las bajas de personal y descartó aplicar sanciones. El cierre de la planta avícola La China, los reclamos docentes y la crisis citrícola reflejan el deterioro del mercado laboral entrerriano.
La crisis del empleo sumó una nueva señal de alarma en Entre Ríos. El propio secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, reconoció que durante los últimos seis meses se registró una caída de entre 1.000 y 2.000 puestos de trabajo asalariado formal. La cifra surge de los registros disponibles para el organismo provincial, aunque el funcionario advirtió que no existe información completa sobre las desvinculaciones, debido a que numerosas empresas no cumplen con la obligación de comunicar las bajas de sus trabajadores. El reconocimiento oficial vuelve a poner en discusión el impacto de la caída de la actividad económica sobre el empleo y las dificultades del Estado para dimensionar el alcance de la crisis.
Camoirano explicó que los empleadores tienen la obligación de informar tanto las incorporaciones como las desvinculaciones de personal, pero que ese procedimiento no se cumple de manera generalizada. A pesar de esa irregularidad, el funcionario descartó la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas que no notifican las bajas. Para mejorar el seguimiento, la Secretaría de Trabajo trabaja en la integración de sus bases de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un mecanismo que todavía se encuentra en etapa de pruebas. La intención oficial es acceder a información más rápida y detallada sobre la evolución del empleo registrado.
Los datos del Observatorio Laboral de Entre Ríos ya mostraban un retroceso significativo. El informe elaborado en abril de 2026, con registros correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, contabilizó 134.886 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Entre diciembre y febrero se habían perdido 3.110 puestos, mientras que la comparación interanual arrojó una caída de 1.204 empleos. El relevamiento reflejó así una reducción de la cantidad de trabajadores registrados en una provincia donde distintos sectores productivos y comerciales vienen manifestando dificultades para sostener sus niveles de actividad.
Uno de los casos más graves es el de la planta avícola La China, perteneciente a Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay. El establecimiento cerró sus puertas en mayo y la medida afectó inicialmente a cerca de 1.000 trabajadores. Consultado sobre las posibilidades de reactivación, Camoirano reconoció que las gestiones impulsadas por el Gobierno provincial no consiguieron avances concretos. También señaló que los propios exempleados observan con pesimismo la posibilidad de que aparezca un interesado en adquirir la empresa y recuperar la actividad, incluso mediante una eventual compra en el marco de una quiebra.
Ante la emergencia social que atraviesan las familias afectadas por el cierre, la Provincia comprometió un segundo subsidio económico, cuya implementación estaba prevista para los días posteriores a las declaraciones del funcionario. También se mantienen entregas de módulos alimentarios con una frecuencia aproximada de entre tres semanas y un mes. Sin embargo, estas medidas representan una asistencia transitoria y no resuelven el problema central de los trabajadores: la pérdida de sus fuentes de ingresos y la falta de perspectivas concretas para recuperar sus empleos. La situación de La China se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del impacto de la crisis productiva en el territorio entrerriano.
La preocupación también alcanza a otros sectores. Camoirano mencionó los reclamos de los trabajadores docentes y la situación de los empleados de la actividad citrícola, que atraviesan una temporada particularmente difícil. En el caso de los docentes, el funcionario señaló que recibió planteos vinculados con la necesidad de abrir una instancia paritaria y con problemáticas de salud laboral. La Secretaría de Trabajo se comprometió a trasladar los reclamos a las autoridades educativas y gubernamentales para buscar una instancia de diálogo. En paralelo, los trabajadores citrícolas enfrentan dificultades económicas y laborales que agregan presión sobre las economías regionales.
El deterioro también se refleja en el comercio. El secretario de Trabajo reconoció que las delegaciones reciben de manera permanente consultas, acuerdos de desvinculación y audiencias entre empleadores y trabajadores. En Paraná, el cierre de establecimientos comerciales sobre la peatonal San Martín se volvió una imagen recurrente de las dificultades que atraviesa el consumo. Camoirano describió una actividad administrativa constante en las oficinas laborales, con negociaciones por desvinculaciones y acuerdos indemnizatorios. Este movimiento evidencia que el problema no se concentra en una sola actividad, sino que alcanza a distintos rubros de la economía provincial.
El reconocimiento oficial de la pérdida de entre 1.000 y 2.000 puestos de trabajo vuelve a exponer la fragilidad del mercado laboral entrerriano. A la caída del empleo registrado se suma la falta de información completa sobre las bajas, una situación que dificulta establecer con precisión cuántos trabajadores quedaron fuera del sistema. Mientras el Gobierno provincial busca mejorar sus herramientas de seguimiento y sostiene programas de asistencia para los sectores afectados, miles de familias enfrentan la incertidumbre de perder sus ingresos. La crisis de la planta La China, los conflictos docentes, las dificultades del citrus y los cierres comerciales muestran que detrás de las estadísticas hay comunidades enteras que dependen de la recuperación del trabajo y de la actividad productiva.
Fuente: InfoGremiales
