Con las renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que se harán efectivas a fines de noviembre, Maximiliano Pullaro completará una profunda reconfiguración del máximo tribunal santafesino. Seis de sus siete integrantes habrán llegado durante su gestión o por impulso de su gobierno. La renovación abre interrogantes sobre la independencia judicial y la concentración de poder en la provincia.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está a punto de concretar uno de los principales objetivos políticos que se propuso desde el inicio de su gestión: transformar la composición de la Corte Suprema de Justicia provincial y terminar con la histórica mayoría de ministros vinculados al peronismo. La presentación de las renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que dejarán sus cargos a partir del 30 de noviembre, marca el cierre de un proceso de recambio que atravesó buena parte de los tres años de gobierno radical. Con sus salidas, el mandatario habrá logrado renovar seis de los siete lugares del máximo tribunal.
Gutiérrez y Falistocco representaban dos de las figuras de mayor permanencia e influencia política dentro de la Justicia santafesina. El primero llegó a la Corte en el año 2000, durante la gobernación de Carlos Reutemann, y se convirtió en uno de los actores centrales de su conducción. Falistocco, por su parte, ingresó al tribunal en 1991, impulsado por el entonces gobernador peronista Víctor Reviglio. Ambos integraban una estructura judicial construida durante décadas, con vínculos estrechos con sectores del poder político provincial y, particularmente, con el Senado. Sus renuncias dejan atrás una etapa de fuerte continuidad institucional y abren otra en la que Pullaro tendrá una influencia determinante sobre la integración del tribunal.
La renovación comenzó con las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, y avanzó con la incorporación de nuevos integrantes durante la actual administración. La nueva Constitución provincial estableció una Corte de siete miembros, lo que permitió completar una integración diferente a la anterior. Cuando se hagan efectivas las últimas renuncias, el tribunal quedará conformado por Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde. Erbetta será el único ministro que continuará de la composición anterior, mientras que los otros seis llegaron durante el gobierno de Pullaro o a partir de propuestas impulsadas en ese período.
Sin embargo, el origen de las designaciones no es homogéneo. El gobernador reservó espacios para dirigentes propuestos por sectores aliados: Margarita Zabalza fue impulsada por el socialismo, mientras que Rubén Weder llegó con el respaldo del exgobernador peronista Omar Perotti. Entre los nombres más directamente vinculados con el oficialismo aparecen Diego Maciel, exfuncionario del Senado y cercano al senador radical Felipe Michlig; Jorgelina Genghini, cuya postulación contó con el respaldo de sectores de la abogacía vinculados al radicalismo; y Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista cuya candidatura fue promovida personalmente por Pullaro. Jorge Baclini, exfiscal general de la provincia, también integra el grupo de nuevos ministros. De esta manera, aunque existen diferentes trayectorias y procedencias políticas, el gobernador consiguió una influencia decisiva en la conformación del máximo tribunal.
La disputa por la Corte no se limitó a una cuestión de nombres. Detrás del recambio aparece una discusión sobre el peso que históricamente tuvo el Senado santafesino en la estructura institucional y sobre los vínculos entre el poder político y el judicial. El análisis publicado por La Política Online recuerda episodios en los que la antigua Corte respaldó decisiones legislativas que limitaron la actuación de fiscales que investigaban a senadores provinciales por presunto enriquecimiento ilícito. También señala el papel que tuvo el tribunal en la discusión sobre los fueros del senador Armando Traferri, investigado en una causa vinculada con el juego ilegal. Esos antecedentes forman parte de las críticas que distintos sectores formularon contra el funcionamiento de la anterior composición judicial.
Otro episodio mencionado en el análisis es el proceso judicial contra el exjuez Carlos Fraticelli, cuya condena fue posteriormente cuestionada por la Corte Suprema de la Nación debido a graves irregularidades en el procedimiento. La intervención del máximo tribunal nacional obligó a revisar el sistema de enjuiciamiento provincial y reabrió el debate sobre el funcionamiento de la Justicia santafesina. También se recuerda la resistencia que encabezó Rafael Gutiérrez frente a las reformas del sistema procesal penal durante el gobierno de Hermes Binner. Estos antecedentes alimentaron los cuestionamientos sobre una Corte que, según sus críticos, había funcionado durante años como una pieza de equilibrio y protección de determinados sectores del poder provincial.
La nueva integración, de todos modos, tampoco está exenta de interrogantes. La concentración de seis designaciones durante una misma gestión plantea el desafío de demostrar que los nuevos ministros actuarán con autonomía frente al gobierno que impulsó sus nombramientos. Incluso dentro del propio tribunal ya hubo decisiones que generaron diferencias con la Casa Gris: Jorge Baclini, uno de los integrantes promovidos durante la administración de Pullaro, votó en contra de las expectativas del oficialismo en controversias judiciales relacionadas con la reforma jubilatoria provincial. Ese antecedente muestra que las trayectorias y los criterios jurídicos de los magistrados no necesariamente responden de manera automática a las preferencias del gobernador, aunque la composición institucional haya cambiado profundamente.
Pullaro había asegurado que no buscaba conformar una “Corte pullarista”, sino avanzar en una renovación del Poder Judicial. Ahora, con las salidas de Gutiérrez y Falistocco y la próxima incorporación de Alurralde y Genghini, esa afirmación quedará bajo el escrutinio público. La transformación modifica una estructura que durante décadas estuvo vinculada con el peronismo y los acuerdos políticos tradicionales de Santa Fe, pero también concentra en el actual gobernador una capacidad de influencia inédita sobre el máximo tribunal. La verdadera dimensión de este cambio no se medirá solamente por los nombres que llegan y los que se van, sino por la independencia con la que la nueva Corte resuelva los conflictos entre el poder político, los intereses económicos y los derechos de la sociedad santafesina.
Fuente: La Política Online
