El Gobierno nacional enviará una delegación diplomática a Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que impidan el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se realizarán el 10 y 11 de noviembre, con representantes argentinos y británicos.
La Argentina dará un nuevo paso en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur. El Gobierno nacional confirmó que enviará una delegación diplomática y jurídica a Hamburgo, Alemania, para participar de las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde solicitará medidas provisionales destinadas a frenar la explotación petrolera autorizada unilateralmente por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación busca impedir que las actividades hidrocarburíferas avancen mientras continúa la controversia entre ambos países.
Las audiencias fueron programadas para los días 10 y 11 de noviembre y constituyen una instancia central de la estrategia jurídica argentina. La representación nacional estará encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y contará con Betina Pasquali como coagente legal. Durante las jornadas, los representantes argentinos expondrán los fundamentos de la solicitud ante los magistrados del organismo internacional, mientras que la delegación británica tendrá su propio espacio para presentar los argumentos en defensa de la posición del Reino Unido.
El reclamo está dirigido especialmente contra el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido. La iniciativa contempla el desarrollo de un yacimiento petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. Según los planes de las empresas, las perforaciones de desarrollo podrían comenzar durante 2027 y la producción comercial se proyecta para 2028. La Argentina pretende obtener una resolución cautelar antes de que esas etapas avancen y generen consecuencias difíciles de revertir.
El planteo del Gobierno se apoya en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes mientras se desarrolla un procedimiento arbitral. Entre los objetivos de la presentación argentina se encuentran impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos, evitar que la información obtenida durante las exploraciones sea utilizada en perjuicio de los derechos argentinos y prevenir daños al medio marino. También se busca evitar nuevas decisiones unilaterales que puedan agravar la controversia.
La posición argentina sostiene que las autorizaciones británicas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona desconocen los derechos que el país reclama sobre su plataforma continental. Además, el Gobierno considera que esas decisiones contradicen el marco de resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. En particular, la Resolución 31/49 llama a evitar modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.
Sin embargo, el alcance de la intervención del Tribunal del Mar tiene límites jurídicos. El organismo puede analizar controversias vinculadas con la interpretación y aplicación de la Convención sobre el Derecho del Mar, pero no posee una competencia general para resolver disputas de soberanía territorial. Por ese motivo, la estrategia argentina apunta a proteger los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales sin solicitar que el tribunal determine quién ejerce la soberanía sobre las islas. La decisión sobre las medidas provisionales dependerá de la evaluación que realicen los magistrados.
El conflicto también tiene antecedentes en el ámbito judicial argentino. En septiembre de 2026, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar determinadas actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. La resolución se fundamentó, entre otros aspectos, en la necesidad de evaluar el posible impacto ambiental de las operaciones. Esa medida constituye otro frente institucional en la disputa por el desarrollo petrolero en aguas del Atlántico Sur.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar abre una nueva instancia diplomática y jurídica en el histórico reclamo argentino por Malvinas. Las audiencias de noviembre permitirán escuchar las posiciones de ambos países, pero no implican por sí mismas que las operaciones petroleras hayan quedado suspendidas: esa decisión deberá ser adoptada por el organismo internacional. Mientras tanto, el proyecto Sea Lion continúa en el centro de una disputa que combina soberanía, recursos energéticos, protección ambiental y derecho internacional.
Con ayuda de Filo News
