Una investigación de Página/12 reveló gestiones del Servicio Penitenciario Federal y de organizaciones vinculadas a sectores que reclaman beneficios para condenados por delitos de lesa humanidad. Christian von Wernich pidió ser trasladado para encontrarse con el pontífice, pero la Justicia rechazó su solicitud. En Córdoba, otro represor condenado a prisión perpetua figura en la lista de internos autorizados para asistir a una misa papal.
La próxima visita del papa León XIV a la Argentina quedó atravesada por una controversia vinculada con los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Una investigación de la periodista Luciana Bertoia, publicada por Página/12, expuso una serie de gestiones impulsadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y organizaciones que reclaman una revisión de las condenas contra represores para facilitar que algunos de ellos puedan acercarse al pontífice durante las actividades previstas en el país. La situación involucra pedidos judiciales, listados de asistentes a celebraciones religiosas y gestiones ante representantes de la Iglesia.
Uno de los protagonistas de estas gestiones es Christian Federico von Wernich, el ex capellán de la Policía bonaerense condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura. Desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumple su condena, el sacerdote solicitó inicialmente la intervención del obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para ser trasladado a la cárcel de Villa Devoto el 11 de noviembre, fecha en la que está prevista una visita de León XIV al establecimiento penitenciario. En una carta fechada el 23 de septiembre, pidió recibir la bendición del Papa y describió sus años de prisión como una “prolongada cruz”.
Von Wernich fue condenado en 2007 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que acreditó su participación en secuestros, torturas y asesinatos durante el terrorismo de Estado. Entre los hechos por los que recibió la pena se encuentra su intervención en el engaño a siete personas secuestradas, a quienes se les prometió que serían trasladadas fuera del país, pero terminaron asesinadas. Después de que la intermediación eclesiástica no prosperara, el represor recurrió a su defensa oficial para insistir con el pedido de traslado. Sin embargo, el juez Claudio Silvestri rechazó la solicitud al considerar que no existían fundamentos jurídicos para autorizar una salida extraordinaria y que el encuentro podía provocar un nuevo sufrimiento a las víctimas y sus familiares.
Lejos de aceptar la resolución, Von Wernich presentó un nuevo escrito para pedir que el magistrado reconsiderara su decisión. En esa presentación sostuvo que la selección de los presos que podrían participar de las actividades papales correspondía al Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Poder Ejecutivo. Según reconstruyó Página/12, el documento estaba confeccionado en computadora y llevaba certificación de la firma por parte de autoridades de la Unidad 34. En los tribunales platenses surgieron sospechas sobre una posible intervención del propio SPF en la elaboración del planteo, aunque esa hipótesis no aparece acreditada como un hecho judicialmente probado.
La investigación también señala que el Servicio Penitenciario Federal aprobó una lista de internos que asistirán a la misa que León XIV celebrará el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Entre los nombres incluidos aparece Miguel Ángel Pérez, un exintegrante del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura. Pérez fue juzgado en 2010 junto con el dictador Jorge Rafael Videla y el represor Luciano Benjamín Menéndez. Su condena incluyó el asesinato de Raúl Augusto Bauducco, un preso político ejecutado el 5 de julio de 1976 en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba.
De acuerdo con el relato publicado por Página/12, Pérez se encuentra alojado en la colonia penitenciaria de Monte Cristo, bajo un régimen semiabierto que le permite realizar salidas transitorias. Su posible presencia en la misa generó cuestionamientos del auxiliar fiscal Facundo Trotta, quien pidió que se considerara el impacto que podría tener para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares la participación de un condenado por crímenes de esa naturaleza en un encuentro con el Papa. El caso vuelve a poner en discusión los criterios utilizados para seleccionar a los asistentes a las actividades religiosas y el significado institucional de permitir la presencia de represores condenados.
La trama incluye además la intervención de organizaciones que se presentan como defensoras de la llamada “memoria completa”. Semanas atrás, distintas entidades enviaron una carta al nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, para pedir que León XIV impulsara una “reconciliación profunda” entre los argentinos. Entre los firmantes mencionados por la investigación se encuentran la asociación Justicia y Concordia, la activista Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina (Afavita). El planteo cuestiona los juicios por delitos de lesa humanidad y reclama gestos de misericordia hacia militares, policías, sacerdotes y civiles condenados por esos crímenes.
Otro elemento señalado por la nota es una comunicación del obispo castrense Santiago Olivera, dirigida a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En ella, el religioso destacó la identificación de restos de ocho personas desaparecidas en las inmediaciones del ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, y mencionó que ya se habían recuperado 38 identidades gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. En el mismo mensaje llamó a aportar información sobre lo ocurrido durante la dictadura y sostuvo que la verdad no debe ocultarse. La investigación relaciona este pronunciamiento con la necesidad de que quienes todavía poseen información sobre el destino de las personas desaparecidas contribuyan a esclarecer los crímenes.
La controversia adquiere especial relevancia en vísperas de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y en un contexto en el que los organismos de derechos humanos mantienen el reclamo por la aparición de las personas desaparecidas y la restitución de sus identidades. La visita de León XIV, prevista para noviembre, abre un escenario de encuentros religiosos de gran convocatoria, pero también de disputas sobre memoria, justicia y reconciliación. El punto central de la discusión es si las actividades papales pueden convertirse en una oportunidad para dar visibilidad a los reclamos de los represores condenados o si deben preservar el respeto por las víctimas y las sentencias judiciales que acreditaron los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
Con ayuda de Pagina 12
