El Círculo de Periodistas Parlamentarios expresó su preocupación por las declaraciones y la actitud de la senadora cordobesa de La Libertad Avanza, quien preside la Comisión de Trabajo del Senado. Mientras el Estatuto del Periodista Profesional tiene fecha de derogación para enero de 2027, los proyectos para actualizarlo siguen sin avanzar.
El Círculo de Periodistas Parlamentarios manifestó su preocupación por el accionar de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. El pronunciamiento se conoció luego de declaraciones de la legisladora sobre la precarización laboral en el periodismo y ante la falta de tratamiento de las iniciativas que buscan actualizar el Estatuto del Periodista Profesional. La discusión tiene un plazo concreto: la norma perdería vigencia el próximo 31 de diciembre, en el marco de lo dispuesto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La controversia se profundizó a partir de una publicación de Álvarez Rivero en redes sociales, donde sostuvo que «la precarización del Periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos». Desde el Círculo cuestionaron el tono de sus expresiones y señalaron su preocupación por la manera en que la senadora se refirió a las condiciones laborales de quienes trabajan en los medios de comunicación.
Pero el conflicto no se limita a una declaración. La principal preocupación del sector es que la comisión que conduce la legisladora no habilita el debate de los proyectos presentados para actualizar y prorrogar el Estatuto. La falta de tratamiento adquiere especial gravedad para los trabajadores de prensa porque la derogación prevista podría dejar sin vigencia una herramienta histórica de protección laboral, en un escenario atravesado por la transformación tecnológica y el avance de nuevas modalidades de trabajo.
El reclamo ya había llegado al Congreso el jueves 29 de octubre, cuando sindicatos de prensa de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), se movilizaron para exigir que el Senado trate las iniciativas. La protesta apuntó directamente a Álvarez Rivero, en su condición de titular de la comisión responsable de abordar la discusión.
La propuesta de actualización fue presentada en junio por FATPREN y organizaciones sindicales de prensa. Entre sus principales puntos contempla incorporar regulaciones para el teletrabajo, las plataformas digitales, el streaming y la inteligencia artificial; establecer un salario mínimo nacional para la actividad; sumar licencias específicas y actualizar las disposiciones que alcanzan al personal periodístico y administrativo. El objetivo es preservar los principios históricos de la Ley 12.908 y adecuarla a las nuevas condiciones del ejercicio profesional.
Desde las organizaciones gremiales advirtieron que la comisión no se había reunido para abordar el tema desde la discusión de la reforma laboral. También reclamaron que los legisladores que acompañaron la prórroga del Estatuto cumplan con el compromiso de discutir los proyectos presentados. Para los trabajadores de prensa, la ausencia de debate parlamentario puede desembocar en un vacío normativo que incremente su vulnerabilidad frente a presiones económicas, políticas y judiciales.
La discusión excede, por lo tanto, una diferencia entre una senadora y un sector profesional. El Estatuto del Periodista establece un marco de derechos y condiciones laborales para quienes desarrollan tareas periodísticas. Su actualización también involucra desafíos actuales: la transformación de las redacciones, la expansión de las plataformas digitales, las nuevas formas de producción audiovisual y el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo. La falta de tratamiento deja esos debates pendientes en el ámbito legislativo.
Con la fecha de derogación cada vez más cerca, el pronunciamiento del Círculo de Periodistas Parlamentarios vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad institucional del Senado. La pregunta es concreta: ¿se abrirá finalmente el debate para actualizar y prorrogar el Estatuto o se permitirá que llegue el 1 de enero de 2027 sin una respuesta legislativa? Para los trabajadores de prensa, lo que está en juego no es solamente una norma laboral, sino también las condiciones materiales en las que se ejerce el derecho a informar.
Con ayuda de La Nueva Mañana
