La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad anunció que solicitará la nulidad de la investigación por presuntas maniobras de corrupción. El planteo se apoya en cuestionamientos sobre la autenticidad de los audios que dieron origen al escándalo. Sin embargo, desde el ámbito judicial advierten que el peritaje todavía no concluyó y que el expediente cuenta con otras pruebas documentales.
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo de tensión política y judicial. Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo durante el gobierno de Javier Milei, buscará que se declare la nulidad de la investigación a partir de los cuestionamientos sobre los audios que desencadenaron el escándalo. La estrategia fue anunciada por su abogado, Mauricio D’Alessandro, luego de que trascendieran supuestos resultados de un peritaje realizado por Gendarmería Nacional sobre las grabaciones atribuidas al exfuncionario.
El planteo de la defensa se conoció después de que desde el Gobierno nacional se difundieran informaciones que ponen en duda la autenticidad del material sonoro. Según esos datos, el análisis técnico habría detectado cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas en los archivos, además de limitaciones para establecer su origen y garantizar la cadena de custodia. También se mencionó la imposibilidad de descartar eventuales manipulaciones o intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial. Para los abogados de Spagnuolo, estos elementos representan argumentos para cuestionar el origen de la investigación.
Sin embargo, la difusión de esos supuestos resultados abrió una controversia con fuentes judiciales de Comodoro Py, que señalaron que el informe definitivo todavía no había sido incorporado al expediente y que los estudios continuaban en curso. La diferencia no es menor: una cosa es que los especialistas no puedan certificar la autenticidad de determinadas grabaciones y otra muy distinta es que se haya demostrado que fueron falsificadas. Hasta el momento, no existe una conclusión definitiva que permita establecer judicialmente que los audios fueron fabricados o alterados mediante inteligencia artificial.
Las grabaciones se difundieron públicamente durante 2025 y provocaron un fuerte impacto político porque contenían referencias a un supuesto esquema de cobro de retornos ilegales en las contrataciones de medicamentos e insumos de la ANDIS. En los fragmentos atribuidos a Spagnuolo aparecían menciones a funcionarios del entorno presidencial, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Las conversaciones también incluían referencias al funcionamiento interno del organismo y a presuntas irregularidades en las operaciones con proveedores. La difusión de ese material puso bajo cuestionamiento los mecanismos de contratación y los controles sobre los recursos destinados a las políticas de discapacidad.
Uno de los aspectos centrales del expediente es que la investigación no se habría sostenido exclusivamente sobre las grabaciones. Según trascendió de las actuaciones judiciales, la fiscalía reunió documentación administrativa, registros de operaciones, información obtenida de teléfonos celulares y comunicaciones entre los involucrados. Esos elementos fueron utilizados para avanzar sobre las presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles acuerdos entre funcionarios y empresarios. Por ese motivo, desde el ámbito judicial consideran que las objeciones sobre los audios no implican automáticamente que deba quedar anulada la totalidad de la investigación.
La causa también alcanza a empresarios vinculados con la droguería Suizo Argentina y a otros integrantes del circuito de provisión de medicamentos e insumos. La hipótesis investigativa apunta a determinar si existió una estructura destinada a favorecer determinadas contrataciones y obtener beneficios económicos a partir de operaciones realizadas desde el organismo estatal. En ese marco, la Justicia busca establecer qué responsabilidades tuvieron los funcionarios y los empresarios involucrados, además de reconstruir el recorrido de los fondos y las decisiones administrativas que permitieron concretar las operaciones bajo sospecha.
La estrategia de Spagnuolo apunta ahora a trasladar la discusión sobre la autenticidad de las grabaciones al terreno de la validez procesal de toda la causa. Su defensa sostiene que existen irregularidades en el origen y la utilización del material que dio visibilidad al escándalo, y buscará que esos cuestionamientos tengan consecuencias sobre las actuaciones judiciales. La fiscalía, por su parte, cuenta con elementos probatorios independientes de los audios para sostener sus líneas de investigación. Será la Justicia la que deberá determinar si las objeciones planteadas tienen entidad suficiente para afectar alguna prueba o si corresponde mantener el avance del expediente.
El caso ANDIS vuelve así a colocar al Gobierno de Javier Milei frente a un escenario de fuerte exposición política. Mientras desde la Casa Rosada se cuestiona la autenticidad de las grabaciones, la defensa del exfuncionario prepara su ofensiva judicial y la investigación continúa sobre las presuntas irregularidades en las compras destinadas a personas con discapacidad. La resolución del peritaje y los próximos movimientos de los tribunales serán determinantes para conocer el alcance de los cuestionamientos. Por ahora, la controversia sobre los audios no resuelve el fondo de las denuncias ni elimina las demás pruebas reunidas en el expediente, que deberá continuar su recorrido judicial respetando la presunción de inocencia de todos los investigados.
Con ayuda de La Nueva Mañana
