La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei consiguió 42 votos a favor y 21 en contra. Introduce cambios en los criterios de internación involuntaria, fortalece el rol de los psiquiatras, incorpora nuevas disposiciones sobre adicciones y modifica la participación de familiares en los tratamientos. La prohibición de crear manicomios se mantiene.
El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de una extensa negociación entre el oficialismo y bloques opositores dialoguistas. El Gobierno logró avanzar con una modificación de una de las principales normas que regulan la atención de la salud mental en Argentina, aunque debió incorporar cambios al texto original para reunir los respaldos necesarios.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. El proyecto establece que podrán realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La evaluación deberá considerar no solamente la situación inmediata del paciente, sino también sus antecedentes y la evolución previsible del cuadro. El cambio busca modificar el criterio establecido por la legislación vigente, que contempla la existencia de un riesgo cierto e inminente como condición para adoptar este tipo de medidas.
La iniciativa también modifica la conformación de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y los tratamientos. El texto otorga un papel obligatorio al médico psiquiatra, pero mantiene la participación de otros especialistas, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Esta cuestión generó diferencias durante las negociaciones, ya que distintos sectores profesionales y representantes provinciales cuestionaron una posible concentración de decisiones clínicas en la especialidad psiquiátrica. Finalmente, el oficialismo aceptó modificaciones para garantizar la intervención de psicólogos en las evaluaciones y decisiones vinculadas con las internaciones.
Otro de los cambios acordados contempla mecanismos de atención a distancia en aquellas jurisdicciones donde no sea posible garantizar la presencia física de un especialista. La reforma habilita la utilización de teleconsultas sincrónicas para realizar evaluaciones y validar intervenciones. En situaciones de urgencia en las que intervenga un solo médico, la decisión de internación deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo de 48 horas. La medida busca contemplar las dificultades de acceso a profesionales especializados en distintas regiones del país.
En relación con las modalidades de atención, el proyecto mantiene el carácter excepcional de las internaciones y establece que deben utilizarse cuando representen una alternativa terapéutica más beneficiosa que los tratamientos ambulatorios. También incorpora la obligación de elaborar un plan de egreso desde el comienzo de la internación, con objetivos y seguimiento para evitar institucionalizaciones prolongadas. El texto contempla la atención en hospitales generales, centros especializados y dispositivos comunitarios, además de alternativas como la asistencia domiciliaria, los hospitales de día y las casas de convivencia.
La reforma amplía además el abordaje de las adicciones dentro de las políticas de salud mental. La nueva redacción incorpora expresamente los consumos problemáticos y otras conductas adictivas, entre ellas la ludopatía. También establece pautas diferenciadas para la atención de niños, niñas y adolescentes, con dispositivos específicos y garantías vinculadas con su autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad. En caso de que deban ser internados en unidades destinadas a adultos, la medida quedará restringida a situaciones excepcionales y por el tiempo mínimo indispensable.
Otro aspecto que fue objeto de discusión es la intervención de los familiares durante los tratamientos y los procesos de externación. El proyecto delimita quiénes pueden actuar como referentes del paciente y contempla la participación de padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales, de acuerdo con las circunstancias. También establece mecanismos para que los familiares reciban orientación y acompañamiento. Al mismo tiempo, prevé que el Estado deba garantizar apoyos y dispositivos comunitarios cuando no existan personas responsables que puedan acompañar el proceso de atención.
Durante el debate también se discutió el financiamiento de los servicios de salud mental en las provincias. Los bloques dialoguistas reclamaron garantías para que las modificaciones no se traduzcan en nuevas obligaciones para las jurisdicciones sin los recursos necesarios para implementarlas. En ese marco, se incorporaron disposiciones para fortalecer la asistencia técnica y económica de Nación a través de acuerdos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La disponibilidad de profesionales, infraestructura y presupuesto será uno de los principales desafíos para llevar adelante los cambios propuestos.
A pesar de las modificaciones, el texto aprobado por el Senado mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales, uno de los principios centrales de la ley sancionada en 2010. La aprobación representa una primera victoria legislativa para el oficialismo, pero la reforma todavía no está vigente: deberá ser debatida y votada por la Cámara de Diputados. Allí se abrirá una nueva instancia de discusión sobre el alcance de los cambios y las condiciones necesarias para garantizar la atención, los derechos y el acompañamiento de las personas que atraviesan problemas de salud mental.
Fuente: CBA24N
