Analia Sacristan dirigenta Justicialista de Villa Allende criticó el cierre nocturno de calles mediante portones, cuestionó su enfoque como medida preventiva del delito y puso en duda la necesidad de la inversión en un contexto de fuertes necesidades sociales. También advirtió sobre los inconvenientes que la medida podría generar para vecinos ante situaciones de emergencia.
La polémica por la instalación de portones en distintos sectores de Villa Allende sumó una nueva voz crítica. Analía Sacristán, autoridad del Partido Justicialista local, cuestionó la decisión municipal de restringir la circulación nocturna en determinadas calles y consideró que se trata de una política que, lejos de integrar a la comunidad, puede profundizar la exclusión.
“Mi postura personal es que ha sido un proceso que desintegra en realidad, que no es un proceso que integra la sociedad, sino que excluye”, sostuvo durante una entrevista en Informativo Cordobés, el programa político de Multimedio Mordisquito TV. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre los criterios utilizados para implementar esta medida y sus posibles consecuencias en la vida cotidiana de los vecinos.
Sacristán señaló que la iniciativa fue abordada desde el municipio como una herramienta de prevención del delito. Sin embargo, manifestó dudas sobre la eficacia y la justificación de este tipo de intervenciones. “No sé realmente, es un experimento. Se está experimentando”, afirmó, al describir una política que, según explicó, se aplica en un sector de la ciudad y establece restricciones horarias para la circulación.
Uno de los aspectos que más le preocupan son las dificultades que podrían enfrentar los habitantes ante situaciones imprevistas. La dirigente mencionó inconvenientes que, según su relato, habrían sufrido vecinas que necesitaron salir de emergencia por problemas de salud. Estos episodios, señaló, ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar cómo funcionan los cierres y qué alternativas existen para garantizar el acceso y la circulación ante una urgencia.
La dimensión visual de la intervención urbana también fue parte de sus críticas. Sacristán contó que transita habitualmente por la zona y describió el impacto que le produce encontrarse con grandes portones instalados en determinadas esquinas. “Es como un muro que vos vas por la calle y de repente te encontrás con unos portones gigantes”, expresó, al cuestionar el efecto que estas estructuras tienen sobre el espacio público y la experiencia cotidiana de quienes viven o circulan por allí.
Otro eje de su planteo fue el costo económico de la iniciativa. La referente justicialista advirtió que la instalación de los portones requirió una inversión importante, en un contexto que definió como económicamente complejo y marcado por numerosas necesidades en Villa Allende, al igual que en otras ciudades. Su cuestionamiento apunta a las prioridades del gasto público y a la conveniencia de destinar recursos municipales a una medida de estas características.
En relación con la seguridad, Sacristán sostuvo que las estadísticas del delito no justificarían, a su entender, una inversión de semejante magnitud. No presentó en el fragmento cifras específicas, pero puso en discusión la relación entre los recursos utilizados, los objetivos preventivos y los resultados que se esperan alcanzar. El planteo abre interrogantes sobre qué indicadores deberían considerarse para evaluar la política y cómo medir su impacto real.
La controversia, por lo tanto, excede la presencia física de los portones. El debate enfrenta distintas concepciones sobre cómo abordar la seguridad urbana, qué lugar debe ocupar la circulación libre en el espacio público y de qué manera deben contemplarse las necesidades de los residentes. Mientras el municipio presenta la intervención como una medida preventiva, las críticas plantean dudas sobre su proporcionalidad, sus efectos sociales y sus posibles inconvenientes operativos.
Las declaraciones de Analía Sacristán en Informativo Cordobés vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para Villa Allende: ¿los portones constituyen una herramienta adecuada para prevenir el delito o generan restricciones que no se justifican frente a las necesidades de la ciudad? La evaluación de sus resultados, los costos y las consecuencias para los vecinos será clave para sostener el debate con información concreta.
Fuente: Entrevista a Analía Sacristán en Informativo Cordobés, Multimedio Mordisquito TV.
