La administración de Javier Milei dejó sin efecto el restablecimiento de más de 21.800 pensiones no contributivas por invalidez laboral y abrió una nueva instancia de revisión administrativa. Aunque el Ejecutivo argumenta que faltan antecedentes médicos y socioeconómicos para justificar la continuidad de los beneficios, la decisión vuelve a poner bajo presión a miles de personas que dependen de esa asistencia. La resolución establece un plazo de 60 días corridos desde la notificación individual para presentar documentación y solicitar la rehabilitación.
El Gobierno nacional resolvió mantener suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y exigir a sus titulares que vuelvan a acreditar las condiciones necesarias para acceder al beneficio. La medida fue anunciada inicialmente por el vocero presidencial, Adrián Ravier, y luego formalizada mediante la Resolución 3695/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La decisión dejó sin efecto el restablecimiento de las prestaciones alcanzadas por la normativa anterior y abrió una nueva instancia de evaluación individual. El impacto de la medida excede una discusión administrativa: para quienes dependen de estos ingresos, la suspensión representa una dificultad concreta para afrontar gastos cotidianos y sostener condiciones básicas de vida.
La explicación oficial se apoya en una auditoría que, según el Ejecutivo, detectó expedientes sin documentación médica o socioeconómica suficiente para verificar que sus titulares continúan cumpliendo los requisitos establecidos. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier sostuvo que la decisión no implica determinar que las personas alcanzadas carezcan de una incapacidad laboral, sino que el organismo no cuenta con la información necesaria para comprobar la continuidad del derecho. Esa aclaración resulta central: la falta de antecedentes en un expediente no equivale, por sí misma, a demostrar que una persona no tiene una discapacidad o que obtuvo indebidamente una prestación. Cada situación requiere una evaluación particular, con consideración de las circunstancias médicas y sociales de quien solicita la asistencia.
La resolución modificó también el escenario para quienes buscan recuperar el cobro. Mientras el anuncio inicial mencionaba un plazo de 30 días hábiles, la norma publicada posteriormente estableció 60 días corridos desde la notificación individual para presentar la documentación y solicitar la rehabilitación. El período comienza a contarse a partir de la comunicación correspondiente a cada titular, por lo que no debe confundirse la fecha del anuncio público con el inicio del plazo personal. La presentación de los antecedentes abre un proceso de revisión, pero no garantiza automáticamente que el pago se restablezca: la decisión final dependerá del análisis que realicen las áreas administrativas competentes.
Las personas alcanzadas pueden aportar certificados médicos actualizados, documentación socioeconómica y otros antecedentes que permitan demostrar que reúnen las condiciones exigidas. Según la información publicada por Infobae, las presentaciones pueden realizarse en oficinas habilitadas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en dependencias autorizadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), a través del formulario de consultas del Ministerio de Salud o por correo electrónico a citacion@senadis.gob.ar. Es fundamental que cada titular revise su notificación y las instrucciones oficiales correspondientes a su caso. También existen recursos administrativos cuyos plazos dependen de la vía elegida, por lo que una presentación fuera de término puede complicar la revisión de la prestación.
Entre los argumentos utilizados por el Gobierno aparecen presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas mediante cruces de bases de datos. Ravier mencionó 38 casos de titulares con dos o más vehículos registrados a su nombre, 26 con dos o más inmuebles y 40 personas que tendrían al menos una propiedad de más de una hectárea. También afirmó que se había identificado a un beneficiario registrado como titular de un avión. Sin embargo, esos datos fueron difundidos por el Ejecutivo y no constituyen, por sí solos, una demostración de fraude. La existencia de un bien registrable debe analizarse en su contexto: la titularidad, el valor, la situación económica real y las circunstancias personales pueden ser relevantes para determinar si existe una incompatibilidad con los requisitos del beneficio. La revisión debe distinguir entre indicios que merecen ser investigados y responsabilidades efectivamente acreditadas.
El Gobierno sostiene que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y carecen de medios de subsistencia, y que la existencia de una discapacidad o la posesión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no alcanza, por sí sola, para acreditar todos los requisitos de acceso. La prestación tiene condiciones específicas que deben evaluarse en cada expediente. Pero esa exigencia también obliga al Estado a garantizar procedimientos accesibles, notificaciones efectivas y mecanismos razonables para que los beneficiarios puedan presentar sus antecedentes. En un universo que incluye personas con distintas discapacidades, dificultades de movilidad y situaciones de vulnerabilidad, el acceso a los trámites no puede convertirse en una barrera adicional para ejercer un derecho.
La medida tiene además un recorrido judicial previo. En 2025, una decisión cautelar dictada inicialmente en Catamarca y extendida posteriormente al ámbito nacional había permitido restablecer prestaciones que habían sido suspendidas durante las auditorías. De acuerdo con la información publicada por Infobae, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la decisión de primera instancia, lo que habilitó nuevas actuaciones administrativas. La Resolución 3695/2026 se inscribe en esa secuencia y deja sin efecto el restablecimiento dispuesto por la normativa anterior para las personas identificadas en su anexo. Este antecedente ayuda a comprender el marco jurídico de la decisión, aunque no elimina la necesidad de revisar cada situación ni permite concluir que todos los casos alcanzados sean iguales.
La discusión de fondo es cómo compatibilizar el control de los recursos públicos con la protección efectiva de las personas que necesitan asistencia. El Estado tiene la responsabilidad de investigar eventuales irregularidades y asegurar que las prestaciones lleguen a quienes cumplen los requisitos; también debe evitar que errores administrativos, dificultades para responder una citación o demoras en la presentación de documentación dejen sin ingresos a personas que sí necesitan el beneficio. Con 21.812 pensiones nuevamente suspendidas, la eficacia del procedimiento dependerá no solo de la cantidad de expedientes revisados, sino también de la claridad de las notificaciones, la accesibilidad de los canales de presentación y la rapidez con que se resuelva cada reclamo. El resultado deberá medirse tanto por la capacidad de detectar irregularidades reales como por la garantía de que nadie pierda injustificadamente una asistencia esencial.
Fuente: La Nueva Mañana
