El diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que la Coalición Cívica presentará denuncias contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, tras el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. El legislador cuestionó que se cerrara la investigación sin indagatorias y con medidas de prueba todavía pendientes. Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver planteos relacionados con la participación de los damnificados en el expediente.
La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA volvió al centro de la discusión política luego de que Maximiliano Ferraro, diputado nacional y referente de la Coalición Cívica, anunciara que su espacio presentará denuncias contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El legislador cuestionó la decisión de sobreseer al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a los demás investigados por el lanzamiento del activo digital. Ferraro sostuvo que el expediente se encaminó hacia su cierre sin que se agotaran medidas relevantes y acusó a los funcionarios judiciales de favorecer la impunidad del mandatario y de su entorno. Estas afirmaciones corresponden a la posición del diputado y deberán evaluarse en el marco de las presentaciones judiciales anunciadas.
El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en sus redes sociales información sobre el criptoactivo. La publicación generó una fuerte atención sobre la moneda, cuyo valor subió inicialmente y luego se desplomó después de que el Presidente retirara el mensaje. El episodio dio lugar a denuncias de inversores que aseguraron haber sufrido pérdidas económicas y abrió una investigación sobre posibles delitos relacionados con la promoción del activo, las operaciones financieras y los vínculos entre los participantes del proyecto. Milei sostuvo que había actuado de buena fe y que desconocía detalles del emprendimiento. El sobreseimiento dispuesto por el juez se basó en que, a criterio de la resolución, los hechos investigados no acreditaban los elementos necesarios para configurar los delitos denunciados.
Ferraro calificó la decisión judicial como un “fallo vergonzoso” y cuestionó que los investigados fueran sobreseídos sin haber sido convocados a prestar declaración indagatoria. Según el legislador, después de más de un año y medio de investigación todavía quedaban elementos por analizar, entre ellos información sobre movimientos de dinero, comunicaciones y actividades previas al lanzamiento de $LIBRA. El diputado, que encabezó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso, sostuvo que esos elementos debían ser examinados antes de adoptar una decisión definitiva. La controversia se concentra, por tanto, no solo en el resultado de la resolución, sino también en el alcance de las diligencias realizadas durante la investigación.
Uno de los principales cuestionamientos del diputado se refiere al apartamiento de los representantes de los damnificados que intervenían como querellantes. Ferraro sostuvo que esa decisión limitó las posibilidades de solicitar nuevas medidas de prueba y de impugnar el sobreseimiento. La discusión sobre la participación de esas querellas todavía tiene un capítulo pendiente en la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver planteos relacionados con su exclusión del expediente. La definición de ese tribunal podría resultar determinante para establecer si los damnificados recuperan su intervención procesal y cuentan con herramientas para cuestionar la resolución judicial. Por ese motivo, Ferraro pidió seguir de cerca las próximas decisiones de Casación.
El legislador también reclamó que se profundice el análisis de las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en que el Presidente difundió el activo digital. Según explicó, la comisión parlamentaria reunió documentación sobre la ruta del dinero, registros de comunicaciones telefónicas y actividades que habrían tenido lugar antes del lanzamiento de la criptomoneda. Ferraro afirmó que los diputados entregaron información a la fiscalía y que resguardaron determinados datos sensibles para no interferir en el desarrollo del expediente. Desde su perspectiva, esos elementos requerían una evaluación más exhaustiva antes de cerrar la investigación. La existencia de documentación, sin embargo, no equivale por sí misma a la comprobación de un delito: su alcance debe establecerse mediante el análisis judicial correspondiente.
Ferraro cuestionó además la valoración de las respuestas escritas remitidas por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría General de la Presidencia. A su entender, determinados informes fueron considerados suficientes mientras otros elementos incorporados al expediente no recibieron el mismo tratamiento. También apuntó contra los antecedentes de Taiano en otras causas de relevancia pública y cuestionó lo que considera demoras o falta de impulso en investigaciones anteriores. El diputado anunció que esos cuestionamientos formarán parte de la ofensiva institucional de su espacio político contra la actuación del fiscal y del juez. Las denuncias anunciadas deberán distinguir las críticas políticas a la resolución de los hechos concretos que puedan ser objeto de una investigación sobre la conducta de los funcionarios.
El sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los demás investigados no puso fin a todas las controversias procesales vinculadas con el caso. La discusión sobre el apartamiento de los querellantes continúa pendiente y puede incidir en las posibilidades de recurrir la resolución. El expediente también mantiene relevancia pública por las pérdidas denunciadas por inversores y por los interrogantes sobre las comunicaciones y las operaciones vinculadas con el lanzamiento del activo digital. Mientras el Gobierno defendió la decisión judicial, dirigentes opositores cuestionaron la forma en que se desarrolló la investigación. Hasta que las instancias judiciales correspondientes resuelvan los planteos pendientes, es necesario diferenciar las conclusiones contenidas en el fallo de las acusaciones formuladas por los dirigentes políticos.
El anuncio de la Coalición Cívica vuelve a poner en discusión el papel del Poder Judicial en las investigaciones que involucran al Presidente y a integrantes de su entorno. Para Ferraro, el cierre de la causa fue prematuro y dejó cuestiones relevantes sin esclarecer; para la resolución judicial, los hechos denunciados no alcanzaron para configurar los delitos investigados. El desenlace dependerá de los recursos y presentaciones que se tramiten ante los tribunales competentes, así como de la eventual revisión de la participación de los damnificados. El caso $LIBRA sigue siendo un foco de disputa institucional y política, en el que la transparencia de las decisiones judiciales y la posibilidad de revisar sus fundamentos ocupan un lugar central.
Fuente: Noticias Argentinas
