La diputada provincial justicialista de Formosa cuestionó el desfinanciamiento de políticas públicas nacionales y alertó sobre sus consecuencias en la salud, la educación y los programas destinados a mujeres y diversidades. También denunció recortes en la distribución de anticonceptivos y medicamentos, y reclamó el cumplimiento de las leyes que garantizan derechos sociales.
La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou advirtió que las políticas de desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno de Javier Milei ponen en riesgo derechos conquistados durante las últimas décadas. La legisladora formoseña expresó su preocupación por la situación de la salud pública, la educación, la obra pública y otras áreas fundamentales, y cuestionó la decisión de reducir recursos destinados a instituciones, programas y acciones estatales. Sus declaraciones fueron realizadas ante la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en el marco de una charla sobre las leyes nacionales y provinciales que reconocen derechos y cuya implementación, sostuvo, enfrenta dificultades.
Las declaraciones se produjeron durante una actividad desarrollada el sábado 24 de octubre en la Escuela Municipal de Formación Popular en Género. Allí, Mirassou analizó el alcance de las normativas que protegen derechos sociales y cuestionó el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Según planteó, el problema no se limita a la reducción de partidas presupuestarias, sino que también involucra la falta de continuidad de políticas públicas que permiten transformar los derechos reconocidos legalmente en prestaciones y respuestas concretas para la población. La legisladora sostuvo que el Estado nacional tiene responsabilidades que no pueden quedar desplazadas por decisiones de ajuste.
Uno de los ejes de su intervención estuvo relacionado con las políticas destinadas a mujeres y diversidades. Mirassou cuestionó la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación al comienzo de la gestión libertaria, en diciembre de 2023, y denunció recortes en los recursos destinados a la atención de la violencia por motivos de género. Entre los aspectos señalados mencionó los servicios de asistencia telefónica para víctimas, cuya continuidad y capacidad de respuesta consideró fundamentales. La diputada también criticó expresiones públicas del Presidente que, a su entender, reproducen una mirada misógina y desvalorizan la autonomía de las mujeres.
La legisladora formoseña también manifestó preocupación por la falta de continuidad de programas vinculados con la salud integral de mujeres y diversidades. En particular, hizo referencia a los recortes que habrían afectado la distribución de métodos anticonceptivos e insumos de salud sexual en el país. Mirassou relacionó esa situación con un escenario de mayores dificultades para la prevención y la atención sanitaria, y mencionó un supuesto aumento de las infecciones de transmisión sexual y de otras enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Estas afirmaciones forman parte de su diagnóstico sobre las consecuencias de las decisiones nacionales y ponen en discusión la importancia de sostener políticas de prevención, acceso a insumos y atención médica.
Otro de los puntos planteados durante la charla fue la situación de las personas mayores y el acceso a tratamientos y medicamentos. Mirassou afirmó que existen datos que indican un aumento de la mortalidad entre las personas mayores de 65 años durante los últimos años y vinculó esa evolución con enfermedades crónicas, como accidentes cerebrovasculares, infartos e insuficiencia renal. La relación entre esos indicadores y las políticas sanitarias requiere considerar información epidemiológica y estadística específica; en su intervención, la diputada puso el foco en las dificultades que enfrentan los sectores de mayor edad para acceder a la atención y sostener tratamientos en un contexto de restricciones económicas.
En ese marco, Mirassou cuestionó la disponibilidad de medicamentos a través del PAMI, las obras sociales y el Programa Remediar. Sobre este último, afirmó que de los 128 medicamentos que integraban la provisión quedaron solamente seis. La declaración expone una de las principales preocupaciones de la legisladora: las consecuencias que la reducción de recursos y prestaciones puede tener sobre las personas que dependen de la cobertura pública para acceder a tratamientos. La disponibilidad efectiva de medicamentos resulta especialmente relevante para quienes padecen enfermedades crónicas o tienen ingresos insuficientes para afrontar sus costos, por lo que el funcionamiento de los programas de provisión constituye un aspecto central del debate sobre el sistema sanitario.
Las críticas de Mirassou se inscriben en una discusión más amplia sobre el papel del Estado nacional en la garantía de derechos sociales. La reducción de fondos, la continuidad de los programas y el cumplimiento de las leyes constituyen dimensiones diferentes, aunque relacionadas, para evaluar el alcance de las políticas públicas. Mientras el Gobierno nacional sostiene su programa de reducción del gasto estatal, referentes de distintos sectores políticos y sociales advierten sobre sus posibles consecuencias en servicios esenciales. En este caso, la diputada justicialista centró sus cuestionamientos en las políticas de género y salud, y planteó que los derechos reconocidos por las leyes necesitan recursos, instituciones y mecanismos de implementación para hacerse efectivos.
La advertencia de Mirassou vuelve a colocar en el centro del debate las consecuencias sociales de las decisiones presupuestarias y la responsabilidad de las distintas jurisdicciones en la protección de la población. Su planteo apunta especialmente a las mujeres, las diversidades, las personas mayores y quienes dependen de la atención sanitaria pública. Más allá de las posiciones políticas en disputa, las denuncias sobre recortes y falta de medicamentos requieren ser contrastadas con datos presupuestarios, sanitarios y administrativos que permitan dimensionar su alcance. La discusión de fondo es cómo garantizar que los derechos establecidos en las leyes puedan ejercerse efectivamente y que el acceso a la salud, la prevención y la asistencia no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona.
Fuente: Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR)
