El Gobierno nacional reglamentó los cambios en el régimen de Zona Fría y limitó el acceso a la bonificación adicional en distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mientras la Patagonia, Malargüe y la Puna conservan el esquema previsto, en las demás zonas el descuento dependerá de la inscripción en el sistema de subsidios focalizados y del cumplimiento de condiciones socioeconómicas. El cambio podría impactar en las facturas de hogares que hasta ahora recibían la asistencia por vivir en regiones consideradas frías.
El Gobierno nacional avanzó con una modificación central en el régimen de Zona Fría, el sistema que permite reducir el costo del gas en regiones con bajas temperaturas. A través del Decreto 1266/2026, publicado el 26 de octubre de 2026, el Poder Ejecutivo reglamentó la nueva normativa y estableció cómo se aplicarán las bonificaciones y las compensaciones a las empresas proveedoras. La medida se apoya en la Ley 27.828, que modificó el esquema ampliado en 2021 y restringió el acceso automático al beneficio en distintas localidades del país. El cambio redefine quiénes podrán mantener la asistencia y quiénes deberán cumplir requisitos adicionales para acceder al descuento.
Uno de los principales puntos de la reforma es que la bonificación adicional dejará de alcanzar de manera automática a todos los hogares de las localidades incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021. Según las estimaciones difundidas por Ámbito, más de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrían perder el beneficio si no ingresan al sistema de subsidios focalizados o no cumplen sus condiciones. La cifra dimensiona el alcance potencial del cambio, aunque el impacto concreto dependerá de la situación de cada hogar y de la aplicación de los nuevos criterios.
La nueva normativa mantiene el esquema de bonificaciones para los usuarios residenciales de la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. En el resto de las zonas frías alcanzadas por la ampliación anterior, la continuidad del descuento adicional quedará sujeta a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y al cumplimiento de los requisitos establecidos. De esta manera, el lugar de residencia ya no será suficiente para garantizar la asistencia: el sistema combinará la ubicación geográfica con la evaluación de los ingresos y determinadas condiciones sociales del grupo familiar.
Entre los criterios de acceso figuran los hogares cuyos ingresos netos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los parámetros del INDEC. También se contemplan hogares con integrantes que tengan Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de la Guerra de Malvinas con pensión vitalicia y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), bajo las condiciones previstas en la normativa. En el caso de la discapacidad, la Secretaría de Energía deberá evaluar si esa condición implica una necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios. La autoridad de aplicación también podrá considerar indicadores patrimoniales para determinar la capacidad de pago.
La reforma modifica, además, la base sobre la que se calcula el descuento. La bonificación adicional se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), antes de sumar los costos de transporte, distribución, tasas e impuestos. Esto significa que la reducción tendrá un alcance más acotado dentro de la factura final, incluso para los hogares que conserven el beneficio. Por eso, el impacto no se limitará a quienes queden excluidos del sistema: también podría sentirse entre los usuarios que continúen recibiendo la bonificación, aunque su magnitud dependerá de los consumos y de la estructura tarifaria correspondiente.
Las estimaciones citadas por Ámbito advierten sobre posibles aumentos importantes para quienes pierdan la asistencia. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea calculó que una vivienda de Bahía Blanca con un consumo mensual promedio de 118 metros cúbicos pasaría de pagar 19.945 pesos a 39.890 pesos si dejara de recibir el beneficio, lo que representa una suba del 100% en ese ejemplo. Se trata de una proyección específica y no de un aumento uniforme para todos los usuarios. Sin embargo, el cálculo ilustra el riesgo de que la modificación genere incrementos abruptos en hogares que organizaron sus gastos considerando el descuento vigente.
El decreto también establece cambios en el funcionamiento del fondo que financia las bonificaciones. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiándose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con excepciones para el gas destinado a exportación y el gas natural licuado importado y regasificado. Las compensaciones se pagarán directamente a las empresas proveedoras, mientras que las distribuidoras deberán aplicar las bonificaciones en las facturas y presentar la información requerida. El fideicomiso con el Banco Nación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según el modelo aprobado por el Gobierno.
La modificación abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los subsidios energéticos y su impacto en las economías familiares. Para los hogares de Córdoba y otras provincias que integraban las zonas incorporadas al régimen en 2021, la continuidad del descuento dependerá ahora de las condiciones socioeconómicas y de la aplicación del sistema focalizado. La medida se inscribe en la política oficial de reorganización de los subsidios, con el argumento de concentrar la asistencia en quienes cumplen los criterios establecidos. El efecto sobre los usuarios, sin embargo, se conocerá a medida que se determinen las bonificaciones y lleguen las nuevas facturas, en un contexto en el que el costo de los servicios públicos constituye una parte importante del presupuesto de los hogares.
Fuente: Ámbito Financiero
