La Municipalidad de Tafí Viejo, en Tucumán, presentó un amparo contra el Estado nacional para impedir que parte del histórico predio ferroviario quede comprendida en el proceso de concesión privada del Belgrano Cargas. El municipio advierte sobre los riesgos para el patrimonio histórico, la actividad productiva y los puestos de trabajo. La disputa abre un nuevo frente de conflicto en torno al plan de privatizaciones del Gobierno de Javier Milei.
La Municipalidad de Tafí Viejo decidió llevar a la Justicia Federal su oposición a la asignación de parte de los terrenos de los históricos Talleres Ferroviarios a Belgrano Cargas y Logística, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. La presentación judicial fue promovida por la intendenta Alejandra Rodríguez, luego de que el Concejo Deliberante autorizara por unanimidad el inicio de acciones legales. El municipio busca que se revise la resolución del Ministerio de Economía que habilita la incorporación de sectores del predio a la futura concesión privada. La controversia excede una discusión administrativa: involucra el patrimonio histórico de la ciudad, el futuro de una actividad industrial que continúa en funcionamiento y las atribuciones de las autoridades locales y provinciales sobre los inmuebles.
El reclamo municipal se apoya en la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre. La norma asignó a Belgrano Cargas y Logística una fracción de los terrenos del Taller de Mantenimiento Pesado de Vagones, ubicado sobre la avenida Independencia, con el objetivo de incorporarla al esquema de concesión a operadores privados. La decisión forma parte del proceso de reorganización ferroviaria previsto en la Ley Bases, que contempla la privatización de la empresa estatal y la división de sus activos en distintas unidades de negocio. Para Tafí Viejo, el problema reside en que el procedimiento no habría definido con suficiente claridad qué destino tendrán los edificios ni qué garantías existirán para preservar el conjunto histórico.
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 022/2026 en una sesión extraordinaria realizada el 19 de octubre. La norma declaró de interés municipal prioritario la defensa del predio ferroviario y autorizó al Departamento Ejecutivo a presentar el amparo contra la resolución nacional. La votación fue unánime y reunió a los doce integrantes del cuerpo legislativo local. Aunque existen diferencias entre los bloques sobre el papel que debería cumplir la inversión privada, hubo coincidencia en que la comunidad debe participar de las decisiones que afecten un espacio central para la historia y el desarrollo urbano de la ciudad. La acción judicial procura que se revisen los alcances de la medida antes de que avance el proceso de concesión.
Uno de los principales argumentos de la Municipalidad es que el predio tiene un valor patrimonial que no puede reducirse a su condición de activo ferroviario. Los talleres ocupan aproximadamente 23 hectáreas y sus edificios forman parte de la identidad histórica de Tafí Viejo. Según la presentación municipal, el Gobierno nacional no consultó previamente a las autoridades locales ni a la Provincia de Tucumán sobre el destino de los inmuebles. El municipio también recuerda que, durante la década de 1990, se impulsó el traspaso de los terrenos a la provincia, aunque la formalización registral de la transferencia nunca se habría completado. Esa situación jurídica es uno de los puntos que podrían resultar determinantes en el litigio.
La intendenta Rodríguez defendió el reclamo y aclaró que la posición municipal no implica un rechazo general a las inversiones privadas. Según sostuvo, la ciudad necesita actividad productiva y nuevas fuentes de trabajo, pero el desarrollo no debería concretarse a costa de perder un patrimonio que pertenece a la comunidad. En la misma línea, el fiscal municipal Víctor Schedan cuestionó la falta de precisiones sobre el uso futuro de los edificios y advirtió que la concesión podría afectar competencias municipales vinculadas con el ordenamiento urbano. El municipio también considera que la Provincia debería intervenir en la causa, dado que entiende que tiene derechos e intereses sobre los terrenos. La Justicia deberá analizar esos planteos y determinar si existen fundamentos para suspender o modificar los efectos de la resolución.
La incertidumbre también alcanza a los trabajadores ferroviarios. En los talleres continúan desempeñándose alrededor de 50 operarios dedicados a reparar vagones de carga que llegan dañados por descarrilamientos o por el desgaste propio del servicio. Las instalaciones mantienen, además, una función de formación laboral: estudiantes de la escuela técnica local retomaron prácticas profesionalizantes en la planta, donde aprenden junto a trabajadores con experiencia. Los representantes gremiales advierten que todavía no tienen certezas sobre las condiciones laborales, la continuidad de las tareas ni las obligaciones que tendrá el futuro concesionario en materia de inversión y mantenimiento. El reclamo no se limita a preservar los edificios, sino que también busca asegurar que el predio conserve una función ferroviaria y productiva.
La historia de los talleres explica la sensibilidad que despierta la discusión. Inaugurado a comienzos del siglo XX, el complejo llegó a emplear a miles de trabajadores y fue uno de los principales motores del crecimiento de Tafí Viejo. Su cierre durante la última dictadura y la clausura posterior en la década de 1990 provocaron un fuerte impacto social. La reapertura en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, recuperó parte de la actividad y reavivó las expectativas de la comunidad ferroviaria. En el predio también funciona el Museo Ferroviario, que preserva objetos y documentos vinculados con la historia del trabajo y de la ciudad. Además, el espacio cuenta con una Calle de la Memoria dedicada a trabajadores ferroviarios víctimas del terrorismo de Estado, lo que suma una dimensión histórica y social al reclamo.
El conflicto de Tafí Viejo se inscribe en una discusión nacional más amplia sobre el futuro del sistema ferroviario y el papel del Estado en la administración de la infraestructura pública. El Gobierno sostiene que la concesión a privados busca mejorar la gestión, atraer inversiones y aumentar la capacidad de transporte de cargas. Desde el municipio y sectores ferroviarios, en cambio, se reclama que cualquier reorganización garantice la continuidad de la actividad, el mantenimiento de las instalaciones y el respeto por el patrimonio local. La presentación judicial no implica por sí misma que la privatización haya quedado suspendida: el alcance de las medidas dependerá de lo que resuelva la Justicia. Mientras tanto, la disputa convierte a los talleres de Tafí Viejo en un nuevo escenario de tensión entre el plan nacional de privatizaciones y las demandas de una comunidad que busca preservar su historia productiva.
Fuente: Ámbito Financiero
