El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación del 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor. La operación quedó fijada en US$340,2 millones y el contrato deberá firmarse antes del 13 de noviembre. La oferta ganadora superó a la del grupo Roggio, aunque quedó por debajo de los US$450 millones que el Gobierno esperaba recaudar.
El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó con uno de los principales procesos de privatización de su programa económico al adjudicar el 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La operación contempla la transferencia del control accionario de la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y numerosos municipios del conurbano bonaerense. Sin embargo, la adjudicación todavía requiere completar los pasos contractuales para concretar el traspaso.
El consorcio adjudicatario está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR BV y Transclor S.A. Su propuesta económica fue de US$340,2 millones, por encima de los US$285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio Roas S.A.U., que quedó en segundo lugar. La diferencia entre ambas ofertas fue de US$55,2 millones. La licitación se desarrolló en dos etapas: primero se analizaron las condiciones técnicas de los participantes y luego se abrieron las propuestas económicas. Según la resolución oficial, la comisión evaluadora recomendó adjudicar el contrato al consorcio que presentó la oferta más alta y no se registraron impugnaciones contra ese dictamen dentro del plazo previsto.
El monto de la operación, no obstante, quedó por debajo de las expectativas iniciales del Ministerio de Economía. Antes de la apertura de las ofertas, el Gobierno calculaba obtener alrededor de US$450 millones por la venta. La propuesta ganadora fue aproximadamente US$109,8 millones inferior a esa estimación. El resultado reabre el debate sobre el valor asignado a una empresa que administra un servicio esencial y cuya infraestructura requiere mantenimiento, renovación y ampliación. La comparación entre el precio de venta y las necesidades futuras del sistema resulta relevante para evaluar la operación, aunque el monto ofertado no constituye por sí solo una valoración integral de la compañía, que también está sujeta a obligaciones contractuales y compromisos de inversión.
La adjudicación comprende las 135.000 acciones ordinarias Clase A que representan el 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa y ordenó a la Tesorería General de la Nación informar la cuenta bancaria en la que deberá depositarse el importe correspondiente. Por lo tanto, aunque la etapa de selección del comprador ya quedó resuelta, la transferencia efectiva de las acciones depende de completar los procedimientos previstos.
El proceso de privatización se apoya en la Ley Bases y en el Decreto 494/2025, que autorizó la venta de las acciones estatales de la empresa. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía había convocado a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico. La administración de Milei argumenta que la participación privada permitirá reducir la dependencia de las transferencias del Tesoro y mejorar la eficiencia operativa. Como antecedente, el Ejecutivo sostuvo que AySA recibió más de US$13.400 millones en aportes estatales entre 2006 y 2023. Esa cifra forma parte de la fundamentación oficial de la privatización y no equivale, por sí misma, a una evaluación de los costos y beneficios de la operación a largo plazo.
El nuevo esquema también incluye compromisos de inversión para ampliar y mejorar las redes de agua potable y cloacas. Según la información difundida por el Gobierno, el plan de acción para el período 2027-2031 contempla aproximadamente $2,89 billones, expresados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa incluye obras, mantenimiento, mejoras y gastos operativos. Además, el contrato establece metas de cobertura para ampliar el acceso a los servicios: para 2031 se proyecta alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas, con objetivos superiores previstos para el final del período inicial de concesión. El cumplimiento de esas metas será uno de los puntos centrales para evaluar el desempeño del futuro operador.
La privatización también generó cuestionamientos judiciales y políticos. Entre los planteos críticos aparecen objeciones al nuevo contrato de concesión, a los estándares de protección ambiental y sanitaria y a la falta de publicidad de determinados elementos de la tasación utilizada para evaluar las ofertas. Según informó Letra P, se presentaron acciones judiciales que buscan frenar o condicionar el traspaso, incluida una medida cautelar relacionada con la aplicación del nuevo contrato. La existencia de estos reclamos no implica que la adjudicación haya sido anulada, pero introduce un factor de incertidumbre sobre los próximos pasos y sobre las condiciones bajo las cuales podría ejecutarse la transferencia.
La adjudicación de AySA marca un nuevo avance del programa de privatizaciones impulsado por Milei, pero también abre una etapa decisiva para el futuro de un servicio público que alcanza a millones de personas. La discusión no se limita al ingreso de divisas por la venta: incluye la calidad del servicio, la evolución de las tarifas, las inversiones comprometidas, la expansión de las redes y la capacidad de control del Estado. El Gobierno sostiene que el operador privado asumirá la gestión y las obligaciones de inversión, mientras que el Estado mantendrá las funciones de regulación y supervisión. El resultado concreto dependerá de la ejecución del contrato, del cumplimiento de las metas y de la forma en que se garanticen el acceso al agua potable y al saneamiento.
Fuentes: Ámbito Financiero
