Una reunión convocada por Martín Menem con representantes de la Pastoral Social, organizaciones vinculadas a la discapacidad y legisladores terminó en un fuerte enfrentamiento político. El diputado libertario Nicolás Mayoraz calificó de “kukardos golpistas” a quienes habían votado la emergencia en discapacidad en 2025, lo que provocó la furiosa reacción de Oscar Zago, exintegrante de La Libertad Avanza. El episodio ocurrió en medio de las negociaciones por una nueva ley para el sector y de los cuestionamientos de la Iglesia a la política del Gobierno nacional
La tensión estalló durante un encuentro organizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para conversar sobre las modificaciones al proyecto de discapacidad impulsado por el oficialismo. De la reunión participaron representantes de la Pastoral Social, referentes de organizaciones de familiares y personas con discapacidad, y legisladores de distintas fuerzas políticas. El objetivo era acercar posiciones frente a una discusión parlamentaria atravesada por las críticas al ajuste y por la incertidumbre sobre el financiamiento de las prestaciones.
Según publicó La Política Online, el conflicto comenzó cuando Nicolás Mayoraz cuestionó a quienes habían respaldado la emergencia en discapacidad durante 2025 y los calificó de “kukardos golpistas”. La expresión provocó un fuerte malestar entre los presentes, especialmente porque en la reunión estaba Oscar Zago, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y exjefe del bloque libertario, quien había acompañado aquella iniciativa.
Zago reaccionó de inmediato y confrontó duramente a su antiguo compañero de espacio. De acuerdo con el relato publicado por el medio, le reprochó al oficialismo las irregularidades denunciadas en el área de discapacidad y defendió la ley que habían respaldado los sectores opositores. El intercambio subió rápidamente de tono, con insultos y acusaciones frente a los representantes religiosos y las organizaciones sociales que participaban de la reunión.
El episodio dejó expuesta una fractura política dentro del universo que acompañó inicialmente al Gobierno de Javier Milei. Zago, que se alejó de La Libertad Avanza y conduce el bloque MID, cuestionó a Mayoraz por descalificar a quienes habían votado una norma destinada a atender la situación de las personas con discapacidad. El enfrentamiento también puso en evidencia las diferencias entre quienes defienden la estrategia del oficialismo y quienes reclaman medidas concretas para garantizar los derechos y las prestaciones del sector.
La discusión se produjo en un contexto especialmente delicado para el Gobierno. Las organizaciones de discapacidad y distintos sectores políticos vienen denunciando atrasos en los pagos, dificultades para sostener los servicios y falta de certezas sobre el financiamiento. A esas críticas se sumó la intervención de la Pastoral Social de la Iglesia, que mantuvo reuniones con diferentes bloques del Congreso para transmitir su preocupación por el impacto de las políticas públicas sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Desde la Iglesia señalaron que sus encuentros con los legisladores buscaban presentar reclamos y propuestas, sin expresar un respaldo político automático a ninguno de los proyectos en discusión. Entre sus preocupaciones figuraban la falta de garantías suficientes para evitar la suspensión de pensiones sin escuchar previamente a los beneficiarios, la ausencia de plazos claros para resolver solicitudes pendientes y la necesidad de establecer certezas para los prestadores. También reclamaron respuestas para las más de 200.000 solicitudes de pensión que, según indicaron, continuaban sin resolverse durante 2026.
La controversia tuvo lugar mientras el oficialismo negociaba cambios a su propuesta legislativa para reunir los votos necesarios en Diputados. Finalmente, la Cámara aprobó el nuevo proyecto de discapacidad con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques. La iniciativa mantuvo aspectos centrales como las pensiones no contributivas, la actualización de prestaciones y la posibilidad de compatibilizar determinados ingresos laborales con el beneficio, aunque las organizaciones continuaron expresando desconfianza sobre su aplicación efectiva. El texto pasó al Senado para su tratamiento.
Desde la Iglesia señalaron que sus encuentros con los legisladores buscaban presentar reclamos y propuestas, sin expresar un respaldo político automático a ninguno de los proyectos en discusión. Entre sus preocupaciones figuraban la falta de garantías suficientes para evitar la suspensión de pensiones sin escuchar previamente a los beneficiarios, la ausencia de plazos claros para resolver solicitudes pendientes y la necesidad de establecer certezas para los prestadores. También reclamaron respuestas para las más de 200.000 solicitudes de pensión que, según indicaron, continuaban sin resolverse durante 2026.
La controversia tuvo lugar mientras el oficialismo negociaba cambios a su propuesta legislativa para reunir los votos necesarios en Diputados. Finalmente, la Cámara aprobó el nuevo proyecto de discapacidad con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques. La iniciativa mantuvo aspectos centrales como las pensiones no contributivas, la actualización de prestaciones y la posibilidad de compatibilizar determinados ingresos laborales con el beneficio, aunque las organizaciones continuaron expresando desconfianza sobre su aplicación efectiva. El texto pasó al Senado para su tratamiento.
Más allá del resultado parlamentario, el cruce entre Mayoraz y Zago dejó una imagen incómoda para el oficialismo: una reunión convocada para buscar consensos terminó dominada por los insultos y las disputas internas. En una discusión que afecta directamente a personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sistema de prestaciones, el episodio volvió a poner en primer plano la distancia entre la confrontación política y la urgencia de resolver los problemas concretos del sector. La discusión legislativa continúa, mientras la Iglesia y las organizaciones reclaman garantías, financiamiento y respuestas verificables por parte del Estado.
Fuente: La Política Online
