La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión incorpora al expediente de primera instancia el fallo favorable a la Argentina que dictó la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026. Sin embargo, la disputa todavía no terminó: los demandantes buscan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la resolución. El país consigue un alivio judicial de enorme magnitud, aunque la batalla por la petrolera estatal continúa abierta.
La Argentina obtuvo un nuevo avance judicial en uno de los litigios más costosos de su historia reciente. La jueza estadounidense Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la condena de US$ 16.100 millones que había dictado en septiembre de 2023 contra el Estado nacional por la expropiación de YPF. La resolución incorpora al expediente de primera instancia el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que en marzo de 2026 revocó aquella indemnización. La decisión representa un alivio significativo para las cuentas públicas argentinas, ya que deja sin vigencia la obligación de pago que, con los intereses acumulados, había llegado a superar los US$ 18.000 millones. No obstante, el conflicto no está completamente cerrado: los demandantes todavía intentan llevar el caso ante la Corte Suprema estadounidense.
El nuevo pronunciamiento de Preska formaliza las consecuencias procesales de una decisión que ya había cambiado radicalmente el escenario del litigio. En marzo, la Cámara de Apelaciones consideró que las reclamaciones por incumplimiento contractual planteadas por los antiguos accionistas minoritarios de YPF no tenían sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable. Los jueces cuestionaron la interpretación que había utilizado el tribunal de primera instancia para responsabilizar al Estado por no haber realizado una oferta pública de adquisición de acciones durante la estatización. Con esa resolución, el tribunal superior revocó la condena multimillonaria y eliminó la base jurídica que sostenía el pago. Ahora, la jueza Preska adaptó formalmente su sentencia a ese resultado, cerrando su intervención en la etapa de primera instancia.
El origen de la disputa se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol. La medida, aprobada por el Congreso argentino, buscó recuperar el control estatal de la principal petrolera del país y fortalecer la capacidad nacional de decisión sobre los recursos energéticos. Sin embargo, los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park sostuvieron que el Estado debía haber realizado una oferta pública para adquirir también sus participaciones, de acuerdo con la interpretación que hacían del estatuto societario de YPF. A partir de ese argumento, iniciaron una demanda en tribunales estadounidenses que derivó en una condena histórica contra la Argentina.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y ordenó al Estado argentino pagar aproximadamente US$ 16.100 millones. La sentencia se convirtió en una amenaza financiera de enorme magnitud: la suma equivalía a una porción sustancial del presupuesto nacional y podía comprometer la disponibilidad de recursos para afrontar otras obligaciones. La condena también abrió una disputa sobre la ejecución de bienes argentinos en el exterior y la posibilidad de que los acreedores buscaran activos para cobrar la indemnización. El Estado apeló el fallo y defendió que la interpretación del estatuto de YPF no podía imponerse por encima del marco jurídico argentino que reguló la expropiación. La Cámara de Apelaciones terminó aceptando los argumentos centrales de la defensa nacional y revirtió la decisión de primera instancia.
Detrás de la demanda se encuentra Burford Capital, una firma especializada en financiar litigios que adquirió derechos económicos vinculados con las sociedades Petersen. La empresa apostó a obtener una ganancia a partir del resultado judicial y esperaba recibir una parte significativa de la indemnización que se reclamaba contra la Argentina. La revocación de la condena representa, por lo tanto, un duro golpe para esa estrategia financiera y para las expectativas de cobro asociadas al expediente. El caso también expuso las características de una industria internacional que financia demandas a cambio de una participación en eventuales compensaciones. Sin embargo, el resultado de este litigio no implica que todos los reclamos contra el Estado argentino hayan quedado resueltos ni que desaparezcan los riesgos jurídicos vinculados con otras controversias internacionales.
La dimensión económica del fallo es central. La condena original, que superaba los US$ 16.000 millones y acumulaba intereses, constituía una contingencia de enorme peso para las finanzas argentinas. Su anulación reduce el riesgo de tener que afrontar ese desembolso y elimina, mientras la decisión favorable permanezca vigente, la obligación establecida en 2023. Para un país que enfrenta restricciones de divisas, compromisos externos y necesidades de financiamiento, evitar una erogación de esa magnitud representa un alivio considerable. Aun así, no debe confundirse la eliminación de esta condena con un ingreso de dólares para el Tesoro: se trata de una obligación que deja de estar vigente por el momento, no de dinero que haya ingresado directamente a las arcas públicas. La situación definitiva dependerá de los pasos judiciales que todavía puedan darse.
La próxima instancia relevante está en la Corte Suprema de Estados Unidos. Los demandantes presentaron un recurso para intentar revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y buscan que el máximo tribunal examine la interpretación jurídica que permitió desestimar sus reclamos. La Corte deberá decidir primero si acepta intervenir; la presentación de un recurso no significa que la revisión vaya a ser concedida ni que la sentencia favorable a la Argentina quede automáticamente anulada. Si el tribunal rechaza el pedido, la decisión de la Cámara se mantendrá. Si acepta el caso, se abrirá una nueva etapa cuyo resultado todavía no puede anticiparse. Por eso, aunque la resolución de Preska permite cerrar formalmente la etapa ante su juzgado, no corresponde presentar el litigio como definitivamente concluido en todas sus instancias.
El caso YPF vuelve a poner en discusión una decisión estratégica que marcó la política energética argentina durante más de una década: la recuperación del control estatal de la petrolera. La resolución judicial constituye una victoria jurídica para el país, pero también evidencia que las decisiones soberanas pueden generar litigios internacionales prolongados y de consecuencias económicas extraordinarias. La defensa argentina consiguió revertir una condena que parecía comprometer miles de millones de dólares, aunque todavía resta conocer si la Corte Suprema estadounidense aceptará revisar el expediente. Mientras tanto, el Estado evita, por ahora, uno de los mayores pagos judiciales que enfrentaba en el exterior. El desenlace definitivo será clave no solo para las cuentas públicas, sino también para el debate sobre la soberanía energética, la legislación aplicable a las empresas estatales y los límites de los litigios impulsados por inversores privados.
Fuente: Ámbito Financiero
